La Corte confirmó la condena a perpetua de un empresario

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Pedro Marcilese por haber ordenado la muerte de su ex abogado Miguel Escalada, un crimen que conmocionó a Salta hace casi diez años.

Marcilese, un conocido empresario de transporte de carga en esa provincia, había mantenido relaciones comerciales en los años 80 con el ex gobernador provincial Roberto Romero.

Sin embargo, cuando el 12 de junio de 1993 Escalada apareció muerto de un disparo frente a la terminal de ómnibus Romero ya había fallecido, y su hijo, el actual gobernador, Juan Carlos Romero, no le dio a Marcilese protección.

El homicidio se originó en el temor que sintió Marcilese de que Escalada, que había sido su abogado, luego de su desvinculación profesional diese a conocer algunos negocios del empresario.

Según se probó, Marcilese contrató a Armando Ureña y a su esposa, Mónica Nucciarelli, que sedujo a Escalada para que lo matara su marido. Los dos fueron condenados a prisión perpetua.

El hecho cobró ribetes escandalosos cuando el fiscal del juicio oral, Ricardo Anuch, que había impulsado la causa elevada a juicio y que había producido, con mucho empeño, abundantes medidas de prueba, luego de varios meses de juicio oral y a último momento, cuando había que formular los alegatos y pedir la pena, retiró la acusación. Esa imprevista actitud del fiscal, en la que algunos creyeron ver motivos políticos y otros una decisión estrictamente personal, colocó al tribunal de juicio oral ante una disyuntiva.

La jurisprudencia que la Corte había fijado en el caso Tarifeño estableció que es requisito indispensable para que el tribunal de juicio oral pueda condenar que el fiscal haya formulado la acusación del imputado. Es decir, sin acusación fiscal el tribunal no puede condenar, salvo que también existiese un querellante que estuviese impulsando la causa, algo que no se dio en este caso.

Pero la Cámara Primera en lo Criminal de Salta, integrada por Carlos Nieva, Héctor Alavila y Jorge González Ferreyra, no siguió estrictamente el criterio del máximo tribunal nacional y condenó a Marcilese.

La Corte Suprema de Justicia, en el acuerdo de ayer, cambió su jurisprudencia. La decisión se adoptó con las firmas de Carlos Fayt, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Adolfo Vázquez y Guillermo López. En rigor, fue el primero el que cambió de criterio y se sumó a quienes, años atrás, encarnaban la disidencia. Esta vez, en disidencia votaron Augusto Belluscio y Gustavo Bossert.

El fallo sostuvo que, aunque el fiscal no acuse, el Estado tiene el derecho de castigar al imputado.

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