Qué dijo un ministro español sobre la ley de ciudadanía

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres Pérez, ofreció este miércoles precisiones sobre la etapa final de la ley de ciudadanía conocida como Ley de Nietos, durante una visita a la Argentina a solo veinte días del cierre del plazo para las solicitudes. El funcionario se encuentra en el país para evaluar la implementación de la normativa antes de viajar a Chile con el mismo propósito.

Consultado por LA NACION sobre la posibilidad de extender el plazo para iniciar el trámite, Ángel Víctor Torres Pérez fue contundente y descartó esa opción bajo la legislación actual. “Con la actual Ley de Memoria Democrática no cabe más prórroga”, afirmó.

El ministro remarcó el compromiso de su gestión para agilizar los expedientes. “Haremos un esfuerzo administrativo de recursos humanos y materiales para poder responder a la mayor variedad posible a todas esas solicitudes”, señaló.

El funcionario aclaró el contexto de una declaración previa que generó expectativas. Explicó que la actual Ley de Memoria Democrática de 2022 es una evolución de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Sobre esa base, abrió una puerta a futuro, aunque sin certezas. “Yo no sé qué puede ocurrir en el futuro. No sé si en el año 2030, 2040, puede haber una nueva ley”, manifestó.

Torres Pérez insistió en separar esa hipótesis de la realidad inmediata. “Debo ser rotundo: hoy no es posible porque la ley se aprobó con un año probable o un segundo y estamos recibiendo bastantes peticiones”, dijo en referencia a este miércoles.

Ante la proximidad del 22 de octubre, fecha límite, el ministro dirigió un mensaje a los interesados. “Invito a que las personas que se quieran acoger a esta ley lo hagan antes del 22. Es muy sencillo presentar una solicitud”, aseguró.

Otro de los puntos centrales que abordó el ministro fue el futuro de los trámites ante un eventual cambio de color político en el gobierno español. Torres Pérez reconoció que la derogación de la ley es una posibilidad real si la oposición llega al poder. “Probablemente si llega un Gobierno que no apoya esta medida, puede derogar la ley”, admitió.

Mencionó de forma explícita al Partido Popular y a Vox como los impulsores de un recurso contra la norma ante el Tribunal Constitucional. “Incluso Vox de manera expresa ha dicho que la derogaría”, agregó.

En ese escenario, el ministro diferenció la situación de quienes ya tienen el trámite avanzado de aquellos que todavía esperan una resolución. “Quiero aclarar que aquellos que ya tienen la solicitud aprobada tendrán la nacionalidad. Los que no la tengan, sí la pueden perder”, advirtió. Esta declaración es clave para miles de solicitantes cuyos expedientes podrían quedar en un limbo administrativo si se produce un cambio en el poder ejecutivo español.

Durante su exposición, Torres Pérez compartió cifras actualizadas sobre el alcance de la ley a nivel global. Según datos oficiales del 31 de julio pasado, un total de 876.321 personas solicitaron la nacionalidad española. De ese universo, 414.652 ya tienen su derecho consolidado, mientras que 237.145 descendientes completaron la inscripción y recibieron su pasaporte.

La Argentina se destaca como el país con mayor cantidad de presentaciones. “Son 174.277 de Argentina y 61.499 ya constan como inscriptos”, detalló el ministro. Aclaró que estos números no contemplan los últimos meses. “Hubo mucho ritmo en el mes de agosto y septiembre, así que esperamos que sean muchos más. Daremos el número final el 31 de diciembre, los cuales ya serán definitivos”, adelantó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cintia Perazo.