“Mensaje contundente”: tras la anulación del veto a la emergencia en discapacidad, familias y ONG reclaman la implementación
Celebraron la decisión histórica del Senado y mostraron preocupación por los tiempos que el Ejecutivo disponga para que se empiece a aplicar
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LA NACIONEvangelina Himitian
“Hoy dejamos de ser invisibles”, dice la actriz Valentina Bassi, madre de Lisandro, un adolescente de 17 años con autismo, que durante los últimos meses se convirtió en uno de los rostros visibles del reclamo por las personas con discapacidad. Manda el audio ante la consulta de LA NACION, pocos minutos después de la votación, mientras se aleja de la Plaza del Congreso, donde estuvo desde las 10 de la mañana. Sus palabras condensan la emoción de miles de familias, prestadores y personas con discapacidad que celebraron la decisión histórica del Senado: anular el veto presidencial a la ley de emergencia para el sector.
Para quienes llevan meses marchando y reclamando la crisis que vive todo el ecosistema de la discapacidad, o que enfrentan el recorte de las terapias de sus hijos o se quedaron sin transporte, o le cortaron la pensión por invalidez o dejaron sin acompañante a sus hijos, la votación fue una suerte de reconocimiento, de validación ante la sociedad, largamente esperada. “Haber dado vuelta un veto es histórico, pero que lo haya hecho el sector de discapacidad es todavía más histórico”, explica Bassi. “Siento que entramos en agenda y de ahí no nos vamos más. Durante meses vivimos la tristeza de sentirnos atacados, desfinanciados, de no entrar nunca en la agenda pública. Ahora, con esta decisión, sentimos que la lucha dio frutos”, agrega.
Sus palabras de Bassi condensan la emoción y la urgencia. “Las personas con discapacidad tienen dificultades para movilizarse por su misma condición y, sin embargo, hoy la plaza estaba llena de familias, de prestadores, de usuarios. Muchos marchamos en nombre de quienes no podían estar presentes. Aprendimos a ser combativos y ojalá eso no se pierda. Pero también sabemos que esto no termina aquí: la ley tiene que implementarse ya. Las instituciones están colapsadas de deudas, los hogares y las escuelas no pueden sostenerse. Eso es lo que garantiza que nuestros hijos reciban los apoyos que les permiten tener calidad de vida y autonomía en el futuro”, detalla Bassi.
Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, referente en el área, lo resume así: “Esta aprobación por parte del Senado es muy importante, no solo por lo que se consigue de manera directa –pensiones para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, actualización de aranceles, más cupos en talleres protegidos, entre otras cosas–, sino por lo que significa en términos de sociedad. Es una manera de decirle a este Gobierno: ‘Miren, los argentinos pensamos al Estado de otra forma. No queremos un Estado ausente, sino presente frente a las necesidades de quienes más lo requieren”.
Molero advierte que la aplicación será compleja y que hará falta reglamentar varios artículos, pero insiste en que el mensaje político está dado. “Hay que ponerse a trabajar, no es automático. Algunas pensiones deberán tramitarse, habrá que definir cómo se reconocen las deudas arrastradas entre 2023 y 2024, y cómo se ajustarán las prestaciones en relación al costo de vida. Pero lo central es que el Congreso fijó una postura clara: no se puede dejar a las personas con discapacidad a la intemperie, no se las puede responsabilizar de un descalabro fiscal que no existe”, afirma.
Derechos, no privilegios
La emoción también es palpable en las palabras de Marlene Spesso, la madre de Ian Moche, el activista del autismo que en los últimos meses fue blanco del hostigamiento de los trolls afines al Gobierno y demandó al presidente Javier Milei por haber retuiteado un mensaje con una foto suya, que lo agraviaba y tildaba de “kuka”. Por eso, para Marlene lo que ocurrió en el Congreso fue casi un acto de reparación. “Estamos felices. Hacía muchos años que no pasaba que un veto fuera revertido en ambas cámaras. Y eso demuestra que lo que reclamamos no son privilegios, son derechos. No importa el partido político: los derechos no se discuten, no son una cuestión de fe. No hay que andar probando si la discapacidad es real o no”, expresa.
Spesso recuerda con dolor las escenas de los últimos meses: “Hicieron pararse a personas en sillas de ruedas para verificar si podían caminar. Mandaron cartas documento que los ciegos no podían leer porque no estaban en braille. Todo eso fue una crueldad innecesaria. Siempre se nos señaló como si no tuviéramos derecho a nada, como si fuéramos inútiles. Pero la discapacitante es la sociedad, no las personas”.
Marlene e Ian decidieron no estar presentes en la movilización, ya que un entorno con tantos estímulos no es lo recomendable para el chico, de 13 años. Sin embargo, se fue al colegio y siguió durante la tarde lo que ocurría en el Congreso. “Hoy no pudo hablar, se quedó sin palabras de la emoción. La ciencia lo llama mutismo situacional, yo prefiero decir que fue demasiado lo que sentimos en un solo día. Volvió a casa feliz. Me dijo que la plaza había demostrado que la comunidad ‘disca’ no es una minoría, que estamos unidos y que podemos hacernos escuchar”, apuntó.
La urgencia de lo inmediato
La alegría convive con la preocupación. “El veto fue rechazado con contundencia en las dos cámaras. Ahora se tiene que implementar ya, porque estamos al borde del colapso”, advierte Bassi. “Las instituciones, los hogares, los centros de día necesitan los fondos de inmediato. No podemos seguir esperando. La emergencia la declaramos hace meses; ahora ya es un colapso”, suma.
Molero coincide: “El riesgo es que se dilate. Todas las leyes requieren reglamentación, pero hay que acelerar. El Congreso habló, y habló con contundencia. Lo que falta es que el Ejecutivo lo implemente”.
Spesso, por su parte, subraya el sentido de comunidad que quedó en evidencia. “Admiro a las personas con discapacidad que estuvieron en la plaza. El mensaje para Milei fue contundente: no era por ahí el ajuste. Hoy sentimos que la democracia nos devolvió un poco de justicia. Ojalá nuestro país siga encontrando consensos en estas causas que son nobles, humanas y necesarias”, señala.
Paulo Morales es director de TEActiva, una agrupación que produce contenidos audiovisuales sobre autismo. “Una ley no resuelve mágicamente nuestros problemas, es más bien una victoria simbólica. Y en esa simbología creemos que desde la discapacidad estamos mandando un claro mensaje que no somos la batalla para dar. Nosotros, que amamos incondicionalmente a nuestros familiares y daríamos nuestra vida por ellos, estamos acostumbrados a ir a fondo contra todo tipo de adversidades, muchas veces solos. No hay batalla que no estemos dispuestos a afrontar por ellos, por eso esta guerra que inexplicablemente el Gobierno propuso dar contra la discapacidad a largo plazo nunca la va a poder ganar”, explica.
“Es triste que estemos en el medio de este sinsentido, ya que en la Argentina hay presupuestos mucho más grandes y menos delicados que este. Ojalá a partir de ahora se genere una reflexión y, en lugar de ir contra las familias, se enfoque la lucha hacia el lugar correcto: combatir la corrupción que nos afecta a todos. Es una lucha que [el Gobierno] prometió y no está cumpliendo. Si decide retomarla, allí estaremos para apoyar porque es uno de los grandes males, no solo de la discapacidad, sino del país”, cierra.
La periodista María Julia Olivan, mamá de Antonio, con TEA, fue una de las voces que pusieron en palabras la crisis de la atención de la discapacidad: “El no al veto para mí tiene un sabor amargo, al menos agridulce. Si bien celebro que se sostenga la ley de emergencia en discapacidad, me preocupa profundamente cómo se va a instrumentar. Una emergencia nunca es una buena noticia: implica redireccionar partidas, implica caos, y lo que necesitamos no es más incertidumbre, sino gestión. Hoy vemos auditorías que son un bochorno, donde prácticamente se les pide a las personas con discapacidad que se autoauditen, mientras nadie explica de dónde salen las cifras que se usan, cuando incluso se nos negó la posibilidad de estar debidamente registrados en el censo.”
Y siguió: “Todo esto ocurre en medio del silencio y el desconcierto en el área. Y me da temor que, detrás de esta emergencia, se esté pensando en un sistema más restrictivo, menos protector y abarcativo, que deje afuera a la clase media que pelea por no caer en la pobreza. La ley argentina de discapacidad es muy buena y debemos defenderla tal como está. Después sí, sincerar costos y transparentar las maniobras que no corresponden, pero no a costa de recortar derechos. Por eso digo que es un día agridulce: hay algo para celebrar, pero mucho más para estar alerta.”
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