Llega la cárcel privada a Buenos Aires

Se proyecta que funcione como factoría y comercializará su producción; se prevé un salario para los condenados
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25 de octubre de 1999  

LA PLATA.-El gobierno bonaerense acordó con un grupo de empresarios la construcción de la primera cárcel con aportes privados de la provincia y de la Nación.

El Estado provincial estuvo representado por el ministro de Obras Públicas, José Antonio Romero, y por la secretaria de Justicia, María del Carmen Falbo. Por la parte empresaria lo hizo el titular del Corredor Productivo del Sudoeste bonaerense, Jorge Izarra.

Según Falbo, de esta manera se abre un nuevo camino dentro del servicio penitenciario. La funcionaria aclaró: "Los aspectos de vigilancia, tratamiento y rehabilitación de reclusos seguirán dentro de la órbita estatal".

Sin embargo, el constructor de la cárcel cobrará un canon por cada interno que aloje, y comercializará el producto del trabajo de los internos.

Pavimentos y adoquines

La nueva unidad penal estará ubicada en el partido de Saavedra, cuya cabecera es la ciudad de Pigüé.

De acuerdo con lo anticipado por Falbo, la cárcel tendrá la característica de una fábrica donde los reclusos trabajarán en la elaboración de pavimento y adoquines.

El próximo paso del proyecto será un llamado a licitación pública, cuya fecha no fue fijada. El ganador del concurso deberá construir la cárcel, alimentar a los internos y mantener el edificio.

Como contrapartida, comercializará el producto del trabajo de los reclusos, cuyas utilidades compartirá con el estado provincial. Los presos (condenados) percibirán mensualmente un peculio estimado en 100 pesos. Esta cifra no fue confirmada oficialmente.

El convenio entre Estado y empresa se formalizará bajo un sistema de leasing, aunque hasta el momento no trascendieron otros detalles.

El proyecto de la cárcel-fábrica pretende disminuir la superpoblación en los penales bonaerenses. El gobierno espera, además, que sirva para reactivar la economía del sur de la provincia.

"Se trata de un establecimiento productivo que se convertirá en un polo de reactivación económica para la región", dijo Falbo.

La unidad albergará a penados, pero también podrán ser alojadas personas procesadas que se avengan a firmar un acta y se comprometan a trabajar, ya que la ley no los obliga. "La comercialización de los productos, destinados al mercado regional, contribuirá al sostenimiento funcional de la unidad", dijo Falbo.

La cárcel-fábrica es un proyecto piloto que no tiene antecedentes en el país. "Es una manera de aportar capitales privados, a una gran inversión en seguridad que hace el Estado", dijo la funcionaria.

El modelo se importó desde los Estados Unidos y de Europa, "donde se entiende que la construcción de cárceles es un gasto demasiado oneroso para que el Estado tenga que hacerse cargo", dijo.

El nuevo penal se sumará a las 32 cárceles que albergan a 13.000 internos.

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