Investigan los sorteos de Susana Giménez

El juez de instrucción Facundo Cubas denunció a la empresa Hard Communication, que comercializa los sorteos telefónicos del programa de Susana Giménez, por engañar la fe pública y lucrar en nombre de los niños desamparados sin darles más que migajas.

Al mismo tiempo pidió abrir dos investigaciones para determinar si Hard Communication -dirigida por Rodolfo Galimberti, Jorge Born, Jorge Rodríguez y Federico Quirno- incurrió en los delitos de estafa y evasión agravada.

En la misma resolución, Cubas sobreseyó anteayer a Galimberti, Born, Rodríguez y la propia Susana Giménez del cargo de haber estafado a una abogada, cuya denuncia dio origen a su intervención.

Hard Communication y la fundación Felices los Niños, que dirige el padre Julio Grassi habían suscripto un convenio para explotar una línea telefónica Su llamada, reservada para fines benéficos, en el programa "Susana Giménez" de Telefé durante el transcurso del año último.

Igual que las Malvinas

Pero según el juez Cubas, mientras Hard Communication se quedó con una suma multimillonaria, la fundación recibió tan sólo "una misérrima parte".

"Además de los propios destinatarios de la ayuda que hacia ellos se ha encaminado, también se ha frustrado el ideario de los que se esforzaron por aspirar a tener como única recompensa el saber que su esfuerzo ha llegado íntegramente a quienes lo necesitan y no sólo una misérrima parte del mismo, ya que una porción sustancial, por no decir casi total -como el caso que nos ocupa- queda en manos de quienes pretenden su lucro personal, que no ha sido sino algo similar a lo vivido al momento de la guerra provocada para la recuperación de nuestras islas Malvinas, cuando manos inescrupulosas desviaban en su propio beneficio parte de las donaciones que de buena fe y con espíritu solidario habían aportado, o en otro caso más reciente como el de los inundados, donde denuncias tiñen con un manto de sospecha acerca de cuál fue el destino final del aporte, fruto de un desinteresado sentimiento de millones de argentinos", señaló el juez en su fallo.

Cubas desligó de toda responsabilidad por el contrato firmado al padre Grassi, a quien coloca en papel de víctima:

"Tampoco se puede puede observar con tolerancia que también las propias entidades fundadas y encaminadas a llevar ayuda a los más necesitados sufren a veces frente a los detentadores de un poderío económico y tecnológico una situación cuasi extorsiva, al resignarse a recibir sólo migajas de un total sumamente abundante, y obligadas así a prestar su nombre de entidad benéfica para movilizar el espíritu benéfico de los ciudadanos. Pero no es contra ellos que se puede levantar el dedo acusador, por más que se los vea utilizados de forma penosa, porque esos mendrugos que reciben de paliativo les permiten seguir haciendo el bien por un día más", afirmó el magistrado.

La Nación intentó comunicarse con los directivos de Hard Communication, pero éstos hicieron saber, por medio de una secretaria, que no harían comentarios.

La investigación de Cubas empezó con una denuncia de la abogada Raquel Jaskelson con el patrocinio de su socia, la doctora Clotilde Grubman.

A principios del año último Jaskelson recibió en su factura telefónica un par de llamadas del rubro "colectas de bien público". Convencida de que no las había efectuado, llamó a la empresa Telecom para averiguar el destino de dichas comunicaciones.

Cuando se enteró de que el destinatario era el programa de Susana Giménez, Jaskelson pidió a la empresa telefónica que le anulara el servicio 0939, de líneas benéficas.

Pero en marzo aparecieron en la boleta de Jaskelson dos llamadas más al mismo programa, de tres y doce pesos.

Usuaria enojada

Entonces decidió iniciar una demanda en contra de Telecom, de Susana Giménez, de su novio Jorge Rodríguez, del ex comandante montonero Rodolfo Galimberti y del millonario empresario Jorge Born.

Apoyándose en recortes periodísticos, Jaskelson y Grubman también le pidieron al juez que investigara el destino del importe de la llamada, ya que la fundación del padre Grassi figuraba como beneficiaria del sorteo.

A pedido del juez, agentes de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal allanaron Hard Communication, la central Ecuador de Telecom y la empresa Telinfor, cuyo titular es Alejandro MacFarlane, ex funcionario de la SIDEy yerno de su actual director, Hugo Anzorreguy.

Telinfor es la dueña de la línea utilizada en Su llamada y la intermediaria entre Hard Communication y las telefónicas.

"Nosotros somos operadores técnicos y trabajamos con más de 90 programas de televisión. Hard Comunication es un cliente más," aclaró MacFarlane.

En los allanamientos se secuestraron contratos y documentos que sirvieron para impulsar la causa.

El juez también ordenó un peritaje en Telecom para determinar el origen de la llamada que apareció en la boleta de Jaskelson.

El peritaje de Gendarmería que realizó el comandante Vicente Fulco concluyó que Jaskelson no había realizado la llamada y que tampoco aparecían los cupones supuestamente correspondientes en las urnas del programa de Susana Giménez. En su fallo, Cubas atribuyó la aparente negligencia de la empresa telefónica a "un posible error humano" y señaló que no encontró pruebas para imputarles el robo a los acusados.

Pero Jaskelson no se quedó tranquila. Habló con vecinos y se enteró de que varios de ellos también cargaban con llamadas a Susana Giménez que no habían realizado, pero al ser tan bajo el monto reclamado, no se tomaron el trabajo de presentar una denuncia.

Tanto ella como los agentes de Defraudaciones y Estafas empezaron a sospechar que la estafa podría abarcar a miles de usuarios. Su llamado recibe un promedio de 2,3 millones de llamados por mes, a un costo de tres pesos cada uno.

La abogada entonces consultó a Ariel Garbaz, experto en seguridad telefónica y teleinformática, quien sugirió una serie de medidas para determinar cuántas personas habían sido estafadas en forma similar, el monto de la estafa y si todos los llamados falsos dejaron grabados los datos de un mismo participante.

"Acá se habría cometido una doble estafa: a los usuarios que pagaron por un servicio que no utilizaron y a los concursantes que perdieron premios por competir con participantes truchos", dijo Garbaz a La Nación .

Según el experto, el fraude se realizó con un sofisticado sistema de "phreaking", o robo informático de líneas, con el cual se engañó a la red inteligente de Telecom.

En estos datos y otros más que sugieren una "supuesta rendición de cuentas fraudulentas efectuadas por Hard Communication en perjuicio de la fundación Felices los Niños" se basó el juez para desglosar una causa por estafa en el fuero de Instrucción, donde espera que se designe un juez por sorteo.

Las migajas

En mayo del año último, Hard Communication le presentó al padre Grassi una liquidación por la cual a la fundación le corresponderían 400.000 pesos de los cerca de 20 millones recaudados por la línea benéfica. Grassi se negó a aceptarla y reclama por lo menos otros 600.000 pesos para terminar una obra en el predio que su fundación posee en Hurlingham.

"Todo este proceso me lastima. Pensé que iba a ser más rápido, más tranquilo", dijo Grassi a La Nación . "Yo sólo trato de juntar todo lo que puedo".

Grassi declaró en el juzgado de Cubas que la idea de recaudar fondos mediante el programa de Susana Giménez surgió cuando por medio de su amigo, el conductor televisivo Raúl Portal, conoció a Carlos Banfi, directivo de Telinfor, quien lo interesó en el negocio.

"Gradualmente se sumaron a las reuniones otras personas, a quienes el dicente consideraba colaboradores de Banfi, pero posteriormente se enteró que pertenecían a la firma Hard Communication", declaró Grassi.

En junio del año último, Hard publicó las bases del concurso Su llamada, en las que anunciaba que la fundación de Grassi recibiría el 19% neto de las ganancias.

Dos meses más tarde, con el concurso ya en funcionamiento, directivos de Hard le presentaron un contrato a Grassi en el que ofrecían un pago total de 200.000 pesos por todo concepto, argumentando que esa suma era el equivalente estimado al 19% neto de todo lo que iba a recaudar el concurso.

"Metí la pata"

El padre Grassi no quiso saber nada y la negociación se estancó. Pero Hard Communication volvió a la carga, esta vez con un contrato que estipulaba que el 19% neto era equivalente al 7% bruto, menos descuentos por premios y publicidad. Grassi firmó, según él, pensando que se trataba del 7% sin los descuentos, que terminaron totalizando más de 10 millones de pesos.

Al juez Cubas le llamó la atención que Hard le descontara a Grassi 2,5 millones de pesos en concepto de publicidad, cuando los canales normalmente no cobran propagandas institucionales de sus propios programas, en este caso el de Susana Giménez. Más llamativo aún, el juez no habría encontrado facturas que justifiquen semejante gasto publicitario en el allanamiento de Hard.

Cuando en mayo último a Grassi le llegó una liquidación por solamente 400.000 pesos, casi se desmaya, contó el sacerdote.

"Reconozco que metí la pata al firmar ese contrato, pero aprendí mucho", dijo Grassi. "La gente de Hard cambió mucho. Al principio se mostraban ansiosos por cerrar el contrato y decían que les interesaba la obra. Después empezaron a portarse como grandes empresarios y a regatearme cada peso."

El juez Cubas también presentó una denuncia en el fuero Penal Económico por evasión calificada, ya que Hard Communication se habría amparado "en un régimen de exenciones impositivas que la ley acuerda específicamente a las entidades de bien público". La figura de evasión calificada conlleva penas de tres a ocho años y no es excarcelable.

Una fuente con acceso diario al expediente sugirió que en estas causas la diva de la televisión sería investigada como partícipe necesaria de la presunta maniobra de Hard Communications.

"Ella es la novia de Jorge Rodríguez y no podía ser ajena a la fuente de su repentino enriquecimiento", señaló la fuente.

Sobreseen al novio de la diva en una causa

Los directivos de Hard Communication tuvieron mejor suerte en la causa que se les había iniciado por supuestas amenazas y de la que fueron sobreseídos hace días. Claudia Segura Reynals, la denunciante, fue empleada de la firma durante ocho meses y dice haber cuestionado el porcentaje destinado a la fundación del padre Grassi por no ajustarse a lo que establece la ley.

En marzo de este año, Segura comenzó a recibir amenazas de muerte. Recordó entonces los conflictos que había tenido con algunos de sus ex jefes en la empresa en la que se había desempeñado como directora de cuentas y de la que había renunciado tres meses antes.

"En aquel momento no tuve miedo ni lo tengo ahora. Pero, como precaución, realicé una denuncia policial que luego continuó por la vía judicial", afirmó Segura.

La causa fue caratulada como Denuncia por amenazas y está radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 28 a cargo del juez Pablo Bruno. Por ella fueron citados a declarar Jorge Rodríguez y Rodolfo Galimberti, pero fueron sobreseídos.

Segura dice tener una deuda de 116.000 pesos que reclamó cuando renunció pero que -aseguró- nunca le fue saldada y que en gran parte tiene que ver con sus honorarios por las gestiones que realizó para contactar al grupo Rodríguez-Galimberti-Born con la producción del programa de Susana Giménez.

"Una personalidad conflictiva"

"A Jorge lo conozco desde hace 10 años. Le empecé a dar trabajos part-time y entre nosotros se gestó una gran amistad", recordó Segura.

Dice haber sido quien conectó a Rodríguez con empresarios importantes. Fue a través de un amigo suyo -añadió- que Rodríguez conoció a Galimberti y a Born.

"A fines de 1996, Jorge me llamó y me contó sobre el proyecto del negocio telefónico. Como soy muy amiga de Luis Cella, me pidió que los contactara con él y me aseguró que me iba a pagar 100.000 pesos si lo lograba."

La reunión se concretó a principios de 1997. "Jorge me llamó y me dijo que el negocio ya estaba cerrado y que quería que trabajara con ellos. Así que empecé en marzo de 1997. Me prometieron un sueldo mensual de cinco mil pesos, pero sólo me pagaron tres mil", dijo.

Cuando renunció, comenzó a reclamar los 100.000 pesos prometidos más los dos mil que durante ocho meses no le pagaron.

Mientras estuvo trabajando -relató- manejó información comprometedora y presenció situaciones que jamás hubiera imaginado. "Durante diez años tuve la imagen de un Jorge Rodríguez que en nada se parecía a ese que tenía como jefe".

Entre las cosas más insólitas, Segura recuerda que había que darle tres besos como en la mafia y llevaba cantidades impresionantes de dinero en bolsas plásticas .

Aseguró haber escuchado a Rodríguez afirmar en más de una ocasión tener fuertes contactos con el gobierno nacional. A fines de noviembre tuvo un entredicho con Rodríguez y renunció.

"Mi error fue no seguir lo que me dictaba el corazón. Hoy me duele la estafa moral más que la monetaria. Y sólo por dignidad quiero que cumplan con lo que me prometieron", concluyó.