Más controles para los geriátricos de la ciudad

Para muchas familias son una solución y para otros, un gran negocio que no siempre ejercen como corresponde.

La unidad que controla los geriátricos privados de la ciudad dijo que no cuenta con los mecanismos legales necesarios y que las normas vigentes sólo aseguran "condiciones mínimas" para la atención de los mayores.

"No podemos exigir lo que no está reglamentado", explicó Graciela de Avalos, coordinadora de la Unidad de Contralor de Establecimientos Geriátricos Privados, que depende de la Secretaría de Promoción Social del gobierno porteño.

Ante este vacío legal, la diputada frepasista Sandra Dosch presentó un proyecto de ley para reglamentar el funcionamiento, control y fiscalización de los geriátricos privados que, según se prevé, será tratado hoy en la Legislatura de Buenos Aires.

"Se toma a los geriátricos como locales de hotelería, sin contemplar el tema de las prestaciones nutricionales, la rehabilitación ni los aspectos de recreación", sostuvo la legisladora, quien agregó que tampoco se contempla el acceso de personas con necesidades especiales.

"Cumpliendo con requisitos mínimos cualquiera habilita un geriátrico", protestó Dosch, que, paradójicamente a su preocupación por los mayores, es la legisladora más joven.

La autoridad de aplicación de las medidas será la Unidad de Contralor de Establecimientos Geriátricos Privados, donde un equipo de 16 profesionales mide la calidad de las prestaciones. Es la misma unidad que los controla actualmente, pero sus integrantes esperan que la futura ley les brinde más armas para preservar la calidad de la atención.

Pocas herramientas

Según detalló Avalos, en la ciudad funcionan 800 establecimientos privados. Hasta el 31 de octubre último, la unidad que está a su cargo había visitado 717 geriátricos, 577 de ellos en procedimientos de rutina, 43 por denuncias recibidas y los restantes 97 en operativos con otras áreas del gobierno.

"Las deficiencias más comunes son la ausencia de barandas y de antideslizantes, la falta de higiene en las cocinas y la escasez de acopio de alimentos", explicó Avalos a La Nación .

"La unidad no tiene poder de policía y funciona con un presupuesto mínimo de 30.000 pesos por año -se quejó Dosch-. Pero con cerrar las instituciones no ganamos nada, necesitamos mejorar los geriátricos que ya existen y prevenir futuras contravenciones: la norma levanta el nivel para todos y establece condiciones mínimas obligatorias."

Requisito indispensable

Su proyecto destaca que inscribirse en el Registro Unico de Establecimientos Geriátricos Privados de la ciudad será requisito indispensable para poder funcionar.

El proyecto también promueve la clasificación de geriátricos en categorías, de acuerdo con las patologías que atienda cada institución. "Actualmente, muchos de los geriátricos son depósitos de personas mayores, donde conviven ancianos autovalentes , que necesitan hogar, con personas con demencia, donde ninguno recibe la atención que necesita y así se agudiza el deterioro", dijo la diputada.

La iniciativa establece la capacitación obligatoria para todos los integrantes del staff de los geriátricos, y este perfeccionamiento deberá hacerlo el Gobierno de la Ciudad.

"Así, se obtiene un control efectivo respecto de la calidad del servicio y se crea una bolsa de trabajo real, donde los geriátricos tendrán que, indefectiblemente, elegir al personal especializado", detallan los fundamentos.

La capacitación obligatoria que se exigirá al personal cuando se apruebe su proyecto tiene un porqué: "En general son empleos mal pagos, de horas de trabajo, que tiene mucho recambio de personal", agregó la diputada.

Por Cynthia Palacios

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