Coronavirus: más casos en otro geriátrico reavivan el temor y la Ciudad intensifica controles

Con la confirmación de siete casos positivos de Covid-19 y otro adulto mayor fallecido en el Hogar San Lucas, en Parque Avellaneda, se reinstaló la preocupación por el rápido crecimiento de contagios en uno de los sectores más vulnerables en medio de la pandemia: los geriátricos. Con pocas horas de diferencia, la noticia de lo sucedido ayer en el San Lucas se sumó al caso del geriátrico Residencias Apart Incas, en Belgrano, que fue clausurado por el gobierno porteño luego de que se confirmaron 19 infectados entre residentes y trabajadores, y ante las irregularidades que quedaron al descubierto en el manejo del protocolo.

Anoche, la Ciudad informó que intensificará la rutina habitual de controles en estos establecimientos. Según datos oficiales, hay un total de 478 habilitados, de los cuales fueron inspeccionados 267 en lo que va del año. Las realizan agentes del Ministerio de Salud y de la Agencia Gubernamental de Control.

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El impacto del virus en los geriátricos encendió la alarma entre los especialistas locales, que temen que las residencias para adultos mayores se conviertan en un símbolo del desastre, como sucedió en los países europeos más castigados por el Covid-19, como Italia o España.

El defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña, Eugenio Semino, los calificó recientemente como una bomba de tiempo y alertó a las autoridades sobre la falta de control de las medidas de prevención y detección temprana de casos sospechosos, tanto de los residentes como de los trabajadores. Porque al igual que ocurrió en Apart Incas SA, el paciente cero de San Lucas también sería un empleado que asiste a los residentes, en este caso un auxiliar de enfermería.

Ayer, Juan Mahiques, fiscal general de la ciudad, confirmó nuevos detalles de la investigación sobre el geriátrico clausurado en Belgrano, donde además de la violación al protocolo de salud se sumó la figura de abandono de persona, luego de la denuncia penal de un familiar de uno de los residentes del Apart Incas SA. Por videoconferencia y por mail, la fiscalía está convocando a otros familiares de los internados para hacer declaraciones testimoniales.

Las víctimas del coronavirus que ya se contabilizan en las residencias porteñas tienen réplicas en distritos del conurbano y otras provincias. La semana pasada, se clausuró el geriátrico La Nona, en la localidad bonaerense de Paso del Rey, después de confirmarse la muerte por Covid-19 de una residente de 82 años.

Fue el pasado 13 de abril, cuando Carmen Brites fue trasladada a una clínica privada de Moreno porque tenía insuficiencia respiratoria. Pese a que la mujer tenía algunos síntomas de coronavirus, una de sus hijas declaró que no se activó el protocolo especial para su traslado.

Las irregularidades en las residencias de mayores son una constante en todas las jurisdicciones del país. Los adultos mayores están expuestos más que nunca a los riesgos que pueden desatarse por la falta de control de las autoridades sanitarias y el mal manejo de los protocolos de atención de los dueños de muchos de estos establecimientos. Sin contar, como denunció Semino, a los miles de centros que funcionan sin habilitación o de forma irregular.

Cierre

Luego de la muerte de Brites, La Nona cerró sus puertas. Pero solo en 2019 el Ministerio de Salud de la Provincia clausuró otras 115 residencias, según los registros oficiales.

La obra social de los jubilados y pensionados, PAMI, que tiene unos cinco millones de afiliados, contrata servicios en 560 geriátricos del país. Uno de ellos es el geriátrico Santa Lucía, en Saldán, a pocos minutos de la ciudad de Córdoba, donde murió la séptima víctima del coronavirus contabilizada en esa provincia.

El hombre tenía 74 años. Luego de que se confirmara su caso, otros 66 tests realizados entre los internos y los empleados dieron positivo. El Ministerio de Salud provincial denunció penalmente al establecimiento por haber omitido esa muerte ante las autoridades sanitarias, además de otros incumplimientos en las medidas de prevención.

A los pocos días de haberse declarado el aislamiento social y obligatorio impuesto por el Gobierno, esta vez en el barrio porteño de Villa Luro, los vecinos fueron testigos de una escena que encendió el pánico: más de una docena de ambulancias del SAME llegaron a un geriátrico ubicado en Magariños Cervantes al 4600 y evacuaron a 40 ancianos. La causa del operativo había sido la muerte de una mujer de 82 años que días atrás había sido trasladada al Hospital Italiano y falleció.

El test de coronavirus que se le hizo luego encendió la luz roja. Su resultado había sido positivo. Además de la evacuación de los residentes, se dispuso como medida preventiva que los 20 empleados del geriátrico entraran en cuarentena. En ellos, otra vez, se enfocó la investigación epidemiológica para determinar cómo el virus había entrado al lugar.

Con la suspensión de las visitas a los geriátricos, también cayeron las inspecciones. La alarma está encendida, y la atención de los adultos mayores que viven en estos establecimientos no puede esperar. Son los más vulnerables frente al virus por su edad, sus enfermedades crónicas y la situación de encierro en la que pasan sus días en estos hogares.

Con la colaboración de José María Costa