Parque Patricios: el Gobierno de la Ciudad pidió ser querellante en la causa y dijo ser “víctima” del derrumbe
Las autoridades porteñas argumentaron que el derrumbe no solo afectó a vecinos y propietarios, sino que también implicó un impacto concreto para el distrito
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LA NACION
A tres semanas del derrumbe en el estacionamiento del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, el Gobierno de la Ciudad pidió formalmente intervenir en la causa como querellante y/o tercero coadyuvante.
La Ciudad sostuvo que la intervención busca “proteger los intereses patrimoniales y operativos” del Estado local y, a la vez, participar del proceso judicial para colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido. En ese marco, citó que el derrumbe no solo afectó a vecinos y propietarios, sino que también implicó un impacto concreto para el distrito por la necesidad de desplegar un operativo de emergencia extraordinario.
Según informaron fuentes gubernamentales a LA NACION, la solicitud fue presentada por intermedio de la Procuración General, con el objetivo de pasar a ser parte del expediente que se tramita ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María del Rosario Selvatici.
De acuerdo con la presentación, a partir del colapso del sector de cocheras se movilizaron recursos públicos vinculados con tareas de rescate, atención sanitaria, inspección técnica, defensa civil, seguridad, control del espacio público y prevención de riesgos. También se implementaron medidas administrativas y operativas de emergencia, como evacuaciones preventivas, restricciones a la circulación, cortes de suministros y clausuras, además de dispositivos de asistencia a las familias desplazadas y gestiones vinculadas al alojamiento transitorio.
En el documento remitido a la fiscalía, la Ciudad argumentó que ese despliegue generó una “afectación concreta, inmediata y diferenciada” sobre intereses propios del Gobierno porteño. “Este hecho configura una afectación actual sobre los servicios y funciones institucionales que excede la mera repercusión general, colocando al Gobierno en una posición de víctima directa por las erogaciones y recursos públicos comprometidos”, señaló el escrito, en línea con el encuadre legal invocado para pedir el rol procesal.
La Procuración General informó que el planteo fue autorizado por el procurador general, Martín Ocampo, mediante una resolución que habilitó a un grupo de profesionales de la Dirección General de Asuntos Penales a presentarse en la causa. Además, el escrito solicitó vista y acceso al legajo de investigación, con fundamento en las normas procesales locales y en la normativa de derechos y garantías de las víctimas, para ejercer “de manera adecuada” los derechos como damnificado y asegurar una intervención efectiva en resguardo de los intereses comprometidos.
En la presentación se detalló que el hecho investigado es el derrumbe del 3 de marzo en el inmueble de Mafalda 907, con afectación de vehículos y estructuras, evacuación preventiva de vecinos, clausura administrativa del sector comprometido e intervención de áreas estatales competentes.
Una nueva evacuación por denuncias de vecinos
Mientras el expediente sumaba ese planteo, el complejo volvió a quedar atravesado por un nuevo episodio de alarma en la Torre A del Sector 2. Vecinos reportaron grietas que no habrían observado en días previos, baldosas levantadas y el caso de una residente que advirtió un ventanal hundido. Ante esa situación, se activó un llamado al 911 y Bomberos dispuso una evacuación preventiva.
La indicación fue comunicada a los habitantes mediante mensajes difundidos por la administración y por el estudio de abogados que representa a un grupo de propietarios. “A todos los habitantes de Torre A por favor salir del edificio preventivamente por indicación de los bomberos. En breve daremos más información en base a lo que nos indiquen. Nosotros estamos en el lugar”, se indicó en una de las comunicaciones a las que accedió LA NACION.
En mensajes posteriores, el estudio de abogados que representa a los vecinos recomendó a quienes eran evacuados solicitar una constancia del operativo. “Es importante contar con esa constancia para resguardar sus derechos y dejar debidamente acreditada la situación”, señalaron.
Vecinos consultados por este medio indicaron que, al momento de la evacuación, había personas dentro del inmueble y que se trataba de un grupo reducido. Todavía muchos seguían durmiendo en hoteles.
A partir de ese episodio, circuló un comunicado atribuido a vecinos que enumeró preocupaciones sobre la situación de habitabilidad de la torre, el estado de los servicios en diversas unidades y la falta de certezas sobre la seguridad estructural.
En paralelo, desde Cosud respondieron a LA NACION con un descargo. La empresa afirmó que constató junto con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias que el desperfecto exhibido en la fotografía de la vecina que mostró un ventanal vencido hacia adentro “no tiene vinculación alguna” con el derrumbe del subsuelo ocurrido el 3 de marzo.
Según la empresa, la afectación de la ventana responde a una modificación del edificio ejecutada por terceros ajenos a la constructora tras la finalización de la obra. Sostuvieron, a diferencia de los vecinos, que no se observaron desprendimientos de mampostería ni fisuras o alteraciones en la estructura original.
Cosud agregó que esa ventana se encuentra en un sector del edificio que “no cuenta con subsuelo”, por lo que, según la empresa, lo sucedido allí no guarda relación con el colapso del estacionamiento subterráneo investigado. También indicó que, tras la intervención de Guardia de Auxilio, “no se modificó la decisión oportunamente adoptada”, por lo que se mantiene vigente el levantamiento de la clausura en los sectores que habían sido considerados aptos para la habitabilidad, con restricciones en las zonas que continúan bajo evaluación.
En el mismo mensaje, la constructora hizo una aclaración adicional sobre los servicios. Señaló que Metrogas, Edesur y AySA son servicios “contratados y administrados por los propietarios y/o el consorcio” y que, en particular para la reconexión de gas, los propietarios deben solicitarla a través de la línea de emergencias y estar presentes al momento de la visita del inspector. Bajo ese argumento, la empresa concluyó que “no existen impedimentos” para que los sectores comunes y los departamentos cuenten con los servicios públicos mencionados, en tanto se cumplan los pasos operativos correspondientes.
El planteo de Cosud se conoció en un contexto de idas y vueltas sobre el esquema de regreso. Tras el derrumbe del 3 de marzo, el Sector 2 quedó bajo clausura preventiva y con controles de custodia. Con el correr de los días se habilitaron ingresos sectorizados para retirar pertenencias, mientras vecinos denunciaron falta de información y reclamaron garantías adicionales sobre la seguridad estructural. En ese marco, se organizaron concentraciones vecinales y se consolidó la asistencia legal de grupos de propietarios, con participación del estudio de Fernando Burlando, según relataron residentes a LA NACION en jornadas previas.
En las últimas semanas también hubo novedades formales sobre la clausura y los accesos. La Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias dispuso el levantamiento parcial de la clausura preventiva en los sectores considerados aptos para la habitabilidad, manteniendo restricciones en las áreas que aún no reunían condiciones. Luego, la Fiscalía PCyF N°31 autorizó un reingreso parcial, progresivo, coordinado y condicionado a las áreas alcanzadas por ese levantamiento parcial, con la aclaración de que la medida no implicaba una habilitación total ni una vuelta automática o irrestricta de todo el complejo, y que la zona siniestrada debía mantenerse vedada.
En paralelo, el Gobierno porteño difundió un plan operativo de retorno, con un despliegue territorial previsto en el cruce de Mirave y Mafalda y presencia de diferentes áreas, incluida asistencia psicológica. Ese esquema incluyó la indicación de que, antes de ingresar, los vecinos debían retirar planos que marcan con precisión los sectores habilitados y aquellos que continúan clausurados. El documento operativo también detalló un cronograma de traslados desde los hoteles y un esquema de asistencia en el barrio, además de un apartado sobre servicios básicos y un bloque de “preguntas frecuentes” con criterios para accesos a cocheras, fotos y retiro de vehículos según el estado y la ubicación.
En ese marco, fuentes de Metrogas indicaron a LA NACION que, tras la autorización judicial, personal de la empresa concurrió al lugar para comenzar a restablecer el servicio en los departamentos alcanzados, con la condición de que haya una persona presente dentro de cada unidad por razones de seguridad. La compañía señaló que trabaja con equipos externos y con personal propio, con el objetivo de avanzar con la mayor celeridad posible.
Con la nueva evacuación preventiva de la Torre A, el escenario volvió a quedar sujeto a la evaluación de las autoridades técnicas y de Bomberos, mientras los vecinos aguardaban definiciones sobre el alcance de las fallas reportadas, el impacto de este episodio en el esquema de reingreso parcial y el cronograma de normalización del complejo. En paralelo, el expediente judicial sumó el pedido formal del Gobierno porteño para intervenir como parte en la investigación del derrumbe del estacionamiento del 3 de marzo.
Respecto del alojamiento transitorio, este medio accedió además a una comunicación interna de Cosud vinculada con la prolongación de hospedaje y comidas para vecinos del complejo. En ese correo, la empresa informó que, ante un requerimiento del Gobierno de la Ciudad, se definió extender las estadías debido a que todavía no estaban instalados todos los servicios en las torres del Sector 2, y señaló que el hospedaje quedaba cubierto hasta el lunes 30 de marzo, con la noche del domingo 29 incluida. La nota de esa comunicación indicó que la medida podía ocasionar inconvenientes en los hoteles involucrados, pero que se trataba de una situación de fuerza mayor y que la empresa asumiría los costos completos del alojamiento.
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