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La Justicia dictó una cautelar para que no reduzcan los recursos para la subsecretaría de género
El Gobierno negó que hayan cerrado la dependencia pero, según la resolución, no aportó pruebas que muestren cómo se están garantizando los derechos de las mujeres
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LA NACIONLucila Marin
La Justicia Federal aceptó una medida cautelar presentada por organizaciones de la sociedad civil para que el Gobierno no despida personal, frene la eliminación de programas y sostenga la producción y publicación de evidencia de la Subsecretaría de Protección contra la violencia de género. El Gobierno negó haber cerrado la Subsecretaría pero, según la resolución, no aportó pruebas que muestren cómo se están garantizando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes con la nueva estructura. Apeló a la cautelar, y ahora deberá decidir la Cámara Contencioso Administrativo Federal si hacen lugar al recurso del Ejecutivo.
La acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo –que habían presentado el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres por Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer cuando el Gobierno anunció en junio el cierre de la Subsecretaría de Género– demandaba certezas sobre el estado de las políticas para atender las situaciones de violencia, cuál sería el organismo encargado de cumplir las obligaciones legales y compromisos internacionales asumidos y qué programas seguirán vigentes. Solicitaba también que se renueven los contratos vencidos al 30 de junio de 2024.
El Juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, resolvió hacer lugar parcialmente a la cautelar. Aunque no deberán reincorporar trabajadores, decretó que el Ejecutivo debe “abstenerse de reducir recursos humanos e infraestructura institucional de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)”. Y debe “sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de esos organismos”.
Recursos y programas
La resolución marca que el Gobierno de Javier Milei informó que los recursos y programas “se hallan reorganizados en la estructura estatal, conforme el criterio de eficacia y eficiencia de la actual gestión de gobierno”, pero no ha presentado “constancia alguna” que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones.
Marca que tampoco ha explicado “en qué consiste la reorganización a la que alude ni de qué manera esa nueva estructuración permitiría cumplir el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad”.
“Lo que demuestra es que efectivamente hay un grado de incertidumbre importante respecto de qué está haciendo el Estado nacional. El fondo del reclamo judicial es que expliquen cómo están cumpliendo con sus obligaciones hacia las mujeres y las niñas. Van a tener que, en el marco del expediente, obligadamente dar precisiones sobre las políticas públicas, el personal, los recursos presupuestarios. Por lo menos es un ámbito en que el Estado va a tener que rendir cuentas. Nosotras ahora vamos a instar a que avance con la decisión de fondo. Pero es muy buena la decisión del juez porque está cuidando a los sectores mas vulnerables y en riesgo de la sociedad”, dijo a LA NACION Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. Señaló, a su vez, que la resolución marca una obligación de no regresividad en derechos humanos y reconoce y reafirma que la Ley de Protección Integral de las Mujeres debe cumplirse en todo el país.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Justicia, del cual ahora depende la Subsecretaría de Género solicitó más tiempo para contestar a la consulta de LA NACION.
En junio, luego de la renuncia de la titular de la Subsecretaria Claudia Barcia, la Secretaría de Derechos Humanos confirmó a través de un comunicado que Argentina ya no tendría un organismo responsable de políticas públicas de género. Informaron que avanzarían con una reestructuración porque existía una “clara superposición de funciones entre distintas agencias gubernamentales” y afirmaron que cumplirían con las leyes y convenciones internacionales. La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género vino a reemplazar, tras la asunción de Javier Milei, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado durante la administración de Alberto Fernández.
Para ese momento, personal de la subsecretaría ya habían denunciado el “vaciamiento total” de las políticas de prevención de las violencia por motivos de género. El discurso oficialista sostiene que “la violencia no tiene género”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó en Diputados que “se acabó” el género para el Estado y solo a modo de ejemplo, la Argentina fue el único país del mundo que voto en las Naciones Unidas contra una resolución que condenó la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
Recortes
El presupuesto 2025 que presentó el Gobierno no contemplaba la palabra género en ninguna de sus entradas. No había partidas destinadas al Programa Acompañar, ni para la Ley de Educación Sexual Integral o para la Línea 144, según un informe de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). A su vez, marcaron un recorte del presupuesto para el Plan ENIA, que logró bajar la tasa de fecundidad en la adolescencia, con una caída del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con lo ejecutado en 2023.
Según detalló el monitoreo del estado de las políticas que realiza ELA, actualmente desconocen el alcance del Programa Acompañar, cuyo objetivo es brindar un apoyo económico para que personas en situación de violencia tengan autonomía que les permita romper con el ciclo en el que se encuentran inmersas. Hasta marzo, sin embargo, pudieron rastrear una caída sostenida en la población destinataria que ronda el 20% promedio de mes a mes. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, las destinatarias del programa disminuyeron un 50%. De las 20.000 altas programadas para el primer trimestre de 2024, sólo se realizaron 434.
A su vez, el Gobierno modificó por decreto los requisitos para acceder al programa: acortó de seis a tres meses el periodo de cobertura y estableció que es necesario realizar una denuncia policial o judicial. A su vez, en el primer semestre del 2024, se observó una caída del 82% de la ejecución presupuestaria real interanual en comparación con el mismo periodo del año 2023.
En el caso de la Línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género a través de un servicio telefónico gratuito, las comunicaciones disminuyeron un 11% en el segundo trimestre: de 8.482 comunicaciones atendidas en enero, febrero y marzo a 7.550 en los meses de abril, mayo y junio. No es posible comparar la asistencia que brindó la línea este año con la del año anterior porque en agosto de 2023 modificaron su sistema de registro.
A lo largo de este año advirtieron sobre la caída significativa de la capacidad operativa por la reducción de personal. En el primer trimestre de 2024, la Línea contaba con 138 trabajadoras y para el 30 de septiembre según informó el Ministerio con 70, se redujo un 50%.
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