Impulsan un subsidio especial de $ 7680 para personas trans

La diputada kirchnerista María Rachid impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para otorgar un subsidio mensual de $ 7680 para las personas trans mayores de 40 años que residan en la ciudad de Buenos Aires y no tengan ingresos superiores a $ 22.400. Trans es un término genérico con el que se identifican las personas travestis, transexuales y transgéneros.

De aprobarse el proyecto, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad será la autoridad de aplicación de la ley y la remuneración percibida está expresada en términos de "unidades fijas" (en este caso, alcanzará las 1200 unidades). Si se considera que el valor por unidad fija 2014 es de $ 6,40 el subsidio llegaría a $ 7680. La unidad fija es una medida presupuestaria –generalmente usada para fijar el valor de las multas– que equivale al precio de medio litro de la nafta de mayor octanaje.

Entre las justificaciones de la iniciativa, Rachid explica que, mientras la esperanza de vida en la comunidad trans de nuestro país oscila entre los 35,5 años y los 41,25 años, en el resto de América latina ronda los 75 años, y que las principales causas de mortalidad en este grupo son VIH/sida, homicidios "transfóbicos", abusos policiales, mala atención en hospitales y centros de salud, nulas oportunidades laborales, mal uso de silicona industrial, contexto de pobreza y violencia social y política.

Ante la polémica que despertó la iniciativa, especialmente en las redes sociales, la legisladora porteña respondió desde su cuenta de Twitter: "#subsidiotrans El proyecto fue presentado hace más de un año. Después el Pro triplicó el valor de las unidades fijas para aumentar las multas", explicó para justificar el monto del subsidio.

Pero el de Rachid no es el único proyecto de subsidios destinados la comunidad trans: con el impulso de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de diversidad sexual, la diputada Diana Conti (Frente para la Victoria) presentó el 20 de octubre un proyecto de ley similar en el Congreso Nacional que busca resarcir a personas trans que hayan sido víctimas de violencia institucional. Esta medida les otorgaría una pensión graciable equivalente a la remuneración de la categoría D (nivel 0) de la planta permanente estipulada por el Sistema Nacional de Empleo Público, que se acerca hoy a la suma de $ 7500, cifra que aumentaría un 30 por ciento si la persona fue víctima de violencia sexual.

El proyecto promovido por Conti (actual presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales), titulado "Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género", fue impulsado por organizaciones que defienden la diversidad sexual. La pensión que prevé el proyecto promovido por Conti será compatible con cualquier otra prestación contributiva o no contributiva.

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