Posse denunció que una banda planeaba raptar a su esposa
Un vecino alertó al jefe comunal, pero los delincuentes nunca fueron detenidos
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LA PLATA.- El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, reveló ayer que una banda de delincuentes intentó secuestrar a su esposa, María Fernanda Nuevo. El jefe comunal de San Isidro hizo público este episodio tras admitir que, tal como anticipó LA NACION en su edición de la víspera, los secuestros extorsivos se multiplicaron por ocho, durante los últimos tres años, en esa departamental judicial.
"Estas cifras son ciertas. Y seguramente hay más casos sin denunciar", dijo el jefe comunal, en referencia al informe publicado ayer por LA NACION. El plan para raptar a Nuevo, que se desempeña como titular de la Defensoría Civil N° 2 de San Isidro, se había mantenido en reserva, hasta ayer. No obstante Posse lo había denunciado ante la fiscal federal, Rita Molina, en abril último.
La Justicia intentó, primero, atrapar a los delincuentes e incluso se llegó a utilizar a la mujer del intendente como señuelo. Después, los investigadores desistieron de ese plan por el riesgo que corría la esposa del intendente con la maniobra.
Finalmente, se frustró el secuestro con la intervención de la SIDE y las policías Federal y bonaerense, según relató el jefe comunal.
En el primer trimestre de 2001 hubo dos raptos en jurisdicción de San Isidro; en el mismo período de este año fueron denunciados 16. El documento generó reacciones enfrentadas en los ámbitos político y judicial.
Además del intento de secuestro revelado por el intendente del mencionado distrito, el ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, admitió que la multiplicación de los secuestros genera una "preocupación seria" en el gobierno y que intentará revertir el "mote despectivo", en referencia a la definición que se le otorga a San Isidro como "la capital de los secuestros extorsivos".
En tanto, el juez de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Fernando Maroto consideró que el aumento de los secuestros en esa jurisdicción se debe a "la corrupción y la inoperancia policial". El magistrado dijo a LA NACION, que envió a la Justicia federal información sobre policías vinculados con secuestradores.
"Es información de primera mano. Un dato preocupante es que el área más contaminada es la de Investigaciones, que se encarga de esos casos. Queda flotando la pregunta: ¿se va a hacer o no la depuración policial? Porque hasta ahora todo sigue igual", señaló Maroto. El magistrado también cuestionó a la Justicia. "Nunca se llega a procesar a los policías y así no vamos a ningún lado", dijo.
Posse relató que el 15 de abril último, un vecino reveló que una banda de delincuentes tenía un plan para secuestrar a su esposa.
El rapto iba concretarse tres días más tarde, pero se frustró debido a un refuerzo en la custodia del jefe comunal y su familia. "El plan era fácil de concretar: mi esposa hace actividad física y sale a correr por un circuito próximo a la Panamericana. Además, por su actividad judicial, frecuenta barrios descampados", relató el intendente.
Alertado sobre la proximidad del golpe, Posse realizó una denuncia judicial junto a quien le acercó la información, que lo hizo como testigo de identidad reservada.
En primera instancia, la Justicia intentó detener a los delincuentes utilizando a la esposa del intendente como señuelo. "Mi mujer andaba con chaleco antibalas, pero en un punto la fiscal Molina dijo que no quería correr riesgos (...) yo hubiese preferido no usar a mi mujer como señuelo, pero también hubiera querido hacer algo para ayudar a que otras personas no sufran esto", dijo el jefe comunal. No obstante, explicó que durante ese lapso "se tomaron todas las precauciones del caso para que mi mujer estuviera protegida".
Finalmente, los investigadores judiciales lograron identificar a los miembros de la banda y los automóviles que utilizaban, pero se habría archivado la causa porque, al parecer, no se obtuvieron pruebas suficientes para procesar a los delincuentes.
Carta
- El ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos Gustavo Beliz envió a la Procuración General de la Nación una carta respaldando el pedido de familiares de secuestrados para que se reabra la Fiscalía Federal Antisecuestros que funcionaba en el norte del conurbano bonaerense. Aunque el ministro no desea que los fiscales Jorge Sica y Pablo Quiroga la integren, pues está enfrentado con ellos.
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