Natacha Jaitt se escapó a la carrera de Comodoro Py sin ratificar sus acusaciones

Después de su raid de denuncias en televisión y redes sociales, la mediática Natacha Jaitt negó ayer ante la Justicia haber vinculado al periodista Carlos Pagni con abusos a menores.

"Yo no hablo de Carlos Pagni, dije C.P., hablo de Carlos Pérez, por lo tanto no respondo en relación con Carlos Pagni", dijo Jaitt frente al fiscal federal Federico Delgado, según consta en la declaración judicial que obtuvo LA NACION.

Delgado investiga la denuncia presentada por Pagni después de la escandalosa presentación de Jaitt en el programa de Mirtha Legrand del sábado pasado.

En aquella oportunidad había referido que, contratada por una empresa que no identificó, hizo un seguimiento durante un año a un periodista con esas siglas y que tenía pruebas que lo involucran en la causa de pedofilia. Días antes lo había señalado en Twitter: escribió que "C.P." era "pelado" y que había trabajado en el canal TN.

La versión que dio ante Delgado dejó desconcertados a los participantes de la audiencia. No dio precisiones de quién es el tal Carlos Pérez al que se refiere. Tampoco quiso explicar qué empresa la había contratado, cuánto le pagó ni cómo fue la operatoria de inteligencia con cámaras de vigilancia, que describió en televisión.

Jaitt se negó a responder preguntas y se retiró intempestivamente de la sala. Su abogado la fue a buscar y logró sentarla otra vez frente al fiscal, pero volvió a salir corriendo después de proferir insultos contra los presentes.

En su programa Odisea, de LN+, Pagni había afirmado el lunes pasado que Legrand "ofreció su programa para una operación" y anunció la denuncia presentada por sus abogados para que se investigara el "espionaje clandestino" en su contra que confesó Jaitt.

"Este episodio es rarísimo, porque es la primera vez que alguien confiesa que fue contratado y realizó tareas de inteligencia de manera clandestina, es decir, por fuera del control de la Justicia y del Estado. Esto nos pone un ejemplo sobre la mesa de algo que pasa en la Argentina desde hace mucho tiempo; en este caso, aparentemente para tener como blanco a dirigentes políticos y periodistas", dijo Pagni.

Según TN, una de las asesoras que acompañó a Jaitt en el programa emitido el sábado pasado es una exagente de inteligencia, que el canal de noticias identificó como Ana Polero.

La presencia de Jaitt en el edificio de Tribunales de Comodoro Py, en Retiro, fue un escándalo. En medio de la audiencia ante el fiscal Delgado y sin contestar varias preguntas, la mediática se retiró intempestivamente, a los gritos y a las corridas del despacho.

Poco después Jaitt se quedó sin su representante legal, el abogado Diego Storto.

Así lo informaron a LA NACION allegados a Storto. "A partir de hoy [por ayer], el doctor Storto no es más el abogado de Jaitt", dijeron las fuentes consultadas.

En el acta judicial de la declaración testimonial de Jaitt se sostuvo: "En este acto, y tras haberse puesto en conocimiento de la testigo de las preguntas a realizar, la misma manifestó que no respondería las preguntas de la fiscalía y se retiró intempestivamente de la dependencia. No siendo para más, tras la huida [sic] de la deponente sin que la oficial del piso la frenara se da por terminado el acto".

Una vez fuera de Tribunales, Jaitt descargó su enojo en Twitter. "Manga de siniestros mafiosos me estaban haciendo una cama. Ahora sí se les pudrió el rancho. Aviso que Diego Storto cómplice de esta mugre mafiosa dejó de ser mi letrado hoy", sostuvo.

En una respuesta a un tuit de un abogado, Jaitt afirmó: "Doc, todo armado sin mi firma sin mi consentimiento sin aviso previo sin citación y peor, me encerraron y no me dejaban salir, tuvo que ayudarme una policía mujer, incluso me saco x la villa 31".

Fuentes judiciales dijeron que la actitud de Jaitt podría ser considerada como de "testigo reticente" o el delito de "desobediencia", contemplado en el artículo 239 del Código Penal, que sostiene que "quien desobedeciere una orden de autoridad competente será penado con penas de 15 días a un año de prisión".

LA NACION

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