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Indagarán a directivos de Austral y de la Fuerza Aérea por la caída del DC-9
Se los acusa de haber hecho volar un avión que no cumplía con normas de seguridad vigentes
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Una decisión judicial, casi en el límite de los plazos procesales, impidió que la tragedia del DC-9 de Austral, de la que mañana se cumplirán cuatro años, quedase cerrada sin eventuales culpables.
El juez federal Jorge Ballestero ordenó la indagatoria de 18 directivos y empleados de Austral -incluidos el presidente, el vice y el directorio en pleno de la empresa al momento del hecho-, y de 11 funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, que depende de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), por su presunta responsabilidad, por acción u omisión, en el accidente que el 10 de octubre de 1997 dejó un saldo de 74 muertos.
Con distintos grados de participación cada uno, se los acusa de haber permitido que volase un avión que carecía de una alarma cuya presencia en la cabina de mandos de la máquina era obligatoria, según las normas nacionales e internacionales de seguridad para la aeronavegación, y de haber despachado el vuelo entre Posadas y Buenos Aires sin información meteorológica actualizada.
Como se recordará, el DC-9 cruzó una tormenta de inusual intensidad y, en medio de ella, los pilotos tuvieron una lectura errónea de la velocidad. Ante esa situación, tomaron decisiones equivocadas que, al cabo, causaron la caída descontrolada del avión y la muerte de los 69 pasajeros y cinco tripulantes del vuelo AU2553, cuyos restos fueron repatriados el martes último desde Fray Bentos, escenario de la tragedia, en dos ataúdes que ahora reposan en el cementerio Jardín de Paz, de Pilar.
La decisión del magistrado, que hizo lugar al pedido formulado por los fiscales federales Eduardo Taiano y Germán Bincaz, dio renovado impulso a la causa caratulada como estrago culposo: de no haberse dictado los llamados a indagatoria, al cumplirse cuatro años sin imputados por el hecho, la causa hubiese prescripto.
LA NACION tuvo acceso al auto judicial por el que se dispuso la citación, en calidad de acusados, del presidente de Austral-Cielos del Sur SA, Manuel Morán Caseros; del vice, Mario Víctor Sruber, también responsable directo de la gerencia del Area Técnica, y de los integrantes del directorio de la firma en octubre de 1997: Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando José Francisco Mayorga, Raúl Mujica, Javier Monzón y Angel Rafael Sanchis y Herrero.
También fueron convocados para responder cargos Javier Loza de la Cruz y Jorge Fernández -gerente y subgerente, respectivamente, del Area Técnica-, Ricardo Embón (gerente de Planeamiento e Ingeniería) y Andrés Arribillaga, instructor de vuelo de Austral.
A ellos debe sumarse el gerente de Operaciones y otros cuatro empleados, cuyos nombres no constan en el expediente. Al respecto, el juez Ballestero libró un oficio el 19 de septiembre último, en el que intimó a Austral para que, en un plazo de 72 horas, proveyera el nombre de esas personas. Hasta ahora, según dijeron a LA NACION fuentes de la causa, esos datos no fueron aportados al juzgado.
Ballestero ordenó la indagatoria, además, de once funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), máximo organismo de control de la aviación argentina. Se trata de Juan Manuel Baigorria, director de la DNA; Carlos González, director de Fomento y Habilitación de la FAA; Justo Díaz, director de Coordinación Técnica de la DNA; Danilo Rodolfo Wenk, director de Certificación; Hugo Adib, jefe de la división Ingeniería; Carlos Carmenini, jefe de la división Aviación de Transporte regular, Norberto Sotelo Ossa, director de Aviación de Transporte DNA, y Eduardo Sánchez Ara, Alfredo Arce, Miguel Gaitán y Carlos Díaz, los cuatro encargados de la revisión del DC9-32 que cayó en el Paraje Sánchez, cerca de la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
Nuevas medidas de prueba
Además de las citaciones, Ballestero solicitó que el Tribunal Oral N° 2 de Córdoba envíe copia del auto de procesamiento, requerimiento de elevación a juicio y sentencia contra la empresa InterAustral, por el accidente aéreo en el que murió la azafata Lilian Almada, al caer de un avión CASA cuando una puerta se abrió en pleno vuelo.
El tribunal cordobés, en abril último, absolvió a Loza de la Cruz, Embón y Muñoz, imputados en la causa del DC-9. No obstante, dictaron penas de prisión en suspenso para el jefe de mantenimiento del Aeropuerto de Córdoba y al gerente de mantenimiento de Austral.
El magistrado también pidió copia del auto de procesamiento dictado por el Juzgado Federal porteño N° 12 -ahora subrogado por Rodolfo Canicoba Corral- contra el ex presidente de LAPA, Gustavo Andrés Deustch, a raíz de la otra gran tragedia de la aeronavegación argentina: la del Boeing 737 que se estrelló, antes de despegar, en el aeroparque metropolitano, en agosto de 1999.
Por medio de Cancillería, requirió el envío de las conclusiones de una investigación realizada en los Estados Unidos por el accidente de un Boeing 727 -ocurrido el 1° de diciembre de 1974-, el caso que motivó, precisamente, la instalación obligatoria de una alarma que indicase falta de calefacción de los tubos pitot, el elemento que falló en el DC-9 de Austral que cayó en Uruguay.
También exhortó al abogado Floyd Wisner, del estudio Nolan Law Group -que mantiene una demanda por el accidente en el Estado de Florida, en representación de la mayoría de los deudos-, a que envíe las declaraciones y pruebas que se comprometió a aportar cuando declaró como testigo, en abril último. Ocurre que desde el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 se informó a Ballestero que, en estos cuatro años, la causa iniciada por el estudio norteamericano no fue abierta a prueba: esto significa que la parte demandante no incorporó pruebas en el expediente.
Hasta ahora, los únicos querellantes en la causa penal en la Argentina son los familiares de tres de las víctimas: Eduardo Poggi, por su esposa, Rita Rodríguez; Daniel Vázquez, por Susana Trotta, y Dora Zugnoni, por su hija, la auxiliar de a bordo Viviana Rumachella.
Los pasos del caso
La tragedia: el 10 de octubre de 1997, un DC9-32 de Austral, en vuelo de Posadas a Buenos Aires, cayó en Fray Bentos, Uruguay, con 74 personas a bordo. No hubo sobrevivientes.
Las causas: se estableció que el engelamiento de los tubos pitot -que traducen la velocidad externa- provocó una medición falsa en los velocímetros. Los pilotos, al creer que perdían velocidad en plena tormenta, reconfiguraron las alas y aumentaron la potencia. Perdieron el control.
La acusación: se imputa a Austral y a la Fuerza Aérea haber hecho volar el avión sin una alarma que indicara la falla en los tubos pitot.
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