Mar del Plata. Citan a indagatoria a dos rosarinos que organizaron fiestas clandestinas
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LA NACIONDarío Palavecino
MAR DEL PLATA.- La justicia federal ordenó que se tome declaración indagatoria a dos jóvenes oriundos de Rosario señalados como responsables de alquilar dos viviendas en un mismo predio donde desde últimos días del año pasado y buena parte del inicio de este mes se realizaron fiestas clandestinas con hasta casi medio centenar de personas presentes en una misma noche.
Se los acusa de incurrir en reiterado incumplimiento de las normas sanitarias que rigen desde mediados de marzo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país en el marco de la actual pandemia por coronavirus, en este caso por delitos contemplados en los artículos 205 y 239 del Código Penal.
Las indagatorias dispuestas por el juez federal Santiago Inchausti se llevarán a la práctica en fecha a determinar el juzgado federal de turno en Rosario, donde ya se instalaron los imputados. A la par se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de ambos acusados y una medida cautelar que les impide abandonar esa ciudad sin autorización judicial.
Sería el primer caso que llega a esta instancia a partir de uno de los fenómenos de este verano en Mar del Plata, donde el municipio detectó y desbarató más de 200 fiestas clandestinas durante estas últimas semanas. A nivel municipal hay una ordenanza que fija multas de hasta un millón de pesos para organizadores y propietarios de esos inmuebles y la provincia habilitó esta semana sanciones similares que van hasta más de 3,3 millones de pesos.
De los testimonios recolectados durante esta investigación surge que a partir del 29 de diciembre último se advirtieron noches y madrugadas con música a alto volumen y notable rotación de jóvenes en el inmueble de Avenida Martínez de Hoz y Racedo, en Punta Mogotes. Se trata de una única edificación en dos plantas, que se alquilan por separado.
Según precisa en la acusación el fiscal General federal de Mar del Plata, Daniel Adler, los inquilinos temporarios de una y otra están identificados como Iván Kopech y Zugarramurdi, ambos domiciliados en la ciudad de Rosario y a quienes allí se los vincula con negocios relacionados con el esparcimiento nocturno.
El Ministerio público, en su presentación, hace hincapié en una fiesta clandestina que en esa propiedad se realizó durante la madrugada del último 6 de enero, interrumpida por la intervención de personal municipal y policial que acudió al lugar ante denuncias de los vecinos por ruidos molestos y masiva presencia de esa gente en esa esquina y alrededores, incluso con algunas escenas de violencia en las calles.
Los testimonios de los agentes intervinientes, tanto inspectores de la comuna como efectivos de la fuerza de seguridad provincial, dan cuenta de la presencia allí de jóvenes que en su mayoría tenían entre 20 a 30, tanto hombres como mujeres.
"Si bien en ambas plantas en teoría había inquilinos que manifestaron no conocerse entre sí, lo cierto es que por el costado y mediante una escalera que conecta ambos pisos3, los jóvenes subían y bajaban, razón por la que la fiesta se llevaba a cabo evidentemente en ambos lugares y de forma compartida", puntualizó en la investigación uno de los agentes municipales que aportó declaración testimonial.
Un empleado de la inmobiliaria Donsini, que alquiló el inmueble, confirmó que los inquilinos eran jóvenes de Rosario pero que "no se conocían entre sí".
"El grupo de abajo tenía pago hasta el 9/1 pero luego de los hechos de público conocimiento dejaron las llaves en las puertas del domicilio y se retiraron del lugar", declaró en sede judicial.
Durante la primera inspección del lugar, según consta en el pedido de indagatoria, en los fondos de la casa había más de 20 bolsas de color negra con botellas de bebidas alcohólicas vacías y vasos, producto de la limpieza diaria que se hacía allí con personal que los propios inquilinos habían contratado también mediante la misma inmobiliaria. "Pagaban de dos mil a tres mil pesos diarios", contó el mismo testigo.
"Resulta por lo menos sugestivo el elevado monto que abonaban por la limpieza diaria del lugar, lo cual permite abonar la hipótesis acerca de la cotidianidad de los eventos que allí se llevaban a cabo y el nivel de organización previa para su realización", concluye el juez Inchausti al fundamentar las indagatorias.
Adler había advertido que "la organización por parte de los imputados de un evento masivo como el que aquí nos convoca (una fiesta, sin ningún tipo de habilitación ni control del estado, en una casa alquilada, para un importante número de personas y en franca violación a la normativa vigente) sin duda implicó un alto riesgo de propagación de la enfermedad COVID 2019".
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