Lo daban por muerto, pero está vivo

LA PLATA.- Un joven que intentaba obtener un subsidio por desempleo en la delegación platense de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) descubrió que, según los datos del Registro Provincial de las Personas, figuraba como fallecido.

De ese archivo surgió otro dato curioso: El acta de defunción, fechada el 30 de marzo de 2001, fue firmada por el doctor Juan Carlos March, el mismo que certificó irregularmente la muerte de María Marta García Belsunce.

En abril del año último Gustavo Horacio Gauna, de 32 años, llegó hasta las oficinas de la Anses en esta ciudad para conseguir un subsidio luego de haber sido despedido de la empresa contratista Bicon.

Allí los empleados le informaron algo inexplicable: no podían iniciar el trámite, ya que, según sus registros ,figuraba como muerto."Primero pensé que era un chiste. Pero después nunca más conseguí trabajo", dice Gauna en la puerta de la humilde casa del Barrio Martín Fierro de Berisso, que comparte con su mujer, sus cuatro hijos, su madre y varios de sus hermanos.

El asombro creció cuando el joven recibió de manos de la Anses el certificado de defunción confeccionado por la delegación San Justo del Registro de las Personas. Allí, la funcionaria del Registro Mirta Carmen Virán tomó el testimonio de una persona identificada como Marcelo Leonardo Regalado y, con la comprobación efectuada por March completó el acta 846IIB. Los datos volcados al documento son desconcertantes: si bien la supuesta muerte se produjo el 29 de marzo de 2002, la denuncia fue hecha el 30 de marzo de 2001, es decir, un año antes.

"Paro cardiorrespiratorio no traumático" escribió March para dar cuenta del deceso de Gauna. El mismo diagnóstico le adjudicó a la muerte de García Belsunce, quien fue asesinada de seis balazos.

En el Registro había más sorpresas. Allí, se halló otra acta con la misma nomenclatura (846IIB) que estaba a nombre de Porfidia Ponce, una viuda de 87 años cuya muerte fue constatada el 6 de abril de 2002 por el doctor César Ayala.

El 9 de agosto de 2002, Gauna, que ayer aseguró no conocer La Matanza, se presentó ante la Justicia para demandar al médico y al Estado provincial. Ante la inédita situación, que ahora debe resolver el fiscal Víctor Violini y el juez Guillermo Atencio, Gauna deslizó que "posiblemente alguien haya cobrado algún seguro" a su nombre.

En la causa judicial la abogada Claudia Fernández, que patrocina al desocupado, pidió el secuestro de los libros de la delegación San Justo del Registro de las Personas y exigió la comparecencia de Virán, la funcionaria que confeccionó ambas actas. La letrada no descartó la posibilidad de pedir la exhumación de los cuerpos.

En tanto, el Registro de las Personas inició una investigación interna para develar lo ocurrido. El titular de dicho organismo, Mario Giacobbe, aseguró a LA NACION que las actas "están bien confeccionadas", aunque explicó que "nunca pudimos comparar la huella dactilar que consta en el certificado, que era muy imprecisa, con la que existe en los archivos de la institución".

Los investigadores deberán determinar,ahora, si las irregularidades detectadas son las mismas por las que March es investigado por el juez de instrucción porteño Julio Lucini.

Por Pablo Morosi

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