Los residuos patógenos, sin destino

Entre acusaciones cruzadas y responsabilidades que se deslindan, las 19 toneladas diarias de residuos patogénicos que se generan en hospitales y clínicas porteñas no podrán traspasar desde hoy la General Paz y se acumularán en la ciudad.

La decisión de las autoridades bonaerenses de hacer cumplir a rajatabla la prohibición constitucional del ingreso de desechos tóxicos en su territorio, donde funcionan las nueve plantas de tratamiento, deja a la Capital al borde del colapso sanitario.

Y a los transportistas y operadores de este material contaminante, en medio de un conflicto de insospechadas consecuencias.

Para el subsecretario de Medio Ambiente porteño, Juan Walsh, la decisión del gobierno provincial "parece poco generosa y falta de sentido común. Tanto como si la ciudad resolviera dejar de atender en sus centros de salud los pacientes que llegan del Gran Buenos Aires, que constituyen al 60 por ciento de nuestra población hospitalaria".

Acerca de cómo enfrentará el Gobierno de la Ciudad la imposibilidad de trasladar los residuos patógenos a territorio bonaerense para su tratamiento, Walsh explicó que se iniciaron conversaciones con las autoridades provinciales para que accedan a otorgar un plazo.

La ausencia de plantas depuradoras de los desechos tóxicos en el ámbito porteño obligaba, hasta hoy, a hospitales, clínicas y pequeños generadores (veterinarias, consultorios odontológicos y farmacias, entre otros) a contratar empresas para transportar los residuos fuera del límite de la ciudad.

"En tanto, elaboramos un decreto -que se firmaría esta semana- para autorizar el tratamiento de los desechos in situ, en los establecimientos hospitalarios de la Capital y su posterior traslado a la provincia como residuos domiciliarios", indicó el funcionario a La Nación .

-Pero no todos los hospitales tienen instalaciones para procesar sus residuos.

-No. En algunos funcionan hornos. De todos modos, hay una variedad de sistemas. La amplia oferta de tecnología da flexibilidad para que cada centro resuelva cuál emplear.

-Y mientras se equipen, ¿los desechos se acumularán durante meses en los hospitales?

-Realmente creemos que la Secretaría de Política Ambiental de la provincia va a contemplar la situación. Están jugando con la salud y el medio ambiente por cuestiones políticas.

-¿Por qué lo dice?

-Porque es una decisión muy llamativa y extemporánea. La norma se sancionó en 1994: cuatro años después, recuerdan el artículo y quieren aplicarlo. Además, hay contratos en marcha con los operadores que no se tienen en cuenta.

-El artículo es de larga data. ¿Qué hizo el gobierno porteño para prevenir este desenlace?

-A principios de año, el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley para poder radicar plantas procesadoras en la ciudad. Lo analizan las Comisiones de Ecología y Salud.

Pese a que Walsh afirma la existencia de un proyecto en la Legislatura porteña, ayer el diputado Gustavo Beliz (Nueva Dirigencia) presentó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que dé cuenta de:

• Las medidas tomadas para solucionar el problema que ocasionará en la Capital la prohibición al ingreso de desechos patogénicos en el territorio provincial.
• Si, en sus dos años de gestión, elaboró algún plan para tratarlos.

En tanto, la provincia defendió su derecho a "gozar de un ambiente sano. No hicimos más que ratificar la plena vigencia del artículo 28 de nuestra Constitución", dijo ayer a La Nación Osvaldo Sonzini, secretario de Política Ambiental bonaerense.

-¿Por qué esperaron cuatro años?

-Hemos intentado por todos los medios que la ciudad resolviera este tema, pero pasó el tiempo sin que hagan nada al respecto.

Y Sonzini mezcló causas políticas con su acusación: "Somos cuestionados por las mismas autoridades que nos envían residuos sin solucionar el problema", disparó.

La Secretaría intimó a las empresas recolectoras de residuos peligrosos para que "cesen y/o se abstengan de ingresar residuos desde extraña jurisdicción en el territorio de la provincia.

"Tuvimos un gran gesto solidario con la ciudad. Pero por más buena voluntad que tengamos, todo tiene un límite", protestó el funcionario y recalcó que no fue sencillo ponerle punto final a la situación.

-¿Se comunicó con usted la Subsecretaría de Medio Ambiente porteña?

-Salvo una llamada de (Héctor) Lombardo (el secretario de Salud de la Ciudad), nadie se comunicó conmigo.

Tecsol es una de las empresas que a partir de hoy no pueden transportar las dos toneladas diarias de residuos que generan sus 700 clientes a su planta de la provincia.

Para el director suplente de la firma, Pablo Díaz, la medida pone a su compañía entre la espada y la pared. "Tenemos contratación pública y nos pueden multar administrativamente si no cumplimos con el servicio pactado. Y dejar los residuos en los hospitales o en la vía pública nos puede ocasionar trastornos penales o económicos", se quejó.

"Cuando los depósitos de los hospitales se colmen, los desechos van a acumularse en las calles -lamentó Díaz-. Los perjudicados vamos a ser todos los ciudadanos porteños", concluyó Díaz.

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