El debate ante una situación desgraciada como lo fue el caso del músico Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, refleja el desconocimiento de la ley por parte de las personas directamente involucradas y también por muchos especialistas. Desde los ministerios de salud, poco o nada se ha hecho para aplicar la ley 26.657 de Salud Mental. Es difícil valorar una ley si en una década no se ha aplicado.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), miles de millones de personas de todo el mundo se han visto afectadas por la pandemia de Covid-19, con repercusiones adicionales en la salud mental. Sin embargo, relativamente pocas personas en todo el mundo tienen acceso a servicios de salud mental de calidad. Un 23% de los problemas de salud son debidos a depresión, abuso de alcohol, trastornos de ansiedad, entre otros. En los países de ingresos bajos y medios, más del 75% de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no reciben ningún tratamiento. La estigmatización, la discriminación, y las violaciones de los derechos humanos siguen estando generalizados. Y agregan: “A menos que nos comprometamos seriamente a aumentar la inversión en salud mental ahora mismo, las consecuencias sanitarias, sociales y económicas tendrán un gran alcance”.
Los hospitales psiquiátricos insumen enormes sumas de dinero (en CABA, el 8% del presupuesto total de salud va a cuatro hospitales psiquiátricos), y resultan ineficaces e ineficientes. La Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por ley en 2007, e incluida en el texto de la Constitución en 2014. Establece para toda persona la presunción de capacidad: puede casarse, tener hijos, estudiar, trabajar; votar, comprar, vender, viajar, etc. El Estado debe procurar los apoyos y soportes adecuados para que puedan seguir ejerciendo sus derechos. Dispone la creación de un sistema de atención que permita el acceso a todos aquellos que lo necesiten: internación en el hospital general, centros comunitarios, casa de medio camino; atención domiciliaria, cuidadores domiciliarios.
La ley 26.657 determina el incremento del presupuesto para salud mental del 2% al 10%, que no ha se concretado, como tampoco la habilitación de camas en hospitales generales, y la creación de centros para la rehabilitación. La actualización en la formación de los profesionales de salud general y los especialistas (psicólogos y psiquiatras) permanece ausente. El número de psicólogos y psiquiatras por 100.000 habitantes es uno de los mayores del mundo, pero la población que no accede a atención alguna, es similar a la de países con 10 o 20 veces menos cantidad de profesionales (brecha en la atención).
El fallo de la justicia nacional del 2015 “S. A. F Y OTROS C/ EN-M SALUD DE LA NACIÓN Y OTROS S/AMPARO LEY 16.986” condena al Estado Nacional y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a proveer dispositivos comunitarios para que las personas internadas en manicomios en condiciones de ser externadas puedan salir de ellos. Con multa diaria de 200 pesos, permanece incumplido. De igual modo lo está el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suscripto en Bolivia en 2019.
A fines de los 80, el ingreso de una persona con VIH en una guardia hospitalaria generaba la misma situación que hoy lo genera una persona con excitación psicomotriz. ¡Aprender qué se hizo con el VIH es un buen camino para poder internar en el hospital general!
Todos podemos ayudar ante una persona en crisis si contamos con el apoyo de los conocimientos que están disponibles. En 2013, OPS colaboró en la elaboración de una cartilla para la intervención de las fuerzas de seguridad, impulsada por el Ministerio de Defensa en 2013.
Los vecinos, la policía, las iglesias, las organizaciones barriales, deben ser capacitadas para poder actuar dignamente. Las guías de intervención mhGAP lanzadas por la OMS son ejemplos de su factibilidad. Su utilización comenzó en el país en 2018, por parte de las autoridades de salud, y fue discontinuada con el cambio de gestión.
En salud mental, el nivel de mayor especialización es el del mantenimiento de la persona en la comunidad de manera digna, con continuidad de cuidados, durante todo el año. Según la revista científica The Lancet —años 2011; 2013 y 2018— urge la necesidad de integrar un enfoque holístico de salud mental en el sistema general de salud. El médico generalista del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, o la labor del equipo de salud en la atención primaria en Chile son claros ejemplos de ello.
Las asociaciones de psiquiatras debieran comprometerse con la transformación del sistema de salud mental, modificando actitudes de resistencia al cambio, tal como lo sugiere la declaración de la Asociación Mundial de Psiquiatría —WPA— de 2016. Urge empoderar a los usuarios y familiares, quienes deben tener (es su derecho) parte activa en sus tratamientos. La transparencia en el manejo de los recursos económicos, su reconversión y reorientación hacia un sistema basado en la comunidad es un requisito impostergable. La salud mental es prioritaria, como lo ha dicho el Secretario General de la ONU durante el mensaje para presentar el informe “El Covid-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental”.
El autor es médico psiquiatra y exasesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
