Los detalles de la millonaria demanda que persiguen las víctimas

Varios avances se materializaron en los últimos días en torno a los aspectos legales derivados de la tragedia de Flores al cumplirse una semana del triple choque que dejó once muertos y más de 200 heridos en el paso a nivel de Artigas, en la estación de Flores.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT), Gregorio Dalbón, que representa a unos 60 heridos del accidente ferroviario, precisó a LA NACION los detalles del proceso judicial que encabeza y los argumentos que lo acompañan.

Sin ir más lejos, las familias que patrocina el letrado se presentaron ayer como querellantes en la causa que tiene a su cargo el juez federal Julián Ercolini desde el martes pasado.

"Queremos poder disponer de peritos de nuestra parte, además de los oficiales, y contar con especialistas en este tipo de accidentes que puedan colaborar con la Justicia", argumentó Dalbón al explicar los motivos de la audiencia.

El abogado reiteró que la responsabilidad penal del colectivero de la línea 92 -que cruzó la barrera baja- quedó extinguida por su muerte. No obstante, insistió en que en estos casos se vuelve necesario investigar a todos los actores más o menos involucrados: "Creemos que hay elementos para investigar las responsabilidades penales que pesan sobre el maquinista, además de la de quienes gestionan la seguridad del paso a nivel y de la barrera".

Por otro lado, manifestó su deseo de que se les tome declaración testimonial a los damnificados para conocer las versiones del hecho que circularon en el interior del colectivo y de los trenes antes del impacto. A su modo de ver, cuestiones relacionadas con la velocidad, el sonido de la bocina o los gritos cobran fuerza a la hora de constatar lo que ocurrió esa mañana.

Como parte del proceso se suma la preocupación centrada en poder identificar al guarda barrera encargado de la zona, cuyo paradero aún se desconoce. Según expuso, "su testimonio es clave" para poder atar algunos cabos sueltos y avanzar en la causa.

Más allá de la presentación realizada ayer por las familias, el letrado anticipó que busca promover una demanda civil contra la línea 92 de colectivos, la empresa TBA y sus aseguradoras (Bernardino Rivadavia y Liderar) "por 100 millones de pesos, o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse" como resarcimiento para los damnificados de la tragedia.

La está preparando en estos días bajo el recurso conocido como acción de clase (class action) por entender que este procedimiento brinda la posibilidad de "incluir a todas las víctimas en una sola acción y agilizar así la presentación" ante el juez Ercolini.

"Decidimos transformarla en una acción de clase amparándonos en que son derechos colectivos relacionados con un mismo hecho y podemos tener una sola sentencia que puede llegar a amparar a toda la clase", justificó en diálogo con este medio.

El monto que persigue la demanda contempla el daño moral, la incapacidad sobreviniente (física de las personas), la incapacidad psíquica, el tratamiento psicológico, el daño estético y la pérdida de chance (imposibilidad de seguir llevando la misma vida que se tenía previa al accidente).

En otro orden de cosas, Dalbón señaló que la demanda así planteada permite incluir los artículos de la Ley de Defensa del Consumidor referidos a daños punitivos. "Vamos a solicitar que apliquen cinco millones de pesos a TBA y el mismo monto a la línea 92 por daños punitivos para que esto no vuelva a ocurrir", especificó. Y añadió: "Estimo que va a haber una pena concurrente referida a la negligencia del colectivero, pero también a la de TBA".

"Es un claro ejemplo de concurrencia de culpas porque el colectivo debió prever y no haber pasado ese paso sin tomar medidas. La de TBA radica en la falta de señalización segura por no haber estado dadas las condiciones de la barrera. Decir que se encontraba baja no es algo coherente porque había un guarda que no sabemos dónde está y permitía la circulación de vehículos", cuestionó.

Independientemente de las presentaciones mencionadas, el abogado evalúa iniciar acciones legales contra el Estado, puntualmente dirigidas hacia el ministro de Planificación, Julio De Vido, basadas en el "incumplimiento de deberes de funcionario público".

"La responsabilidad es el del Estado y no del gobierno de la ciudad, porque es una cuestión federal. Pensamos que existe responsabilidad del Estado por no haber hecho el soterramiento prometido. De haberse realizado, el accidente no habría ocurrido", sentenció.

Al referirse a la tragedia de Flores, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo ayer que "no se le puede achacar al Gobierno las demoras en el soterramiento" de las vías de la línea Sarmiento y aclaró que el proyecto "nunca se detuvo".

"Hace 94 años que se prometió hacer [el soterramiento]. Estamos hablando de una inversión de muchísimo dinero, que lleva todo un proceso y un esfuerzo muy grande", arremetió.

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Choque de trenes en Flores

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