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Necesita una rampa en la casa, pero sus vecinos se oponen
A Tribunales: el consorcio del edificio de Flores donde vive una discapacitada alega que dicha adaptación devaluará la propiedad.
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Nancy Domínguez no piensa darse por vencida: es discapacitada motriz y lucha por tener una rampa en el edificio donde vive desde hace casi cuatro años. Todavía no lo consiguió. Por eso recurrió a la Justicia.
Sus vecinos se niegan a modificar la entrada del inmueble porque "eso devaluará la propiedad", según explicó Abraham Camil, administrador del consorcio de Rivadavia 6091, un típico edificio de clase media del barrio porteño de Flores.
Domínguez tiene 39 años y no camina desde los 10, debido a la poliomielitis. Vive con la madre, la hermana y un sobrino. Trabaja de lunes a viernes como telemarketer en la Fundación Par, pero no puede salir sola de la casa por culpa de dos escalones que obstaculizan el paso de sillas de ruedas.
Aunque se desplaza sin ayuda gracias al motor automático de su silla, cada vez que quiere entrar o salir de su domicilio alguien tiene que colocar dos maderas de casi medio metro -que hacen de rampa móvil- sobre los escalones de la entrada.
"Dicen que me tengo que mudar, que mi madre fue torpe cuando compró en este edificio. Alegan que las rampas son antiestéticas y que igual yo no puedo abrir sola la puerta del ascensor", contó Domínguez, que tiene inutilizada la mano derecha.
Habla con voz firme y convencida de que tiene razones para estar enojada con sus vecinos, que, jura, ni siquiera la saludan. "Me tratan igual que a una cosa. Llegaron a sugerir que tenga a mi disposición al encargado para que ponga y saque las maderas", se queja.
Junto con su madre, Julia; su sobrino Matías, y Mercedes, vecina del 7º A, Domínguez contó que no va a las reuniones de consorcio porque se siente "agraviada y con mucha impotencia".
Su madre, que aunque vino de San Juan hace más de 30 años conserva el acento provinciano, agregó: "Nos han herido mucho. Los vecinos que no quieren la rampa -32 de 35 propietarios- creen que lo nuestro es un capricho y no una necesidad. Pero las maderas pesan mucho y yo ya tengo 61 años. Todos están propensos a que les pase algo, deberían ser un poco más solidarios".
El precio de la rampa es de 40 pesos por propietario y puede pagarse en dos cuotas. El consorcio ya pagó a un abogado 600 pesos prorrateados en las expensas para encargarse del juicio contra Nancy Domínguez.
María García, del 8ºA, fue categórica al rechazar la rampa. "Es algo que no se puede hacer. Mi esposo no quiere hablar del tema. Ya se hizo mucha mala sangre por esto", dijo por el portero eléctrico, antes de sugerir que se consultara al administrador Camil.
"Nos perjudica a todos"
Camil leyó a La Nación el acta de las últimas reuniones de consorcio. Así, confirmó los dichos de Domínguez y puso en blanco sobre negro el rechazo de la mayoría de los vecinos para modificar la entrada del edificio.
"Con la rampa se devalúa toda la propiedad. Mi esposa también necesita silla de ruedas, pero yo no pretendo devaluar la propiedad de todos mis vecinos. ¿Qué pasa si mañana se muda? Nos deja a todos perjudicados", sentenció el administrador y propietario del 6º C.
Camil confirmó que hace unos años la familia Domínguez, con el visto bueno del anterior administrador, comenzó a construir una rampa y tuvo que suspender la construcción por problemas de estructura. "Acá no hay mala voluntad, lo que pasa es que no hay espacio. Sin perjuicio de lo que salga, el consorcio no tiene por qué pagar", afirmó el administrador.
Además, Camil explicó que otro vecino, un abogado que vive en el 5º A, afirma que "en derecho nadie puede alegar su propia torpeza y, como esta señora compró un departamento en un edificio donde había dos escalones, ahora no puede protestar".
El miércoles último fracasó la audiencia de mediación entre Domínguez, que está patrocinada por Adriana Labatón -la abogada que con un juicio contra el Estado consiguió que todos los edificios del Poder Judicial tengan rampas-, y el consorcio, representado por el administrador Camil y el letrado Osvaldo Parente.
Ahora, el juez civil Rodolfo Victoriano Arata tiene la palabra.
La ley es clara
La legislación vigente está del lado de Nancy Domínguez, explicó la arquitecta Patricia Recchini, de la Comisión Nacional de Discapacitados.
"El decreto 914, reglamentario de la ley de accesibilidad al medio físico, dispone que los espacios comunes de los edificios de vivienda colectiva deben tener accesibilidad para las personas con necesidades especiales", dijo la arquitecta.
Recchini aclaró que aunque la norma no obliga a modificar lo que está construido, "hay jurisprudencia que garantiza que se creen rampas en los edificios en los que hay algún perjudicado".
