La Argentina tiene buena disponibilidad de datos educativos, pero faltan registros de ausentismo y consolidar evaluaciones
Lo revela un nuevo índice elaborado por Argentinos por la Educación, en el que el país quedó en tercer lugar, detrás de Chile y Uruguay
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LA NACION
La Argentina se ubica en el tercer lugar de América Latina en disponibilidad de información educativa, detrás de Chile y Uruguay. Aun así, tiene deudas pendientes, como la consolidación de un sistema nominal que permita contar con datos sobre ausentismo estudiantil y la implementación de un plan de evaluación con pruebas censales anuales. Fortalecer estos aspectos permitiría producir mejor evidencia para la toma de decisiones en materia de política educativa.
Los datos surgen del Índice de Disponibilidad de Datos Educativos (IDDE), un nuevo indicador generado por Argentinos por la Educación y elaborado por Juan Suasnábar (Unicen/Unipe), Nancy Montes (Flacso) y María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo (Argentinos por la Educación). Compara el nivel de desarrollo y apertura de los sistemas de información educativa en once países de América Latina a partir de tres tipos de insumos: relevamientos escolares, evaluaciones nacionales de aprendizaje y registros nominales (individuales) de ausentismo estudiantil.
Cada una de estas dimensiones se evalúa según tres criterios: cobertura, frecuencia de actualización y transparencia en la publicación de la información. La fórmula utiliza una escala que va de 0 (ausencia total de información) a 1 (máximo nivel de apertura).
“El IDDE permite visualizar de manera sintética los logros, el estado actual y los desafíos que tienen los países de la región en relación con la producción y disponibilidad de los principales datos que se requieren sobre el sector educativo. En la muestra que constituyen los once países bajo análisis se observa, además de una fuerte heterogeneidad en esos desarrollos, que ningún país está en una condición óptima y que aún cuatro de ellos evidencian importantes déficits”, explicó Nancy Montes, profesora e investigadora de Flacso y coautora del informe.
Los autores marcan que contar con sistemas de información educativa sólidos y accesibles es clave para mejorar las políticas públicas. La disponibilidad de datos no solo permite orientar las decisiones gubernamentales, sino que también es valiosa para las escuelas, familias, investigadores y la sociedad civil en su conjunto.
La Argentina
La Argentina obtiene un puntaje de 0,67, por detrás de Chile (0,95) y Uruguay (0,72), pero por encima de Brasil (0,60) y de otros siete países analizados en la región.
Al analizar los componentes del índice, la Argentina muestra un desempeño equilibrado: 0,72 en cobertura, 0,64 en frecuencia y 0,64 en transparencia. La principal fortaleza del país se vincula con la amplitud de la cobertura de la información que produce el sistema educativo. Sin embargo, el informe advierte que el principal desafío está en la transparencia, especialmente en comparación con Chile.
El desempeño de la Argentina se explica principalmente por la disponibilidad de datos de relevamientos escolares, centrados en aspectos estructurales como matrícula, cargos y establecimientos, dimensión en la que el país alcanza uno de los puntajes más altos de la región (0,84). En evaluaciones estandarizadas obtiene un 0,67 y en datos nominales sobre ausentismo (0,49), una dimensión en la que solo cuatro países –Argentina, Brasil, Chile y Uruguay– cuentan con datos abiertos al público general.
El informe también destaca que algunas jurisdicciones registran información sobre ausentismo estudiantil con frecuencia diaria, lo que constituye un avance en términos de periodicidad de datos. Pero la cobertura todavía es limitada, ya que el sistema no incluye a todas las provincias ni a todas las escuelas, y la información disponible públicamente se difunde solo en informes agregados.
“En la Argentina, la legislación vigente establece restricciones para la publicación de resultados de evaluación a nivel de escuela con el objetivo de evitar procesos de estigmatización. Sin embargo, cabe preguntarse si esa restricción sigue siendo la mejor forma de alcanzar ese objetivo. La experiencia internacional muestra que es posible difundir información a nivel de escuela resguardando adecuadamente a estudiantes, docentes e instituciones, al tiempo que se fortalece la investigación, el análisis independiente y el uso de evidencia por parte de escuelas, gobiernos y familias”, marca Juan Cruz Perusia, investigador principal de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Es uno de los puntos que aborda la Ley de Libertad Educativa que propone el Gobierno: habilitan la publicación de los resultados de las evaluaciones nacionales. –las pruebas Aprender– resguardando la identidad de los docentes y estudiantes. Hoy eso está prohibido por ley. Quienes promueven su difusión argumentan que permitiría a las escuelas con peores resultados aprender de las que obtienen mejor desempeño.
“El Índice en nuestro país permite ordenar la conversación sobre estos diferentes aspectos que integran la compleja temática de la información educativa. Además, abre un espacio muy interesante para identificar logros y desafíos aún pendientes en especial en diferentes aspectos: la gobernanza de la información, la construcción federal de un sistema integral de información educativa y la promoción de usos específicos de la información en diferentes niveles del sistema educativo, especialmente el escolar e intermedio”, dijo Lilia Toranzos, docente e investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) y especialista en evaluación.
Los resultados muestran fuertes diferencias entre los países de la región. Chile (0,95) lidera el índice, con altos niveles de cobertura y apertura de datos: la brecha de 0,3 puntos con respecto a la Argentina (0,67) implica que Chile tiene un sistema de información educativo un 42% mejor que el argentino. Uruguay (0,72) se ubica en un segundo escalón.
Detrás de la Argentina aparecen Brasil (0,60), Ecuador (0,57), Colombia (0,55) y Perú (0,51). Luego figuran Paraguay (0,19), Bolivia (0,18) y México (0,09). Venezuela, en tanto, no cuenta con datos públicos en las dimensiones analizadas y obtiene un IDDE de 0.
“Los sistemas educativos están atravesando una transición profunda en la forma de producir, almacenar, gestionar y utilizar información. El desarrollo de registros nominales, las plataformas digitales de enseñanza y la digitalización de los procesos administrativos hacen que hoy se generen de manera permanente datos sobre lo que ocurre en las escuelas. Sin embargo, este proceso avanza a ritmos desiguales entre países: en el terreno de los datos se reproducen muchas de las desigualdades estructurales que caracterizan a los sistemas educativos de la región”, sostiene Juan Suasnábar, coautor del informe, docente e investigador de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) y coordinador del Observatorio Educativo y Social de Unipe.
Según Analía Jaimovich, directora de Estudios y Asistencia Técnica en SUMMA, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, “el informe llama la atención sobre un tema crucial para el desarrollo de políticas educativas basadas en evidencia en América Latina: la disponibilidad de datos clave sobre resultados de los sistemas educativos tales como acceso, aprendizajes y ausentismo estudiantil”.
Agrega que “se destaca también en el sentido de avanzar en la importancia de la granularidad de los datos. Por ejemplo, la disponibilidad de datos nominales de ausentismo y matrícula estudiantil permite hacer un seguimiento detallado de sus trayectorias educativas, información sin la cual es complejo el diseño de políticas y estrategias destinadas a protegerlas. El sistema de protección de trayectorias educativas recientemente desarrollado en Chile, por ejemplo, avanza en esa línea y no hubiera sido posible desarrollarlo si no existieran datos nominales. En este sentido, el informe es un aporte relevante en tanto destaca características de los sistemas de datos que los hacen más útiles para sostener políticas educativas basadas en evidencia”.
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