Indagaron a policías por un caso de apremios ilegales

Tras cuatro años de lucha, José Luis Ojeda, que fue torturado en una comisaría porteña y luego atacado a balazos y golpes por denunciar a quienes lo apremiaron, está acercándose a encontrar lo que busca: justicia.

En la causa en que se investigan sus torturas en la comisaría 34a., en Pompeya, en 1996, la Justicia citó a prestar declaración indagatoria a los policías Víctor Barrionuevo y Carlos Chávez, acusados de privación ilegítima de la libertad por haberlo detenido sin justificación.

Un tercer uniformado, el cabo Guillermo Oscar Morini, identificado por Ojeda como uno de los que lo golpeó e hirió, también fue citado a declarar como sospechoso de haber cometido apremios ilegales, el mismo cargo por el que ya están imputados los otros dos efectivos, dijeron a La Nación fuentes judiciales.

Estos avances en la causa instruida en el juzgado de Nelson Jarazo, producidos durante la feria judicial, son contemporáneos con la última de las agresiones sufridas por Ojeda, cuando el 8 de agosto último fue golpeado por un policía de civil, que lo amenazó con armarle una causa por drogas y pegarle un tiro, como lo adelantó La Nación en su edición del jueves último.

En esa oportunidad, dijo Ojeda, dos policías vestidos de civil que iban a bordo de un patrullero de la comisaría 34a. lo pararon y le pidieron documentos. Cuando lo revisaron encontraron su credencial del Instituto Obra Social del Ejército (IOSE), pues el hombre trabaja como personal de maestranza en la sede del Estado Mayor del Ejército, y un certificado que aseguraba que se encontraba de licencia.

Uno de los policías le preguntó las razones y Ojeda dijo que tenía un problema de ligamentos. "¿No será por los cuetazos ?", le preguntó el policía en referencia a los disparos que había sufrido. Luego lo amenazó con "plantarle" droga si no le informaba qué pasaba en el barrio. Para asegurarse de que su mensaje era claro, terminó dándole dos trompadas, según el denunciante.

A raíz de este ataque, los abogados de Ojeda, y representantes del Centro de Estudios Legales ySociales (CELS) enviaron una carta al jefe de la Policía Federal, comisario general Rubén Santos, para pedirle una entrevista. La misiva decía: "Luego de cuatro años de hostigamiento por parte de funcionarios de la Policía Federal, la vida de José Luis Ojeda y su familia continúan corriendo graves peligros, mientras los autores de estos delitos siguen sin castigo".

Ayer se produjo la reunión. "Me comprometo a garantizar la seguridad de Ojeda", les dijo Santos a los letrados, tras la entrevista "algo difícil", según informó a La Nación la abogada de la víctima,Andrea Pochak. Fuentes del Departamento Central de la Policía Federal ratificaron el compromiso de Santos y señalaron que además les indicó a los letrados que se iniciaron actuaciones administrativas complementarias de las judiciales.

Los voceros dijeron a La Nación que la agresión original es de hace cuatro años y que durante la gestión de Santos se produjeron modificaciones en la institución.

Asistieron al encuentro, además de Santos y Pochak, el subjefe de la Policía Federal, comisario general Osvaldo Canizzaro; el director ejecutivo del CELS, Martín Abregú, y el director del programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana, Gustavo Palmieri.

Muchos atentados

Este último ataque sufrido por la víctima es el colofón de una larga lista de agresiones que comenzó tras su arresto en 1996. El 16 de febrero de ese año fue detenido por policías de la comisaría 34a., cuando estaba jugando un partido de fútbol en la zona de Pompeya. Cuando adujo que no había motivos para detenerlo fue cortado con una navaja y golpeado en la citada seccional.

Los policías Barrionuevo y Chávez fueron procesados por esos apremios ilegales y ahora declararon acusados de haber detenido a Ojeda sin motivo. Tras esa agresión y luego de la causa que se inició por la denuncia de Ojeda, la víctima sufrió un hostigamiento sistemático: en noviembre de 1997, personal de la comisaría 34a. lo imputó de robo y tenencia de armas de fuego, causa por la que fue sobreseído en diciembre de ese año.

El 6 de enero de 1998, la casa de Ojeda fue allanada por policías que lo acusaban de un homicidio, pero también fue sobreseído al comprobarse que los testigos fueron intimidados para involucrar a Ojeda y que hubo irregularidades en la instrucción de la causa.

Luego, los abogados de Ojeda se entrevistaron con el entonces jefe de la Policía Federal, AdriánPelacchi, que les prometió más seguridad.

Pero no valió de nada. El 6 de abril de 1999, Ojeda fue baleado a pocas cuadras de su casa por un hombre vestido de civil que le dijo: "Esto es para que aprendas a aguantarte las palizas que te da la policía". Un tiro le pegó en el antebrazo, cuando cubrió su rostro, y el otro en una pierna. Sólo el hecho fortuito de que se trabó el arma del asesino, lo salvó de la muerte.

Tras ese ataque sus abogados se entrevistaron nuevamente con el jefe de la Policía Federal -entonces era el comisario general Pablo Baltasar García- y una vez más recibió promesas de seguridad. De nada valieron, porque el 8 de agosto último se repitieron los ataques y esta vez en coincidencia con los avances de la causa que involucran aún más a policías. Ahora, ante el nuevo compromiso de garantizar su integridad física, Ojeda está escéptico. A juzgar por lo que vivió en los últimos años, tiene motivos para dudar.

Por Hernán Cappiello

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