La extenuante lucha de los padres de chicos discapacitados para que los acepten en la escuela

Mateo estaba en tercer grado cuando el colegio decidió que no iba a renovarle la matrícula para el año siguiente. Desde sala de cinco años, cuenta su madre Guadalupe Echeberría, que en la escuela le decían que su hijo tenía problemas de conducta. Que era muy inquieto. Que no se podía quedar sentado ni un rato. Que hacía berrinches sin razón aparente. "Siguiendo los consejos del colegio, Mateo siempre estuvo en tratamiento. Primero, con una psicopedagoga, después con una psicóloga. Cambiamos tres veces de profesional en menos de tres años. Hasta que decidimos hacer un estudio con los especialistas de salud mental del Hospital Alemán", recuerda Echeberría. Pero la carta documento por parte del colegio privado, y religioso, llegó antes que el diagnóstico médico. En cuestión de semanas, los padres de Mateo recibieron las dos noticias juntas: el niño tenía síndrome de Tourette, y la escuela a la que había ido desde jardín de infantes ya no lo quería en sus aulas. No había lugar para él.

Con miedo, angustia y el pedido de Mateo de que no lo cambiaran de escuela porque "qué iba a pasar con los amigos de toda la vida", Echeberría y su marido decidieron hacer una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Para la familia de Mateo, fue la entrada a un mundo desconocido. Para el Inadi, moneda corriente. El año pasado, el organismo recibió 2631 denuncias, y la mayoría -que representa el 20%- tiene como principal motivo la discapacidad. Al cruzar los datos con los ámbitos donde más suceden estos hechos discriminatorios, la escuela está al tope de la lista. Y la estadística no es nueva. El mismo ranking se repite por tercer año consecutivo.

"Es muy habitual -confirma Analía Miskowiec, directora de Asistencia a la Víctima del Inadi-. El tipo de denuncia más frecuente es por discapacidad psicosocial. Algunos padres no encuentran vacante en ningún colegio, a otros les niegan la reinscripción. Otro motivo es la falta de adaptación al Proyecto Pedagógico Individual (PPI), que fue diseñado especialmente para adaptar el currículum académico a las posibilidades y potencialidades de chicos con discapacidad. Otras veces luchan por la incorporación de una maestra integradora. O como el caso de Alan Rodríguez, un chico con síndrome de Down que después de una larga batalla judicial que nosotros acompañamos logró recibir su título secundario oficial, como todos sus compañeros, en lugar del certificado habilitante que el colegio le había entregado", recuerda Miskowiec.

Adriana Romano vive en Tucumán con sus tres hijas. La mayor es Aylén, que hoy está en cuarto año. Y las mellizas Ana Candela y Ana Belén, que tienen 14 años y nacieron con síndrome de Down y retraso madurativo, respectivamente. "Cuando empezaron el jardín quise mandarlas a las dos a una escuela normal, pero con Candela me dijeron que no, que no tenían vacante. Y entró en una especial", cuenta Romano, al remontarse en una lucha que empezó hace casi una década y en la que pasó por todo tipo de situaciones: desde la súplica, el enojo, el reclamo a las directoras hasta la denuncia en la Justicia. Su primer refugio también fue el Inadi, y a través de su intervención logró la primera conquista. Finalmente, Candela fue inscripta en la misma escuela a la que iban sus hermanas. La obligaron a repetir sala de cinco años, aunque la resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación lo prohíbe, y empezó la primaria un año más tarde. "Estuve dos años haciéndome cargo del pago de la maestra integradora, hasta que salió una medida cautelar a mi favor. Porque la directora me había dicho que sin maestra integradora Candela no podía entrar". Más tarde, le exigieron que a la tarde fuera a una escuela especial, pero también se negó. "Porque a contraturno ella tenía sus terapias, que eran muy importantes", dice Adriana, que es profesora de educación física, y luego recuerda que ahí mismo sacó de la cartera el dictamen del Inadi. "Decía clarito que por la resolución 311/16, ninguna autoridad de una escuela común puede derivar a un alumno con discapacidad a una escuela especial".

Los obstáculos no desaparecieron, pero Romano reconoce que desde hace cuatro años, y con las nuevas autoridades al frente del Ministerio de Educación, hay una política educativa más inclusiva. "La sociedad te pone barreras todo el tiempo. Hay miedo y mucha desinformación. Una vez, una directora me dijo que como yo no asumía la discapacidad de mi hija no quería mandarla a una escuela común. Y le respondí que, precisamente, porque asumía la discapacidad de mi hija quería que pudiera integrarse, que aprenda a la par de sus compañeros, que aprenda a desenvolverse en el mismo mundo que lo hacemos todos".

Mientras tanto, Guadalupe Echeberría hoy celebra que Mateo sigue yendo a la misma escuela, con sus amigos de siempre. "La Justicia llegó. En la escuela hicieron lo imposible por excluirlo, pero finalmente se vieron obligados a anotarlo. Y lo hicieron bajo protesta. El año pasado le negaron ir al campamento, a participar en los juegos deportivos. Pero nosotros seguimos luchando para que todos los no se transformen en sí. La educación inclusiva es un derecho".