Pruebas sobre la dependencia judicial

SANTIAGO DEL ESTERO.- La dependencia del Poder Judicial santiagueño del Poder Ejecutivo provincial era hasta hoy tema de denuncias de abogados, ex jueces y víctimas del sistema. Esa relación quedó demostrada ahora sobre el papel.

El Superior Tribunal de Justicia investiga una denuncia contra la jueza de instrucción María Luisa Cárdenas de Infante, a raíz de una carta que ésta le envió a la vicegobernadora, María Mercedes Aragonés de Juárez, conocida como Nina, esposa del gobernador, Carlos Juárez.

En esa misiva le informa detalladamente el curso de un expediente que tramita en su juzgado contra otra camarista y se compromete a tenerla al tanto de cada sumario que pueda ser de interés para el gobierno provincial.

El caso se inició por una denuncia anónima según la cual la vocal de la Cámara del Crimen de Tercera Nominación Dora Angélica González, a pesar de ser magistrada, tenía un estudio jurídico en el que ejercía su profesión, hacía trabajar allí a empleados de su tribunal y cobraba una jubilación como comisario retirada de la policía santiagueña.

Los anónimos recayeron en el juzgado de Cárdenas de Infante. Nina se enteró y se enojó porque se estaba investigando a una camarista.

La jueza Cárdenas de Infante supo del enojo y le envió una carta a la vicegobernadora el 4 de mayo del año último. Le explicaba que no había "sumario criminal alguno contra la mencionada funcionaria" y que se estaba investigando el origen de la denuncia anónima, que según la jueza podría haber sido hecha por un empleado judicial.

En el punto E de la misiva de tres carillas la jueza hacía una serie de "aclaraciones". Le decía a la vicegobernadora que "de haber existido la presunción de veracidad de la imputación hacia la persona de una vocal, ya habría cursado y elevado de inmediato un informe a S. E. El Señor Gobernador de la Provincia D. Carlos Arturo Juárez y a la Sra. Vicegobernadora D. Mercedes Marina Aragonés de Juárez (sic.) hecho éste que hasta este momento la suscripta no consideró prudente, atento a que no existen suficientes elementos para iniciar causa penal contra la referida vocal".

Finaliza sosteniendo que, a lo sumo, de la denuncia surgirían irregularidades administrativas, "motivo por el cual, y habiéndose tratado de tres denuncias anónimas, no creí oportuno molestar su atención por el momento, que se hubiera dado de existir pruebas concretas o una denuncia formal en contra de la nombrada funcionaria".

En la misma nota se pone de manifiesto que la jueza denunciada, Dora Angélica González, fue informada de los detalles de la denuncia y que en una reunión realizada en el Superior Tribunal de Justicia la camarista reconoció que en su casa funcionaba un estudio jurídico, atendido por un abogado y que allí trabajaba un empleado del juzgado civil de La Banda que a veces la ayuda en su despacho de la Cámara.

Respecto del cobro de la jubilación, Cárdenas de Infante le informó a la vicegobernadora que el expediente de la camarista "ha desaparecido del Anses, por lo que se está instruyendo un sumario administrativo".

Cómo la nombraron

Cárdenas de Infante, casada con un oficial de la policía provincial, se desempeñaba como asesora legal del Instituto Provincial de la Vivienda, hasta que 1997 fue postulada para asumir la magistratura. Su pliego debía ser aprobado por el Consejo de la Magistratura.

Pero una de las integrantes del cuerpo, la jueza Sánchez Colombo, una ex integrante del Superior Tribunal de Justicia durante la intervención federal en la provincia, se opuso alegando que Cárdenas de Infante tenía antecedentes penales.

Según ella, estaba procesada por usurpación de una vivienda, abuso de autoridad y violación de domicilio. La jueza señaló que, tras advertir el antecedente, al día siguiente la Cámara del Crimen revocó el procesamiento y liberó el camino para la designación de Cárdenas de Infante.

Sánchez Colombo renunció entonces al Consejo de la Magistratura.

Cárdenas de Infante enfrenta ahora una investigación en el Superior Tribunal de Justicia a raíz de la denuncia que presentó el abogado Juan CarlosStorniolo, asesor de la Secretaría de Derechos Humanos del Obispado. En la presentación adjuntó otros escritos del juzgado de Cárdenas de Infante para probar que la carta fue confeccionada con la misma máquina del tribunal y que el sello y la firma son de la magistrada.

Por Por Hernán Cappiello <br/> Enviado especial

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