La Justicia salteña hizo lugar a un pedido de las monjas de clausura que denunciaron al arzobispo

La Justicia salteña levantó las restricciones para hacer declaraciones que regía para las religiosas que denunciaron al arzobispo Mario Cargnello por supuesta violencia de género y para sus abogados. En cambio, continúa para los tres denunciados y sus letrados. Lo que regía era una suerte de “bozal legal”. La decisión salió ayer, el mismo día que hubo un abrazo silencioso bajo la consigna “Hermana, sí te creo” al monasterio. Seguramente, habrá un recurso de apelación.

La resolución es de la jueza María Carolina Cáceres Moreno, que la semana pasada, ratificó su competencia en la causa, decisión que ya fue apelada por el abogado del Arzobispo. El silencio a las partes fue impuesto después de que lo pidiera ese mismo letrado, Eduardo Romani, basándose en que la difusión del caso y de los detalles estaban provocando un “perjuicio” a la reputación de Cargnello.

José Viola y Claudia Zerda Lamas, abogados apoderados del monasterio San Bernardo, pidieron la revocatoria de la medida y la jueza resolvió favorablemente. Los letrados plantearon que, por las características del caso, las “víctimas” deben tener derecho a dar cuenta públicamente de lo sucedido y a “replicar” a los denunciados como parte de la “defensa propia”. A su entender, el no poder hablar las “revictimiza”.

LA NACION pudo confirmar que para la jueza, si las “víctimas” del proceso deciden “hacer públicos los padecimientos violentos” a través de sus abogados, tienen el derecho de hacerlo. Por el momento, en lo que no se avanzó es en una nueva fecha de la audiencia que se suspendió ayer porque Cargnello está en Buenos Aires participando de la asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina.

El Vaticano se involucró en este caso que tiene origen en las diferencias en torno a la devoción de la “Virgen del Cerro, con un documento que emitió el 30 de marzo, 12 días antes de la denuncia. Les comunicó a las monjas que se nombrará un “auxiliar apostólico” y les pide que no se involucren con la “vidente”, como llama a María Livia Galliano, la mujer que dice tener “apariciones” de la virgen.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de la que dependen las monjas de clausura del convento San Bernardo de Salta, es la que emite el documento, que lleva la firma de José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario.

Los otros denunciados, además de Cargnello, son el obispo emérito, Martín de Elizalde (es el “visitador” del convento designado por la Congregación para los Institutos), y al cura colaborador de la Catedral, Lucio Ajalla.

La decisión de designar “visitadores” —además de De Elizalde hubo una monja— de la Santa Sede es porque las carmelitas salteñas llevaron su planteo a esa órbita hace dos años. Ahí es donde pretende que se dirima el caso el Arzobispado y no en la Justicia Civil.

Por Gabriela Origlia

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