María Fernanda Rodríguez: "Aún no sabemos cuál será la demanda de asistencia legal"

En cuanto bajó del estrado en el que, junto a su jefe, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, dejó abierta la inscripción de postulantes al registro de abogados para asistir legalmente a las víctimas de violencia de género, María Fernanda Rodríguez ya tenía en mente cuál será el primer y gran desafío que deberá enfrentar: "Hacer una cobertura desde Ushuaia hasta La Quiaca".

"No será fácil porque aún no tenemos certezas de cuál va ser la demanda real de asistencia legal a la que vamos a tener que dar respuesta. Lo que sí sabemos es que lo tendremos que hacer con calidad y con control de la gestión", reflexionó ante LA NACION Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia y coordinadora institucional del cuerpo de letrados patrocinantes. En ese sentido, enfatizó que lo más importante será "dar un servicio de calidad a las víctimas".

El Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género tiene como misión garantizar el acceso a la Justicia según lo establecido en la ley nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Los cifras que manejan como hipótesis en el Ministerio son altas: si cada abogado llega a tener 50 casos activos (ninguno se resuelve instantáneamente y tenderán a acumularse), con uno por provincia serán 1200 causas para supervisar desde la coordinación institucional.

-¿Cómo planificarán las acciones del cuerpo?

-La ley propone dos cuestiones desafiantes en cuanto a la planificación de la respuesta: tanto la especialización en violencia de género por parte de los abogados que se inscriban en el registro y un desconocimiento de la real demanda de las víctimas. Pero para eso está el Cuerpo, que engloba todo un sistema de apoyo que va a formar parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que va a dar el soporte administrativo, de capacitaciones y de manejo de datos para todos los abogados que deban litigar en todo el territorio.

-¿Qué requisitos deben tener los postulantes al registro?

-Uno de los ejes fundamentales de esta iniciativa es fortalecer la abogacía como profesión. Para eso buscaremos contratar abogados, fijar con ellos los honorarios por sus servicios profesionales y fijar ciertos requisitos que la misma ley nos impone respecto de estos profesionales; el más importante es que sean formados en la perspectiva de género y que tengan cierto perfil de idoneidad técnica y moral para patrocinar a las víctimas. El sistema de evaluación para los cursos es muy exigente: si un candidato no pasa el primer módulo no puede continuar con el segundo. El curso de especialización durará tres meses y requerirá un compromiso real, ya que los aspirantes tendrán que cursar muchas clases.

-¿Cómo garantizarán la cobertura integral de las demandas de las víctimas?

-Una de las cosas que pueden pasar, y que debemos prevenir, es, por ejemplo, que en una provincia no se inscriba ningún abogado en el sistema; en ese caso debemos pensar cómo cubrir esa vacante porque la ley nos impone garantizar el servicio. No obstante, creemos que se van a anotar abogados en las 24 provincias, no solo porque esto será una fuente de trabajo, sino porque hay muchos profesionales del derecho comprometidos con el tema.

-¿Cuál es la situación sobre la temática en las provincias?

-Existen observatorios provinciales repletos de abogados que militan el trabajo con las mujeres. Si logramos hacer que formar parte del Cuerpo sea algo prestigioso, muchos querrán sumarse. Hay mucha gente que trabaja en estos temas y casi no cobra, lo hacen por convicción. Conozco a profesionales muy valiosos en todo el país y por eso tengo la esperanza de que haya muchos candidatos para ocupar estos cargos.

En cuanto al acceso de las víctimas al cuerpo de abogados gratuitos, Rodríguez explicó que habrá un esquema de organismos derivadores. "Cuando haya un caso, la víctima podrá pedir un abogado en uno de los centros de Acceso a la Justicia que manejamos desde el Ministerio (hay 89 en todo el país), aunque también estamos en un proceso de generar acuerdos de derivación con otros organismos", sostuvo. Entre otros, presta este servicio la Defensoría General de la Nación.

Desde el Ministerio de Justicia afirman que aún resta trabajo por hacer para generar esquemas más equitativos de acceso a la justicia para las víctimas. En ese contexto, la subsecretaria Rodríguez explicó a LA NACION que es importante que la apertura del registro de abogados de las víctimas de género se comunique y difunda públicamente para que todos los abogados sepan que existe y puedan presentarse como postulantes en todo el país.

"La necesidad de la creación de un Cuerpo con estas características surge del aumento de las denuncias de violencia de género, ya que muchas mujeres se han animado a denunciar la problemática; de un movimiento social muy fuerte que respalda esta iniciativa, y de un Estado que comenzó a generar herramientas que puedan ayudar a las mujeres", concluyó Rodríguez.

Por Vanesa Listek

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