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Punto final para las condiciones inhumanas en los geriátricos
Crean un Registro Unico donde deberán anotarse; será de acceso público y gratuito
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Superí 2262, barrio de Belgrano. La gran tormenta del 24 de enero último inundó el sótano de la residencia Los Girasoles, donde dormían cinco ancianas. Murieron ahogadas.
Camarones 2551, Paternal. En un viejo galpón de chapa se levantan precarias casillas de madera que hacen las veces de habitaciones. En su interior, sobre colchones o en el piso, vivían -o mejor dicho, sobrevivían- doce ancianos.
Falucho San Luis 5047, en Villa Lugano. Dos baños para 15 personas. Empleados sin libreta sanitaria. Los obreros que trabajaban en la ampliación del hogar usaban como pasillo las habitaciones de los mayores, por donde pasaban los materiales de construcción.
Los anteriores son sólo tres ejemplos de las caras más siniestras que puede tener la irregularidad en un geriátrico. Amparadas en un vacío legal, estas situaciones proliferaban. Hasta ayer. La Legislatura porteña aprobó ayer en general una ley para regular el funcionamiento de los geriátricos privados de la ciudad.
En Buenos Aires existen 866 geriátricos habilitados, en los que viven 17.000 ancianos. Para la Dirección de la Tercera Edad porteña, sólo el 25 por ciento está en malas condiciones. Y, según se estima, existen otros 500 clandestinos. Desde fines del año último, se clausuraron 45 geriátricos ilegales.
"Los geriátricos que funcionan en la ciudad estaban legislados por una norma de 1970, en la que sólo se contempla a estos centros de asistencia como locales comerciales. No hay respuestas que expliquen el grado de indefensión en la que vive la mayor parte de los mayores", señaló la autora del proyecto, la diputada frepasista Sandra Dosch.
La norma crea un Registro Unico de Establecimientos Geriátricos Privados, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las instituciones privadas que quieran prestar el servicio. "Dicho registro será de acceso público y gratuito, y los familiares que estén buscando un establecimiento podrán consultarlo", agregó Dosch.
Sanciones y exigencias
La norma pone en vigor un nuevo régimen de sanciones, que contempla instancias que van desde el apercibimiento a la baja del registro y la clausura definitiva.
El proyecto ya consensuado en comisión recibió ayer la aprobación en general, mientras que la votación en particular, es decir el tratamiento artículo por artículo, está prevista para el próximo jueves.
El director "debe poseer título profesional universitario afín a la actividad o prestaciones desarrolladas. Es su responsabilidad garantizar la condición biopsicosocial de los residentes y usuarios". Además, incorpora la figura del asistente gerontológico domiciliario, una persona especializada en la atención de mayores que pueda brindar estos servicios a domicilio.
En su alocución, la presidenta de la Comisión de Salud, Clori Yelicic, destacó la futura clasificación de establecimientos, según los distintos grados de invalidez y de capacidad de convivencia. Así se diferenciará entre las residencias para personas mayores autoválidas con autonomía psicofísica, el hogar de día para personas mayores autoválidas, la residencia para personas mayores que requieran cuidados especiales de invalidez, residencias u hogares de día para personas mayores que por trastornos de conducta o padecimientos mentales tengan dificultades de integración social con otras personas.
La titular de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Claudia Serio, agregó que la ley define "el personal mínimo indispensable para cada una de las clasificaciones, obligándose a la capacitación del personal".
Será el Ejecutivo porteño quien designe a la autoridad de aplicación. Lo más probable es que sea la Unidad de Contralor de Establecimientos Geriátricos Privados, de la Secretaría de Promoción Social.
Faltaba una ley
La Dirección General de Habilitaciones e Inspecciones porteña habilitó el teléfono 0-800-333-3484 y clausuró, desde fines del año último, más de 45 establecimientos ilegales. Si bien podrían ingresar, su labor se limita a constatar las condiciones del inmueble. Sin un marco legal, esta lucha se volvía difícil.
Se encontraron ancianos desnutridos. Postrados. Sin recibir atención médica. Otras veces, cocinas atestadas de cucarachas o establecimientos a los que sólo se accedía por escalera, algo inconvenientes para personas de edad avanzada. Mayores durmiendo en garajes, una heladera dentro de una bañadera o alimentos en descomposición solían completar un panorama terrorífico.
Para poner punto final a estas situaciones terribles se aprobó ayer esta ley.
Más controles
Exigencias: la ley establece una serie de requisitos que deberán cumplir los establecimientos en materia sanitaria y edilicia. Una cláusula otorga un plazo de 12 meses para que los inmuebles se adecuen a las nuevas disposiciones.
Sanciones: aquellos establecimientos que incumplan la ley recibirán penas de apercibimiento a la clausura definitiva.
