Prescribió la causa de los casinos ilegales y todos quedaron libres

Tanto tardó la Justicia que, cuando llegó a una resolución, después debió echarse atrás por prescripción de la acción. Por ese motivo, finalmente, fue revocada la sentencia que condenaba a quienes habían sido encontrados culpables de haber montado tres casinos ilegales, descubiertos en 1999.

José Alberto Barmaimon, Ariel Ricardo Barmaimon, Carlos Alberto Basovsky y Libio Enrique Mandirola fueron encontrados culpables, según una sentencia dictada el 3 de abril del corriente año, de haber organizado un imperio clandestino en Puerto Madero. Tres lujosos casinos funcionaban allí.

Alberto Barmaimon, considerado el organizador, fue oportunamente sentenciado a 20 días de arresto y a pagar una multa de 10.000 pesos.

Ariel Barmaimon, hijo de aquél, fue castigado con cinco días de arresto y la asistencia a 60 clases de derechos humanos.

A Carlos Basovsky se le impusieron 15 días de detención e igual cantidad de clases.

Y, por último, a Libio Enrique Mandirola lo penaron con 3 días de arresto y 10 clases de derechos humanos.

En el momento de la detención habían sido secuestrados, además, 14.500 pesos y 3500 dólares en las salas de juego descubiertas, situadas en departamentos de Alicia Moreau de Justo al 700, al 800 y al 1000.

Por resolución de la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, en una resolución firmada por los camaristas Carlos Ventureira y Teresita Robledo, "deberá el juzgado reintegrar los bienes objeto del secuestro".

El operativo en el que se descubrió la existencia de los tres casinos clandestinos en Puerto Madero se realizó en septiembre de 1999.

La causa fue derivada a la justicia contravencional de la Ciudad. El Código Contravencional porteño fija en su artículo 31° que el plazo de prescripción de una acción enmarcada allí es de un año, y se cuenta desde la comisión o cesación del delito hasta la realización efectiva de la audiencia de juicio.

Esto significa que el juicio debió haber comenzado a más tardar en septiembre del año último.

Pero, como comenzó el 9 de marzo del corriente año por reclamo del defensor oficial, Antonio Gariglio, y de los defensores particulares de Barmaimon padre e hijo, Cristián Cúneo Libarona y Mariano Di Meglio, los magistrados resolvieron revocar la sentencia según la cual se había encontrado culpables a los cuatro imputados.

En aquel entonces, hasta el juez firmante, Marcelo Vázquez, consideró que las penas otorgadas habían sido leves -aunque era lo que se marcaba en el Código Contravencional-.

Incluso, oportunamente, Vázquez reclamó a los legisladores porteños que revieran las penas que dicta el Código, debido a la escasa severidad que poseen en algunos casos.

Habían pedido sanciones

En un principio, la causa pudo haber seguido otro camino. La jueza y el fiscal que intervinieron en primera instancia, Ana Bulacio de Rúa y Angel Nardiello, respectivamente, entendieron que los delitos debían ser configurados bajo las figuras de asociación ilícita, estafa, desnaturalización de cheques, amenaza y falsa denuncia. Sin embargo, fallo de la Cámara del Crimen mediante, las figuras quedaron reducidas a una infracción a la ley 255 de la Ciudad de Buenos Aires (es la denominada ley de juego).

Por eso, los casos debieron juzgarse como contravenciones. Y por eso, también, que luego de las idas y venidas, del paso de la justicia federal a la porteña y de las controversias que despertó el tema, se impusieron penas leves.

Finalmente, como se tardó mucho, ahora la Justicia decidió que el caso había prescripto.

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