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Hay dudas sobre el FBI argentino
Algunas provincias temen que afecte sus autonomías; policías federales, gendarmes y prefectos ven en ella una nueva fuerza
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El proyecto de ley que dará sustento a uno de los pilares del plan estratégico de seguridad y justicia del Gobierno, el de creación de la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior, ya encendió luces de alerta entre legisladores que deberán estudiarlo y, eventualmente, aprobarlo, y en algunos gobiernos provinciales, que vislumbran una hipotética afectación de sus autonomías a partir de la intervención del nuevo organismo.
No sólo eso: en la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval se debate cuál será su rol en seguridad e investigaciones si esta superestructura se convierte en el corto, mediano o largo plazo en una virtual cuarta fuerza de seguridad en la cual aquéllas quedarían prácticamente subsumidas. Las provincias del Noroeste, del Nordeste y de la Patagonia, en reuniones con el Gobierno, coincidieron en esa inquietud.
Y a ese panorama se suman las afirmaciones del jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga, que prometió poner en marcha una "reconversión doctrinaria" que permita al organismo de inteligencia ocuparse del "terrorismo global y el narcotráfico", ya que "la investigación criminal" será uno de sus objetivos.
A raíz de estas declaraciones, citadas por la agencia DyN, oficiales de las fuerzas federales sospechan que la SIDE tendrá un papel más destacado en esta agencia del que les estaría asignado a ellas mismas.
Detalles del proyecto
Fuentes con acceso al proyecto confiaron a LA NACION que la agencia será un organismo desconcentrado –con capacidad en sí mismo para actuar y tomar decisiones– de la Secretaría de Seguridad Interior, y que su director tendrá rango y jerarquía de subsecretario, aunque con estabilidad en el cargo: será nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado, como los embajadores.
"La idea es que, como ocurre con el director del FBI en los Estados Unidos, su titular tenga responsabilidad política por las consecuencias de las investigaciones. Tendrá estabilidad, y el Senado (que representa el federalismo del país) podrá quitarle el acuerdo sin causales, como se quita la responsabilidad política", explicó a LA NACION el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Ignacio Rodríguez Varela.
El funcionario aclaró que la agencia será independiente por su especialidad de investigaciones, y que no será una cuarta fuerza de seguridad, sino "la cabeza de las tres fuerzas federales en función judicial".
El proyecto impone a la nueva agencia la misión de planificar, dirigir, supervisar y coordinar el esfuerzo de los organismos federales en las investigaciones criminales, con prioridad en terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, mercaderías y personas, lavado de dinero, corrupción administrativa, secuestros extorsivos, delitos ecológicos, pornografía y prostitución infantil, además de aquellas formas delictivas "que afectan de un modo cuantitativa o cualitativamente más grave a la comunidad".
Deberá planificar, realizar, supervisar y coordinar las investigaciones de delitos en la Capital o en la jurisdicción federal. Tendrá las mismas funciones, en coordinación con autoridades locales de todo el país, cuando se trate de perseguir a asociaciones ilícitas y a quienes las financien, investigar delitos interjurisdiccionales, y ubicar y detener a prófugos cuyo paradero o desplazamiento involucre a más de una provincia.
Sus agentes –1000, en 2005– tendrán facultades policiales (podrán interrogar a testigos y pedir detenciones), podrán colaborar con fiscales y jueces de cualquier parte del país, y ayudar a provincias y municipios en esfuerzos similares a los que ya se aplican en la Capital con los programas "bloque de legalidad" y "vigencia de la ley", como en el control de zonas de venta de autopartes, en Warnes, o de puestos de venta ambulante.
Tendrá a su cargo la clasificación y análisis de la información criminal que resulte de las investigaciones realizadas en todo el país, y su administración a través de una base de datos y de un nodo informático central conectado en red.
De la agencia dependerá el Cuerpo Nacional de Paz, que se integrará dentro de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, y cuyos efectivos (5000, en 2005, con una instrucción común similar a la de los cascos azules de la ONU) serán comisionados previa firma de "contratos" entre la Nación y las provincias, o en caso de intervención federal.
Opiniones
Diana Conti
- "Voy a ser exhaustiva a la hora de analizar el tema, y refractaria a toda medida que no respete las autonomías provinciales"
Fernando Montoya
- "Antes de crear una agencia habría que debatir si las actuales fuerzas sirven o no; capacitar, equipar y democratizar a las que tenemos"
Bosch de Sartori
- "Sé que las fuerzas no están de acuerdo con la agencia. Y yo ya me opuse a que la Gendarmería deje Misiones, como prevería el Gobierno"
Disensos anticipados
El presidente de la Comisión de Seguridad Interior en Diputados, Fernando Montoya (UCR-Córdoba), dijo a LA NACION que la nueva agencia se superpondría, en funciones, con "lo que ya existe": la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal –una de las tres patas del Sistema Nacional de Inteligencia, cuya cabeza es la SIDE–, que hoy carece de presupuesto y funciones reales, y las áreas de investigaciones de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.
La senadora Diana Conti (Frepaso-Buenos Aires) dijo que el carácter autárquico de la agencia, sumado a las declaraciones de la senadora Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de modificar la ley de seguridad interior para poder intervenir a las policías provinciales sin requerimiento de un gobernador, la "ponen a la defensiva" sobre este proyecto.
Y la diputada Miriam Bösch de Sartori (Frente Renovador-Misiones) ya presentó un proyecto de declaración en el que pide al Gobierno que se "abstenga" de retirar a la Gendarmería de esa provincia, ante una eventual reubicación geográfica de las fuerzas federales.
