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“Marcha de las velas”: nueva protesta para reclamar por la ley de financiamiento universitario
La concentración será este miércoles, a las 17 en la Plaza Houssay; marcharán hacia el Palacio de Justicia, donde habrá una clase pública de Derecho Constitucional
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LA NACION
Estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocan a la “Marcha de las velas” para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Se concentrarán mañana, miércoles 4 de noviembre, a las 17, en la Plaza Houssay y a las 18 partirán hacia el Palacio de Tribunales. Allí, a las 19, está prevista una clase pública de Derecho Constitucional además del encendido de velas.
“No permitamos que se apague la universidad” es el lema de la convocatoria, impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con la Asociación de Docentes y del Personal de la UBA (Aduba y Apuba) y distintos centros de estudiantes.
La protesta se realizará a menos de tres semanas de la quinta Marcha Federal Universitaria, cuyo acto central frente al Congreso terminó antes de lo previsto, en medio de la lluvia e incidentes. Se reportaron diez heridos y al menos 31 detenidos. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la FUA y el Frente Sindical repudiaron la represión y la violencia que obligaron a interrumpir el acto mientras las fuerzas de seguridad utilizaban camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que arrojaban piedras.
El 26 de junio de 2025, cuando todavía se reclamaba la aprobación de esa ley, los gremios universitarios también marcharon con velas y antorchas desde la Plaza Houssay hasta el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.
El reclamo por el financiamiento atravesó el Congreso, llegó a la Corte Suprema, lleva cuatro marchas y sigue sin resolverse. La ley 27.795 prevé la recomposición de los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios de su personal, además de medidas para actualizar las becas. En 2024, el presidente Javier Milei había vetado una iniciativa similar y el Congreso no reunió los votos para sostenerla.
Luego de que el Congreso sostuviera la ley que el Presidente vetó, el Gobierno promulgó la norma en octubre de 2025 mediante el decreto 759, que supeditó su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. El CIN y las universidades acudieron a la Justicia. En diciembre, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar para que se aplicaran los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. La Cámara Federal confirmó la medida y, tras un recurso del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema la dejó firme.
En junio pasado, el Poder Ejecutivo, los rectores y los gremios llegaron a un acuerdo que incluía mejoras salariales, aumentos en los gastos de funcionamiento y fondos para hospitales universitarios. Dos meses después, los sindicatos retomaron las medidas de fuerza y denunciaron que el Gobierno incumplía tanto la ley como la cautelar y los compromisos firmados con los rectores: cumplieron con la recomposicón salarial en dos tramos —21,33% en junio y 3% en octubre—, pero no con el resto de los puntos.
Varias instancias judiciales consideraron que el Estado no había acreditado el cumplimiento pleno de la medida cautelar. El Gobierno apeló en todas. Finalmente hubo sentencia de fondo y la Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la ley de financiamiento universitario y ordenó aplicarla de inmediato. El juez Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional.
En la víspera de la marcha de octubre pasado, Cormick fijó multas de $100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones y también abrió otra queja y revisará si la medida cautelar es incumplida.
La posición del Gobierno
El Gobierno insiste en que esa ley incumple la ley de administración financiera y el artículo cinco de la ley de ejecución presupuestaria, que establece que, cuando una norma no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto. Lo volvieron a decir el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuando defendieron el proyecto de presupuesto 2027 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. “El (Poder) Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, remarcó Álvarez.
Cuestionaron la administración de los recursos de las universidades a los rectores y el costo por graduado. Acusaron a la dirigencia universitaria y sindical de tener un “acuerdo corporativo y de casta”.
El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.
Álvarez defendió el cálculo del Gobierno y cuestionó que el pedido de los rectores incluyera una recomposición salarial. “No hay un solo gasto que esté desfinanciado”, dijo ante los diputados. En esa misma exposición reconoció que los fondos asignados a los hospitales universitarios todavía no se habían ejecutado.
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