Los centros de estudiantes tendrán reconocimiento legal

Con el consenso de los bloques de la Alianza y el PJ avanza en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitirá a los centros de estudiantes universitarios del país tener personería jurídica.

A partir de este reconocimiento legal, los centros estudiantiles y las federaciones universitarias podrán establecer acuerdos con organismos nacionales e internacionales y conseguir financiación para sus iniciativas sociales.

Pero también tendrán un control más estricto en el manejo de fondos: deberán cumplir con la presentación formal de sus balances anuales.

La transparencia en el manejo de los fondos no es un tema menor en esta regulación. En la actualidad, los centros de estudiantes obtienen el dinero para financiarse de la venta de fotocopias, apuntes, publicaciones y, en ciertos casos, los cursos de capacitación que organizan. Y aunque hacen sus balances cuatrimestrales y anuales, no existe un control externo de esos movimientos.

Llenar un vacío

Aunque el movimiento estudiantil argentino tiene más de cien años de historia, los centros de estudiantes no cuentan todavía con ninguna figura legal específica que los regule. Para los dirigentes estudiantiles consultados por La Nación , la sanción de esta ley vendría a llenar ese vacío histórico.

"Las figuras jurídicas existentes -asociación civil o fundación- no contemplan la diversidad, ni la historia ni la realidad del movimiento estudiantil argentino", dijo a La Nación Manuel Terrádez, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

De aprobarse, la ley de asociaciones estudiantiles que está actualmente en la Comisión de Educación de Diputados, regulará el funcionamiento de los 315 centros de estudiantes del país, las 34 federaciones regionales y la FUA.

El proyecto, breve y concreto, fue elaborado por un conjunto de diputados, encabezados por Jesús Rodríguez (Alianza), a partir de una propuesta de la FUA. El texto establece las funciones de las asociaciones estudiantiles y su organización interna, y determina la creación de un registro nacional de estas agrupaciones.

"Existe un desequilibrio entre el nivel de nuestras relaciones políticas -con organizaciones internacionales, otras universidades, el Estado nacional, provincias y municipios- y el escaso desarrollo institucional de muchos centros, en recursos humanos, de gestión y financieros", señaló Terrádez.

En la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) coinciden y dan ejemplos. "Esta ley nos va a permitir firmar convenios con el Estado, con organizaciones y con empresas para obtener pasantías, becas y viajes de intercambio. Hasta ahora sólo podíamos hacerlo como gestores", dijo a La Nación Guillermo de Maya, su presidente.

Agregó que esta ley daría un respaldo institucional a la legitimidad que tienen las agrupaciones entre los mismos estudiantes.

Sin embargo, se estima que la participación de los estudiantes en las actividades de los centros decayó desde 1983. En las últimas elecciones optativas para autoridades de los centros de estudiantes, en 1998, votó cerca del 60% de los 200.000 alumnos de la UBA.

Recursos económicos

Por otra parte, la ley obligaría a un funcionamiento administrativo interno más aceitado en cada centro.

"Nos dará la posibilidad de manejar totalmente en blanco los espacios que generan alguna renta y hacer balances que deberán presentarse ante autoridades externas", dijo a La Nación José Luis Barra, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA, a la que concurren 16.000 alumnos.

Sin embargo, los dirigentes coincidieron en señalar que el aporte más importantes de la ley se produciría "en la defensa de los derechos de los estudiantes, que por primera vez estarían reconocidos por ley. Los centros podrían accionar judicialmente para defenderlos", dice Terrádez.

El panorama de los centros de estudiantes en el país no es uniforme. El abanico va desde el centro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la más poblada del país, con 74.000 alumnos y un manejo de casi 600.000 pesos por año, hasta el de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, en Esquel, a la que asisten 90 alumnos.

"Esta ley tendrá en el interior una repercusión muy fuerte. Nos jerarquizará ante la comunidad universitaria", dijo a La Nación Pablo Luna, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, donde cursan 4000 alumnos.

Respecto del manejo de fondos, Diego Cukier, que al frente del Centro de Estudiantes de Medicina de la UBA ve circular entre 10.000 y 15.000 pesos por cuatrimestre, dijo que la ley dará una señal de transparencia. "Nosotros tratamos de manejar la menor cantidad posible de fondos: no cobramos los cursos y nos financiamos solamente con la venta de apuntes", dijo.

"Las funciones han cambiado. Ahora ofrecemos cursos y ponemos en práctica iniciativas sociales. Para eso hace falta financiación, y para conseguirla necesitamos la personería jurídica", señaló Oscar Zoppi, presidente del centro de Derecho de la UBA, con 28.000 estudiantes.

Sólo en las universidades

El proyecto permitiría el reconocimiento de los centros estudiantiles que funcionan en las universidades y no menciona a los colegios secundarios. Cuenta con la firma de diputados de la Alianza y del Partido Justicialista, lo que para los estudiantes es una señal de triunfo. "Logramos que el movimiento estudiantil trascienda las diferencias políticas", dijo Terrádez. Para Jesús Rodríguez (Alianza) la aprobación está casi asegurada. "La ley dará a los centros normas susceptibles de control público y un justo reconocimiento".

Ante la falta de una figura legal que se adaptara a su realidad, varios centros de estudiantes optaron por tramitar su personería jurídica como asociaciones civiles. La precursora fue la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, en 1994, seguida por la de Ciencias Económicas y la de Derecho, que la obtuvo hace un año. La FUBA también tiene este reconocimiento.

Por Raquel San Martín

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