Qué dicen las denuncias por el robo de propofol en el Hospital Italiano que derivó en la muerte de un anestesista
Menos de 72 horas después de que encontraran el cuerpo de Alejandro Zalazar, se abrió una causa que expuso prácticas irregulares con anestésicos fuera de todo control médico
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“Se observó junto al cuerpo una vía conectada en el pie derecho y elementos descartables para inyecciones. No se observaron signos de violencia ni en el cuerpo ni en el inmueble”. Esa es una de las primeras constancias que quedaron asentadas el viernes 20 de febrero, a las 17.05, cuando personal policial y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) ingresaron al departamento de Alejandro Zalazar, en Palermo, y certificaron su muerte. Menos de 72 horas después, esa escena empezó a adquirir otra dimensión: una serie de denuncias judiciales puso bajo la lupa la sustracción y el consumo de anestésicos de uso hospitalario fuera de todo protocolo médico y con fines recreativos.
Según consta en las denuncias a las que accedió LA NACION, la causa que investiga el robo de propofol en el Hospital Italiano se inició el 23 de febrero, tres días después del fallecimiento del anestesista. El expediente se abrió a partir de presentaciones internas y judiciales que alertaron sobre “el acceso irregular, la sustracción y el consumo de medicamentos anestésicos que solo pueden ser utilizados en el ámbito hospitalario y bajo estrictas condiciones de control”.

La primera alerta no surgió de una auditoría ni de un informe institucional, sino de la familia de la víctima. En su declaración, la hermana de Zalazar relató que llevaban más de un día sin poder comunicarse con él y dejó asentado un dato que luego sería central para la investigación: que su hermano era anestesista. “Por su actividad profesional, tenía acceso a ese tipo de medicamentos”, declaró, según consta en las actuaciones. Esa afirmación quedó incorporada al expediente desde las primeras horas.
Siempre según las denuncias a las que accedió este medio, en el domicilio del médico se hallaron fármacos cuya trazabilidad permitió establecer que “pertenecían al circuito interno del Hospital Italiano de Buenos Aires”. Ese elemento dio origen a un procedimiento administrativo dentro de la institución y, en paralelo, a una denuncia penal destinada a determinar cómo habían salido del hospital medicamentos que “no se comercializan en farmacias ni están disponibles para uso particular”.
Los escritos judiciales describen que la investigación no se concentra únicamente en el faltante del propofol, sino en el contexto en el que esas sustancias habrían sido utilizadas. En uno de los tramos de la denuncia se afirma que los anestésicos eran consumidos “fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial”. En otro párrafo se advierte que se trata de “medicamentos que requieren un estricto control, cuya administración indebida implica un riesgo cierto para la vida”.
Las denuncias también hacen referencia a la participación de médicos en formación. Según surge de los escritos, se mencionan episodios que involucrarían a residentes y se señala que la investigación debe analizar ese contexto teniendo en cuenta la “asimetría jerárquica” existente dentro del sistema de salud. “La diferencia de posición profesional es un elemento relevante al momento de evaluar responsabilidades”, sostiene una de las presentaciones.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, con intervención de la Fiscalía N° 49. En ese expediente se ordenaron allanamientos, se incorporó documentación y se dispusieron restricciones de contacto entre los imputados, con el objetivo de “evitar la reiteración de las conductas investigadas” y reconstruir el circuito de los anestésicos.
Según consta en las denuncias a las que accedió LA NACION, la investigación apunta a dos profesionales vinculados al servicio de Anestesia del Hospital Italiano: Hernán Boveri, anestesiólogo de planta, y Delfina Lanusse, residente de tercer año. Los escritos señalan que el análisis judicial se centra en los roles que ambos desempeñaban dentro de la institución y en el acceso que esos cargos les otorgaban a medicamentos anestésicos de uso hospitalario.
En las mismas presentaciones se aclara que, al menos por el momento, la investigación no los considera narcotraficantes ni “dealers” en el sentido penal clásico, sino que indaga su presunta participación en la sustracción y utilización de esas sustancias fuera del ámbito asistencial y de todo control médico.

Qué dijeron los imputados ante la Justicia
Según informaron fuentes judiciales consultadas por LA NACION, la causa por el faltante de propofol se inició el 23 de febrero y quedó registrada bajo el expediente N° 8922/2026. El 12 de marzo se ordenaron tres allanamientos, que tuvieron resultados positivos y estuvieron a cargo de la División de Organizaciones Criminales de la policía de la Ciudad. La investigación apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Hospital Italiano, con hechos que, siempre según la pesquisa, se habrían extendido desde 2023 hasta mediados de febrero de 2026.
En ese marco, se dispuso la prohibición de contacto entre los imputados Hernán Boveri y Delfina Lanusse, así como la prohibición de salida del país. Ambos fueron indagados los días 18 y 25 de marzo, respectivamente, y también se ordenaron declaraciones testimoniales, mientras continúan en curso distintas medidas de prueba.
Las mismas fuentes aclararon que los audios que circularon públicamente no forman parte de ninguno de los expedientes judiciales y que en esas grabaciones se mencionan hechos que no fueron denunciados formalmente en la causa. Según indicaron fuentes judiciales consultadas por LA NACION, durante su indagatoria Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y adelantó que también lo presentaría por escrito.
En ese descargo, precisaron las fuentes, la residente hizo referencia a distintas cuestiones personales y buscó presentarse como víctima ante la Justicia que la indagaba, aunque ese planteo no incorporó elementos sustanciales vinculados al objeto central de la investigación, centrado en la sustracción y el uso de medicamentos anestésicos.
En relación con el fondo del expediente, las fuentes explicaron que la pesquisa se concentra en la presunta sustracción de medicamentos que solo se distribuyen en el ámbito hospitalario y que no se comercializan en farmacias ni como fármacos de venta libre. Al tratarse de drogas legales, aclararon, los hechos no encuadran en figuras vinculadas al suministro de estupefacientes.
Las mismas fuentes judiciales subrayaron además que en el expediente no está acreditada la realización de fiestas sexuales, como trascendió en algunos ámbitos, sino reuniones en domicilios privados en las que, siempre según la investigación, habría existido intercambio o autosuministro de ese tipo de medicamentos.
La causa aún no fue formalmente caratulada, aunque —de acuerdo con la evaluación preliminar— podría encuadrarse en la figura de hurto, con una pena máxima de dos años, o, de manera más probable, en la de administración fraudulenta, que prevé penas de hasta seis años de prisión.
En paralelo, el fallecimiento de Zalazar sigue siendo investigado como averiguación de muerte dudosa, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6. Allí se analizan pericias médicas y toxicológicas. El propofol es un anestésico intravenoso que, según advierten también los escritos judiciales, puede provocar depresión respiratoria severa y muerte si se administra sin asistencia inmediata.
Aunque se trata de expedientes distintos, las denuncias remarcan el vínculo temporal entre ambos. En los documentos se señala que la muerte del anestesista fue el hecho que precipitó las presentaciones formales y permitió detectar prácticas que, según los denunciantes, se venían desarrollando sin los controles adecuados. “La gravedad del caso excede un hecho individual”, se advierte en uno de los escritos, y obliga a revisar mecanismos de supervisión en servicios críticos.
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