
Piden que se reconozca la objeción de conciencia
Por las cirugías anticonceptivas
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Una decena de hospitales y sanatorios privados pedirán al presidente Néstor Kirchner que el decreto reglamentario de la ley aprobada ayer que regula las prácticas quirúrgicas anticonceptivas (ligadura de trompas de Falopio y vasectomías), admita la posibilidad de que las autoridades de un establecimiento puedan objetar su aplicación.
"Desafortunadamente, el artículo 6 de la ley admite la objeción de conciencia sólo para los médicos o personal auxiliar del sistema de salud, pero no la prevé para las autoridades del establecimiento asistencial público o privado", dice un comunicado firmado hasta el momento por los directivos del Hospital Universitario Austral, la Casa Hospital San Juan de Dios y los sanatorios San Camilo y San Lucas, que circulaba en la tarde de ayer entre otros siete u ocho establecimientos y era considerado por los directivos de la Asociación de Clínicas de la República Argentina (Adecra).
En diálogo con LA NACION, el director general del Hospital Austral, José Luis Puiggari, dijo: "Más allá de la valoración moral de la ley, nuestra preocupación está en que se obliga a las entidades privadas a actuar fuera de su ideario institucional y sus principios confesionales o religiosos".
El doctor Néstor Penedo, director médico de la Casa Hospital San Juan de Dios, de Ramos Mejía, aclaró que, en este caso, no están cuestionando la infertilización, sino la obligación que pone la ley de que los hospitales y clínicas privadas deban practicarla.
"Si los ginecólogos del hospital no quieren hacer ligaduras de trompas por objeción de conciencia, según la ley yo, como director, tengo que buscar profesionales sí lo hagan porque, de otra forma, la institución puede ser penada", ejemplificó.
El doctor Fernando Toller, asesor legal del Hospital Austral, agregó que el derecho a la objeción de conciencia personal e institucional está contemplado en varios artículos de la Constitución (14, 16, 28 y 33) y de las normas concordantes de los tratados internacionales con jerarquía constitucional.


