Residuos hospitalarios: una amenaza sin control
Peligro: está en discusión el procesamiento de la basura de los hospitales, pues se sospecha que conservan su toxicidad, incluso después de la incineración.
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Aumenta la preocupación de autoridades y entidades ambientalistas por el tratamiento de los 34.000 kilogramos de residuos patológicos que se acumulan diariamente en la Capital, ya que no existen controles adecuados y la incineración sería insuficiente para quitarles toxicidad. Para mayor inquietud, el subsecretario de Ambiente Humano, Mario De Marco Naón, confesó que muchas veces esos desechos son llevados al Ceamse "en bolsas negras de residuos domiciliarios". Virginia Odriozola, de Greenpeace, denunció que "la incineración de residuos hospitalarios no elimina la peligrosidad, ya que las cenizas también son tóxicas".
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano admitió que la anarquía normativa en esta cuestión le impide una total y directa injerencia en el tema.
Inquieta el destino de los residuos patógenos
El número sorprende a simple vista: la ciudad de Buenos Aires produce 34 toneladas de residuos patógenos por día. Pero la preocupación aumenta al saber que, a pesar del tratamiento que reciben, los desechos pueden conservar cierto grado de toxicidad, y son destinados para relleno en el cinturón ecológico de la provincia de Buenos Aires, donde quedan depositados.
Autoridades y organizaciones ambientalistas reconocen, además, que la situación se ve agravada por la ausencia de controles, el conflicto de jurisdicciones y el negocio oculto que reina sobre el tratamiento de estos desechos.
"Es sabido que muchas veces los residuos patógenos van en bolsas negras, como si se tratara de residuos domiciliarios, y aparecen con los que procesa el Ceamse, con el consiguiente riesgo para la población. Estamos dispuestos a evitar que esto siga ocurriendo", admitió el subsecretario de Ambiente Humano, Mario De Marco Naón.
Un comunicado emitido por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, a cargo de la ingeniera María Julia Alsogaray, sentencia que "la falta de normas con criterio unificador y la superposición de leyes, ordenanzas y decretos" impiden que esta dependencia "tenga total y directa injerencia sobre el tema de desechos patológicos".
Según la ley nacional 24051, corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano la aplicación de las normas. Sin embargo, según explicaron a La Nación en la Dirección de Prensa, "aquí sólo se estudian los planos, proyectos y tecnología de las plantas incineradoras; no se realiza luego ningún seguimiento".
En tanto, el director general de Política y Control Ambiental de la Nación, Rodolfo Civitarese, destacó que "el Código de Prevención Ambiental de la provincia prohíbe la instalación de incineradores de residuos patológicos fuera del lugar de su generación; pero esta norma contradice la legislación nacional".
Anarquía
La asociación ecologista Greenpeace denunció "la irresponsabilidad con la que las administraciones nacionales, provinciales y municipales actúan en la cuestión del tratamiento de basura tóxica". Aunque la ley provincial 11347 y su decreto regulatorio impusieron la prohibición del ingreso a Buenos Aires de residuos patógenos provenientes de otras jurisdicciones, los restos sólidos de la incineración son recogidos y llevados hasta las instalaciones del Ceamse.
Esta anarquía de responsabilidades y la oposición de criterios echan sombras sobre la circulación, el tratamiento y el destino de semejante cantidad de residuos peligrosos.
Los desechos hospitalarios -de acuerdo con lo establecido por la ley 24051, de residuos peligrosos- son quemados en hornos propios de los centros de salud o transportados hacia plantas incineradoras, donde se los somete al mismo proceso.
Para algunos, los restos de la incineración todavía son contaminantes para el ambiente y la salud; otros niegan tal concepción.
¿Peor el remedio?
Verónica Odriozola, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace, aseguró que "la incineración no elimina la peligrosidad de los residuos hospitalarios; las cenizas también son tóxicas y esconden la potencial propagación de gérmenes". "Los restos sólidos que resultan del proceso se compactan y su disposición final se realiza en el Ceamse. Pero se trata ya de un elemento inerte", contrapuso Angel Luis, director de una empresa de tratamiento de residuos. Los hornos incineradores de residuos patógenos e industriales liberan, además, al medio ambiente metales pesados y una clase de compuestos llamados productos de combustión incompleta, entre los que se encuentran las dioxinas y los furanos.
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos define las dioxinas como "cancerígeno humano posible", mientras diversos trabajos de investigación demostraron que producen daños en los sistemas inmunitario, hormonal y reproductor.
Planta de Villa Soldati en la mira
La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de la Municipalidad de Buenos Aires inspeccionó la planta incineradora de residuos patógenos que se está instalando en Villa Soldati y concluyó que los hornos -en avanzado estado de construcción- no podrán ponerse en funcionamiento de acuerdo con la normativa municipal vigente.
La inspección, realizada a raíz de la investigación iniciada por La Nación sobre los residuos tóxicos, corroboró que el emprendimiento de la empresa Asima SA no se ajusta a los códigos de Planeamiento Urbano y de Prevención Ambiental de la ciudad.
Tampoco cuenta con la aprobación del Estado, a pesar de lo cual la construcción sigue creciendo.
La planta, ubicada en Av. Roca 2950, se erige entre las fábricas de La Montevideana y Suchard.
Angel Luis, socio gerente de la empresa, aseguró que "el proyecto pasó por distintas instancias de la Secretaría y lo hizo sin problemas. No entendemos por qué está demorada la aprobación definitiva".
El secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente de la Comuna, Enrique Fazio, señaló que "no existe habilitación alguna. Pero, por ahora, no se la puede clausurar pues no hay indicios de funcionamiento y la planta no provoca daños que justifiquen la medida".
Por su parte, Verónica Odriozola -coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace- afirmó que "la instalación de incineradores es el negocio del momento. Y como los controles son nulos, a veces se dejan de lado los planes presentados ante las autoridades".
Alerta de diputados y ediles
A raíz de la acusación, el concejal porteño Raúl Fernández (Frepaso) presentó el jueves último un pedido de informes sobre esta instalación. La sospecha hacia Asima llegó, también, al Congreso Nacional. El diputado Darío Alessandro (Frepaso) envió a La Nación una copia del proyecto de pedido de informes a la Secretaría de Alsogaray en el que se solicita que se precise si la instalación está de acuerdo con la ley 24051 y que se realice un estudio de impacto ambiental, entre otras cosas.
La otra campana
Angel Luis defendió su proyecto: "Gran parte de nuestra inversión fue destinada a equipamiento que específicamente inhibe la formación de los compuestos tóxicos producidos durante la incineración". Cuando La Nación le preguntó si la inversión de 10 millones de dólares que Asima había realizado no era arriesgada dada la incertidumbre sobre su aprobación, el gerente manifestó: "Tenemos la seguridad de que el proyecto va a prosperar, ya que es una necesidad y hay una ley aprobada y reglamentada".
El difícil arte de controlar
El jueves último se encontraron 171 kilos de desechos patológicos junto a un árbol en la avenida Córdoba 1454. Jeringas, pañales usados y algodones con sangre esperaban el paso del camión recolector en medio de la vía pública. La basura pertenecía a un geriátrico del lugar.
Hace dos meses fueron hallados 500 kilos de desechos patológicos en las puertas de varios sanatorios de Barrio Norte. Había materiales altamente contaminantes y posibles transmisores de enfermedades: gasas con sangre, jeringas y cultivos de laboratorio. La ley prevé una pena de 3 a 10 años para quien no trate los desechos patológicos a través de empresas especializadas. Lo difícil es la detección de los autores de estos delitos.





