La seguridad privada está bien considerada

Desamparo. Esa es la palabra que sintetiza la sensación de los porteños frente a la seguridad ciudadana a juzgar por los resultados de una encuesta privada que concluye que casi la mitad de la población de Buenos Aires considera que el servicio de seguridad privada está en condiciones de actuar mejor o igual que la policía.

Un estudio sobre la seguridad privada, realizado por el Instituto de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, que orienta la ex diputada Patricia Bullrich, estableció que el 85 por ciento de los consultados consideraba que aumentó la cantidad de agentes de seguridad privada en los últimos dos años.

Este dato confirma la creciente expansión del fenómeno, pues en la Capital se encuentran registradas como sociedades jurídicas unas 800 agencias de seguridad privada.

Si se considera que cada una cuenta en promedio con 10 agentes, al menos 8000 efectivos de seguridad privada actúan en la ciudad.

A estos números hay que sumar las 1400 agencias que operan en el interior, con un total de 14.000 agentes, lo que da unos 22.000 hombres, más de la mitad de los efectivos de la Policía Federal.

Los investigadores consultaron a 406 personas de uno y otro sexo en cinco zonas de la ciudad, durante la primera semana de noviembre, y llegaron a conclusiones que tienen un margen de error de un dos por ciento.

Los encuestados dijeron que el 97 por ciento tiene algún tipo de contacto con la vigilancia privada, en la mayoría de los casos en bancos y en comercios. Sólo un 13 por ciento tiene seguridad privada en sus casas, lo que para los investigadores significa una división entre los que pueden pagarla y los que no.

Otro dato significativo es que uno de cada diez vecinos recurrió alguna vez a algún vigilador y el 98 por ciento de ellos quedó satisfecho con la respuesta recibida.

Diferencias con la policía

Un 35 por ciento de los encuestados considera que la policía actuaría mejor que un custodio privado, pero otro 35 por ciento no encuentra diferencia de calidad entre los servicios de ambos a la hora de resolver los delitos. Esto habla a las claras de la devaluada imagen policial, frente al, a veces dudoso, entrenamiento de los vigiladores, pues las agencias de seguridad privada carecen de todo tipo de control.

Los consultados se inclinan mayoritariamente (un 64 por ciento) porque sea la propia policía, más un ente específico, la que desarrolle esta tarea de contralor. Sólo un 18 por ciento cree que las agencias deberían autorregularse.

A pesar de que para 3 de cada 10 encuestados no hay diferencias entre la seguridad que brindan el Estado y los privados, el 76 por ciento considera que la seguridad privada no puede tener las mismas atribuciones que la policía. No obstante, más de la mitad de los consultados autorizaría a los agentes privados a portar armas.

Si se observa que un 35 por ciento de los encuestados considera que la policía y el servicio de seguridad privada actuarían de igual manera frente a un delito y que un 12 por ciento cree que los efectivos policiales actuarían peor, el estudio concluye que cerca de la mitad de los consultados cree que la seguridad privada puede actuar mejor o igual que el servicio público policial.

Esta sensación de indiferencia del ciudadano ante quien le brinde el servicio de seguridad se refuerza por la idea que tienen cuatro de cada diez vecinos acerca de que tienen iguales posibilidades de ser víctimas de un delito, tanto si hay un policía como un agente de seguridad privada.

En ese sentido, más de la mitad de la gente consultada espera de los vigiladores dos de los servicios que le son propios a la policía: un 23 por ciento quiere que actúen en la prevención del delito y un 31 por ciento pretende que se le dé una mayor sensación de seguridad.

Las conclusiones son sólo un diagnóstico, que más que a los privados atañe al rol que debe cumplir el Estado.

Una deuda legislativa

Hay sólo dos proyectos de ley en estudio de la Cámara de Diputados para controlar las agencias de seguridad privada instaladas en la Argentina. Uno de ellos es del diputado Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro) y otro fue elaborado por la Secretaría de Seguridad, a cargo de Miguel Angel Toma.

Este último, que forma parte de las propuestas oficiales de seguridad para el tercer milenio, considera a la seguridad privada como complementaria de la policía, controlada por la propia Secretaría, que elaborará un bancos de datos centralizado en el ámbito nacional para registrar a las empresas que brindan el servicio. La iniciativa prevé establecer requisitos muy severos para su habilitación y brindar una exhaustiva capacitación y evaluación de los antecedentes de los vigiladores.

Por Hernán Cappiello

---

Conforme a