Niegan cobertura a una diabética

Necesita una bomba de insulina que cuesta 5112 pesos. Y cree que tiene derecho a reclamarla. Myriam Núñez, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, recurrió a la Justicia porque la obra social de la Universidad de Buenos Aires no le cubre la compra ni el alquiler del aparato que necesita para seguir con vida.

Es matemática, está casada y padece de diabetes. Tiene 34 años y está enferma desde hace siete.

Su sueldo (con sus dos cargos suma 380 pesos) no le alcanza para adquirir la bomba de insulina y la Dirección General de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (Dosuba) asegura que, por reglamento, no le corresponde afrontar ese gasto.

Harta de reclamar por su tratamiento desde febrero último y mientras sufre regularmente picos de hipoglucemia -disminución de azúcar en la sangre-, Myriam Núñez llevó su caso al juzgado de la Seguridad Social Nº9, a cargo de Alberto Ize.

Derecho a la salud

Con el auspicio de la Fundación Poder Ciudadano y el asesoramiento jurídico de la Asociación por los Derechos Civiles, Myriam Núñez presentó un recurso de amparo contra Dosuba fundado en el derecho constitucional a la salud que tienen todos los ciudadanos.

El juez Ize se declaró incompetente y ayer su expediente pasó a la Cámara Civil y Comercial Federal para que -por sorteo- se designe un nuevo magistrado para estudiar su caso.

Antes de empezar a deambular por despachos de Tribunales, Núñez visitó a una decena de especialistas que no acertaron en el diagnóstico para su enfermedad.

Una médica de la Clínica Bazterrica dio en la tecla. La solución para ella podía ser la colocación de una bomba de insulina, que administra la droga cada tres minutos, según un esquema previamente programado.

La distribuidora de la bomba (Danico) le otorgó en préstamo el aparato por dos meses y la médica, junto con otros cinco especialistas, establecieron que ése era el tratamiento adecuado.

Pero pasaron los 60 días y la paciente debió devolver la bomba. No tiene suficiente dinero para pagarla y la obra social dice que no le corresponde cubrir ese tratamiento.

En la presentación judicial, que lleva la firma de los abogados Hernán Güllco, Mónica Román y Alejandro Carrió, Núñez expuso su caso y solicitó que se condene a la obra social "a proveer la cobertura de la bomba de insulina requerida".

Papeles y recursos

Dosuba insiste en que no tiene por qué cumplir con el pedido. Consultado por La Nación , un funcionario de la obra social reiteró que según su "reglamento de prestaciones y afiliaciones, aprobado por el Consejo Superior de la UBA, lo que Núñez reclama no corresponde".

Miguel Pujol, director de Dosuba, negó estar frente a un caso de discriminación y explicó que el "100 % del tratamiento de diabéticos está a cargo de la obra social, pero la bomba insulínica no, porque ninguna obra social la cubre y porque hay dudas científicas sobre su eficacia".

Una alta fuente del Rectorado de la UBA, que aseguró no estar enterado del caso, dijo que el expediente de la afiliada nunca llegó allí porque "no interpuso un recurso de denegatoria ante la negativa de Dosuba de darle la cobertura que necesita".

Esto significa, en términos jurídicos, que Myriam Núñez no apeló la decisión de la obra social de no cubrir la bomba de insulina que requiere.

Como nunca, según coincidieron los especialistas, el tiempo vale oro en la vida de Myriam Núñez. Por eso, explicaron sus abogados, presentaron un recurso de amparo -que es el remedio judicial más rápido que prevé la Justicia para cuando hay un derecho constitucional vulnerado-.

Parece casi infantil. "Si bien la bomba de insulina no está prevista expresamente en el reglamento de Dosuba, cabe entender que sí lo está", interpretó el abogado Güllco.

Y agregó: "Primero: porque cuando se aprobó el reglamento la bomba no existía, entonces, es obvio que no la comprenda la norma si se hace una interpretación taxativa. Segundo: porque Dosuba dice que cubre el 100% del tratamiento de diabetes y, en este caso, la bomba es imprescindible para la salud de su paciente".

Por los derechos de todos

La Asociación por los Derechos Civiles, que patrocina a Myriam Núñez, es una organización no gubernamental (ONG) que lucha por el respeto de los derechos humanos.

Esta entidad sin fines de lucro, que brinda asesoramiento jurídico gratuito en casos de interés público, nació cuando un grupo de docentes de las facultades de Derecho de Buenos Aires y de Palermo se unieron "para contribuir a afianzar los derechos y garantías de los individuos", explicó su presidente, Alejandro Carrió.

Los letrados, para cumplir con su objetivo, identifican casos piloto que les posibilitan la defensa de personas, cuando la transgresión a un derecho fundamental no afecta a alguien en particular sino a un grupo considerable de personas en igual situación.

En este caso, además de Myriam Núñez, hay muchos otros diabéticos -afiliados a Dosuba y a otras obras sociales- que pueden estar en la misma situación.

Otros casos

Desde que empezó a funcionar en 1996, la asociación ganó varias batallas en los Tribunales.

La abogada Adriana Labatón, que se desplaza en silla de ruedas, consiguió -recurso de amparo mediante-, que todos los edificios del Poder Judicial tengan rampas para discapacitados y baños adecuados a sus necesidades.

Elvira Bella, la tiradora a la que la Federación Argentina de Tiro (FAT) se negó a consagrar campeona por ser mujer, logró después de dos años de pelear en la Justicia y gracias a tres fallos en su favor, que le entregaran el primer premio en la categoría Fusil Militar del 54 Campeonato Nacional de Tiro, en el que se había impuesto a los hombres con los que compitió.

Con su reclamo, Isabel Ferreira obtuvo que la Justicia ordene al Gobierno de la Ciudad a dar trabajo a los discapacitados y cumplir así con el cupo del cinco por ciento de los empleados públicos, que la Constitución les garantiza a las personas con necesidades especiales.

Asesoramiento

Aquellos que, como Myriam Núñez, necesiten asesoramiento jurídico gratuito, tienen más de una opción:

• Asociación por los Derechos Civiles: atiende casos vinculados con temas de interés público. El teléfono es 382-8369.
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): se ocupa de casos vinculados con los derechos humanos. Los teléfonos: 371-9968/3790.
• Servicio permanente de defensa pública: funciona en la Defensoría Oficial, en Callao 970, planta baja, de 8 a 22. Los teléfonos son: 816-7280/7281.

Por Laura Zommer

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