Que el error no haya sido en vano

El triste y grave caso Bosca, llegado a la opinión pública a raíz del "olvido" judicial del cual fue víctima, revela aspectos del funcionamiento y de la práctica judicial que lo convierten en un analizador, amén de servir para pensar en modificaciones que creen mecanismos que impidan que casos como éste vuelvan a suceder.

Se impone entonces un análisis superador, que contextualice el error judicial en la administración de justicia real, no la prescripta conforme a estatutos ideales, sino aquella justicia cotidiana, comandada por la urgencia, por el trastocamiento de prioridades, por la jerarquización subvertida en aras de conservar las exigencias de los tiempos procesales en un sistema que gestiona eficiencia más que equidad.

Los tres tribunales orales de menores de la Capital reciben un promedio de 500 causas nuevas cada uno por año. Con un solo defensor público por tribunal, el cálculo más optimista ubica en 120 las causas que, por año, pueden ser resueltas vía audiencias orales y públicas.

Otras tantas se resolverán mediante juicio abreviado, pero habrá un número importante que quedará sin resolver y engrosará las pendientes, que crecen exponencialmente. La desproporción entre las causas que ingresan y las posibilidades materiales de resolverlas es un contundente indicador de que algo no anda bien en la justicia de menores, y que soluciones y recursos deben ser aportados en forma inmediata so riesgo de que casos como el de Bosca se repitan, aun estando todas las partes advertidas.

Si de algo puede servir el caso Bosca es para mirar hacia adelante y convertir el error no en un escándalo estéril ni en una atribución despiadada de responsabilidades, sino en una instancia de aprendizaje que señale el rumbo por seguir: crear más tribunales de menores, reconvertir otros, designar más defensores letrados, más fiscales, remitir a los mayores al fuero criminal común.

No se trata de propuestas originales, y en múltiples ocasiones han sido presentadas y defendidas por los propios funcionarios de la Justicia como un modo de descomprimir la sobrecarga y optimizar el funcionamiento del sistema judicial para poder cumplir dignamente con la que debiera ser la tarea más importante: dictar justicia.

Por La autora, socióloga, es investigadora del Conicet en el Instituto Gino Germani

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