La desesperación de sentirse en un laberinto sin salida

Desde una familia que había comprado una semana de tiempo compartido en el Caribe, pero ignoraba que debía costearse el traslado, hasta un cliente que quiso revocar el contrato dentro del lapso reglamentario, pero nunca nadie atendió el teléfono habilitado para tal fin.

Estos casos y miles más son moneda corriente en las asociaciones de defensa de los derechos del usuario y en los tribunales arbitrales de consumo; todos constituyen ejemplos de gente que se sintió estafada por las empresas del sistema de venta de propiedades para vacaciones.

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Como Julio A. Soto, que luego de abonar durante un año y medio 100 pesos por mes, decidió rescindir el contrato firmado con Solanas Country SA porque no podía seguir afrontando los costos. Pero no le aceptaron la cancelación.

"En diciembre último, mi señora les explicó que teníamos problemas económicos y queríamos salir del sistema. Le dijeron que para hacerlo debíamos abonar el 50 por ciento del contrato. ¿Cómo iba a pagar la mitad si ni siquiera podía cumplir con una cuota?", relató a La Nación .

Claro, para Soto -que vive y trabaja en la Capital- desvincularse de la empresa era una cuestión complicada porque le debitaba el dinero directamente de la tarjeta de crédito. "También llamé a Visa para dar de baja los cupones del tiempo compartido. Me respondieron que era imposible, porque ya estaban emitidos", recordó el hombre.

Soto había caído en las oficinas de Solanas SA, como los demás clientes, engañado con la falsa promesa de recibir un automóvil como regalo. "Iba caminando por la calle; en 9 de Julio y Corrientes me paró una promotora. Me ofreció participar de un concurso. Dije que sí, y lo primero que me preguntó fue si tenía tarjeta. Así quedé enganchado", sostuvo.

Para liberarse, la única alternativa residió en recurrir a los tribunales arbitrales de consumo y obtuvo un laudo conciliatorio en marzo último. "Yo lo único que quería era desaparecer del sistema -confió Soto-. Espero no llevarme una sorpresa cuando reciba el próximo resumen de la tarjeta."

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Los reclamos por problemas con los tiempos compartidos conforman el 29 por ciento del total de los presentados ante la mencionada instancia extrajudicial, y el 70 por ciento de los laudos emitidos pertenece a este rubro.

El dato fue confirmado por José Luis Laquidara, coordinador de los tribunales arbitrales de consumo, que funcionan en la órbita de la Secretaría de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

También Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), explicó que las denuncias contra el sistema de venta de propiedades para vacaciones ocupan el segundo lugar en el ranking de quejas recibidas por la entidad.

"Se duplicaron en los últimos doce meses", agregó González. Ambos interlocutores señalaron que los usuarios no cuestionan el servicio, sino la metodología de captación de clientes: "Una falsa promesa como gancho más la tarea demoledora de los promotores, que quiebra la voluntad del consumidor para hacerlo firmar".

Laquidara añadió que "la gente viene con estados de ánimo angustiantes; lo único que quiere es terminar con la situación. Muchas veces, ni siquiera piden que les devuelvan el dinero ya invertido".

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Algo así debe de haber protagonizado Isabel Pitino de Barrau, que también recurrió a la instancia extrajudicial del arbitraje para encontrar una solución a su conflicto con una empresa de tiempo compartido.

Al ser consultada por La Nación sobre su experiencia, la mujer se atajó de manera terminante: "Yo la pasé tan mal que prefiero no hablar de eso. Tuve que pagar durante dos años, hasta que llegué a los tribunales. Perdóneme, pero no quiero decir nada más. Simplemente recomiendo a los consumidores que vayan a esta conciliación".

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Entre los motivos más frecuentes de denuncia contra las empresas de tiempo compartido, la titular de Adecua enumeró: las ventas engañosas, las cláusulas abusivas y la falta de respeto de los cinco días reglamentados por la ley 24.240 y el decreto 561/99 para rescindir el contrato.

"Una trampa muy usual, y sobre la que debemos advertir a los consumidores, es no poner la fecha en los papeles que se firman. Así, el cliente no puede demostrar que permanece dentro del período de arrepentimiento", expresó.

El coordinador de los tribunales arbitrales resumió finalmente, como causa del engaño a los usuarios, "la ausencia de información clara sobre las condiciones que deben cumplirse para acceder al servicio".

Por Ángeles Castro

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