Reforma laboral: la Justicia suspende la esencialidad de la educación y el Gobierno anticipa que apelará la medida
La Unión Docentes Argentinos había presentado una cautelar para defender el derecho constitucional de hacer huelgas
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El juzgado nacional del Trabajo N°74 aceptó una cautelar presentada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) que suspende la esencialidad de la educación aprobada con la reforma laboral.
El juez José Ignacio Ramonet resolvió integrar esta causa dentro del proceso colectivo liderado por la Confederación General del Trabajo (CGT) porque los artículos que la UDA cuestiona –la calificación de la educación como “servicio esencial” y la cobertura del 75% en medidas de fuerza– se encuentran dentro de aquellos cuya vigencia fue suspendida en la causa que impulsa la central obrera.
A su vez, el magistrado resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo radicado ante el juzgado nacional del Trabajo N°63, donde esta semana el magistrado Raúl Horacio Ojeda hizo lugar al pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la normativa.
Ahora, debe resolver el fondo del caso, aunque el Gobierno informó que apelará la decisión. Así lo informó, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano en el que rechaza los “intereses corporativos y sectoriales de los que pretenden obstaculizar las reformas”. Hasta entonces, los 82 artículos en litigio, que conforman el núcleo de la reforma libertaria, quedan en suspenso.
La medida que suspende la declaración de esencialidad alcanza a todos los docentes del país. “De este modo, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva”, remarcaron desde la UDA.
“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, consideró Sergio Romero, secretario general de la UDA.
A su vez, desde el sindicato destacaron la “importancia institucional” de la decisión judicial al considerar que “preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”.
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