Paro universitario: otra vez no hay clases en las facultades públicas nacionales
El paro del sector educativo universitario, que reclama paritarias y por el presupuesto, y con altísimo acatamiento, es la antesala de la marcha que tendrá lugar el miércoles próximo
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Los pasillos de la Facultad de Medicina de la UBA están vacíos. Para entrar hay que tocar el timbre, y solo los investigadores pueden pasar. Es una visión que no asombra en estos días, pero que tampoco es normal. Lo mismo pasa con lo poco que puede verse a través de la puerta cerrada de Ciencias Económicas. En ambos casos, solo hay trabajadores no docentes en guardias mínimas. No hay profesores ni alumnos, una deserción que se debe al alto acatamiento de estos sectores al nuevo paro que anunciaron las universidades públicas del país. Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de las Artes: completamente vacías.
Solo en Odontología se ve movimiento, apenas, pero se debe a que ahí realizan atención gratuita, por un lado, y, en el mismo edificio, las pocas consultas que hoy toman en el Hospital de Clínicas José de San Martín, también con su entrada principal cerrada. Los carteles anuncian el paro, el pedido de paritarias y sueldos dignos, y que solo se ingresa por la calle Paraguay.
Esta ocasión, que se repite tras el cese de actividades del 20 y 21 de agosto, no está aislada: el último trimestre del año llega con una serie de reclamos sociales en respuesta a la política económica del Gobierno, y entre estos resaltan los pedidos gremiales por paritarias en diversos sectores. Este jueves, el paro del sector educativo universitaria representa, además, la antesala a una nueva marcha federal que se anunció esta semana. La convocatoria es para el próximo miércoles 2 de octubre, y se espera que sea un evento contundente, aunque sin muchas esperanzas de conseguir uno de sus puntos principales: que Javier Milei no vete la Ley de Financiamiento.
Por esto, la intención es replicar la masividad de la movilización anterior, la del 23 de abril de este año. En esa ocasión se pedía la recomposición del presupuesto, luego de que se anunciara un recorte del 70% en el para las universidades públicas, y se les asignara el mismo monto que para 2023. Ahora no cambió mucho. En los dos casos –abril y ahora– también se exige que se reacomoden los salarios con paritarias, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y las jubilaciones del sector.
Al ser consultada por la situación del Hospital de Clínica, una trabajadora, que prefirió no dar su nombre, contó que mucha gente se va a atender sin saber que hoy solo hay guardias, y muchos estudios específicos, como la extracción de sangre, no funcionan debido al paro.
“La gente no viene a pasear, viene a atenderse y solo está funcionando con guardias mínimas. Yo no estoy de acuerdo con el paro, yo vengo a trabajar igual. La última vez me puse a llorar de la impotencia, porque venía gente, una señora de La Matanza, empapada; un señor que estaba perdiendo la vista; una señora de 70 años que vino desde Tigre. Es una pérdida de plata y tiempo. Y es una cuestión política, porque el año pasado estaba exactamente igual y no hicieron ni un paro”, opinó.
Posible veto
En el centro de la escena cobra importancia el posible veto a la Ley de Financiamiento, que Javier Milei adelantó en varias ocasiones que realizará. Dado que lo mismo sucedió con la reforma jubilatoria, y que en más de una ocasión el presidente aseveró preservar el superávit por encima de cualquier proyecto, se espera que el jueves que viene se lleve a cabo la impugnación. Será el último día de los 10 que tiene el Ejecutivo para hacerlo, tras la aprobación en el Congreso.
Esto enciende las luces de alarma, por lo que empiezan las acciones una vez más, y las universidades concluyen la semana con este paro total de actividades docentes y no docentes. Anteayer, por ejemplo, se congregaron distintos actores pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros claustros en un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas José de San Martín.
La ley que se espera que Milei vete garantiza el financiamiento a las universidades públicas y recompone el presupuesto salarial según el índice de inflación acumulada a partir del 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción del proyecto, si se llevara a cabo.
Por su parte, el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, dijo ayer, a través de un comunicado, que “el diálogo con las universidades nunca se ha interrumpido desde el inicio de la actual gestión, al igual que los esfuerzos que se han hecho desde la cartera para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales”. Así todo, Ricardo Gelpi, rector de la UBA, aseguró en una entrevista a este medio que si no se recompone el presupuesto, la universidad solo puede funcionar hasta fin de año.
Capital Humano también se expresó sobre los hospitales: “[...] Además del incremento de los gastos de funcionamiento en un 270%, hubo una atención especial referida a los insumos y dinámicas específicas que suponen los hospitales universitarios, que, por pedido de las universidades, recibieron más de 49.000 millones de pesos adicionales sobre el aumento de esa línea presupuestaria para 2024. En el caso específico de la UBA, del cual depende el Hospital de Clínicas, las transferencias representan el 94,8% de ese pedido adicional”. Ese 270% se les asignó tras la marcha federal de abril, pero como afirmó el rector, solo les da la capacidad de funcionar por unos meses más.
En el ministerio también sostuvieron la oferta de un aumento del 3% para los sueldos de agosto y el 2% para septiembre, cuando la inflación del mes pasado superó el 4%, y se estima que este mes tampoco perfore ese número.
Jorge Anro, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), de los no docentes, contó a LA NACION que la información que le llega es que el paro es prácticamente total en todas las universidades, con un acatamiento cercano al 95%. “Cada paro es un poco más fuerte”, sostuvo.
Respecto del comunicado de Capital Humano, Anro dijo que ellos no tuvieron noticias formalmente, pero que se enteró de “algún llamado telefónico con algún compañero docente”, aunque sin ninguna reunión ni convocatoria. Y pese a que en agosto dijeron desde el Gobierno que iban a formar una comisión técnica tripartita, esto nunca se hizo. La conclusión de Anro es que la situación “está peor que nunca”.
“Apostamos todos a que el Gobierno no vete la ley. Y si lo hace, cosa que es lo que todo el mundo piensa, apostamos al Congreso, y que tanto los diputados como los senadores estén a la altura de la historia y defiendan la universidad pública”, remarcó.
Al igual que Gelpi, también él consideró que la marcha del miércoles próximo será masiva, pero, en su visión, incluso más grande que la anterior. “Creo que no puede haber argentino que no salga a la calle el 2 de octubre. Los padres, madres, abuelos, hijos, creo que todos tenemos que salir, porque nos están atacando y queriendo cerrar nuestra universidad, que tiene más de 200 años. Ya no es un problema sectorial, ni salarial, docente o no docente”, enfatizó.
Preparativos para la marcha
Marcelo Creta, secretario de políticas universitarias de UTE-Ctera, agregó que compañeros de Catamarca, Córdoba, Tucumán y Entre Ríos con los que se comunicó le informaron que también están percibiendo un acatamiento muy alto a la medida, cercano al 90%: “El paro es muy fuerte en todo el país. Los informe me están llegando de todas las provincias. También en las regiones de Capital y Gran Buenos Aires es superior a ese número”.
En cuanto a la movilización de la semana que viene, dijo que se están preparando y que hoy realizarán una reunión para coordinar y preparar un documento nacional con la intención de presentarle al Gobierno y leerlo en la misma marcha. El acto central del miércoles que viene, contó, se estima para las 17. “Hay un acuerdo de hacer un documento unificado entre el Frente Gremial Docente, con todos los gremios, FUBA, rectores y el CIN. Es el acuerdo denunciando el ajuste, pero también pidiendo a los legisladores que aprueben la ley de presupuesto nuevamente si se veta”, añadió.
Otro punto que destacó que se está pidiendo es la modificación de la ley que el propio Gobierno envió al Congreso, mediante la cual recortan las partidas de educación en un 50%, lo que pone en riesgo el funcionamiento universitario a partir de enero del año próximo en caso de aprobarse esa propuesta, como también sostuvo Gelpi. Esa reducción porcentual implicaría, por ejemplo, avanzar en la aplicación de un sistema educativo a distancia, es decir, clases virtuales, lo cual, siguió Creta, está prohibido en los niveles primarios y medios. El problema, así, se extiende a otros ámbitos más allá del universitario.
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