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Allá por agosto de 2022, cuando la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable Nº 27.642, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, comenzó a ponerse en marcha, la reacción de la industria alimenticia fue casi inmediata: numerosas compañías reformularon la composición de algunos de sus productos para intentar deshacerse de los sellos negros que, por la nueva normativa, fueron colocados en el frente de sus envases. Otras empresas, en tanto, crearon nuevas recetas y líneas “libres de sellos”, haciendo de esta frase su principal leitmotiv publicitario.
Los consumidores también se acomodaron enseguida: los octógonos que comenzaban a divisarse en las góndolas se convirtieron en un tema de conversación familiar. Incluso suscitaban conversaciones entre desconocidos en los pasillos de los supermercados. Un estudio realizado en 2023 por Unicef junto a la Fundación Interamericana del Corazón a madres y padres de niños menores de 13 años mostró que hasta un 68% de los encuestados decía ver su intención de compra afectada por los octógonos negros.
Los impulsores de la ley se mostraron satisfechos: en definitiva, estos cambios representaban algunos de los objetivos principales de la ley. Sin embargo, dentro del ámbito nutricional argentino no fueron pocos quienes se mostraron disconformes. Nutricionistas, investigadores y varias asociaciones civiles, entre las que se encolumnó la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), sostuvieron que el sistema de etiquetado que tomó la normativa argentina no solo confundía a los consumidores, sino que, además, podía generar incentivos opuestos a los deseados en la industria alimenticia.
Hoy, a casi 4 años de la implementación de la ley, este debate vuelve a cobrar fuerzas. El Gobierno envió a fines de mes pasado un proyecto al Congreso en el que plantea su derogación. La iniciativa fue repudiada tanto por los impulsores de la normativa —entre otros, docentes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— como también por la Sociedad Argentina de Nutrición. Pero con una diferencia: mientras que los primeros sostienen que la ley debe permanecer tal como fue escrita en 2021, la SAN y sus miembros instan a revisar la ley y a hacer modificaciones que consideran esenciales para que el etiquetado realmente cumpla su función y deje de tener “inconsistencias”, “desincentivos” y “errores”, tal como volvieron a resaltar hace poco más de una semana en un comunicado.
El diagnóstico que hacen en ese texto es contundente: sostienen, entre otras premisas, que el etiquetado que se aplica en la Argentina hace que, entre productos de igual categoría y peso (queso comparado con queso; legumbres envasadas comparadas entre sí, entre otras), uno sin sellos puede tener más nutrientes críticos -como azúcares agregados, grasas saturadas y sodio- que uno con sellos.
Un paseo por las góndolas permite confirmar esta observación. Una conocida marca de queso untable tiene su versión “común”, de tapa roja, con dos sellos negros: “exceso en grasas totales” y “exceso en grasas saturadas”. Su versión dietética, de tapa verde, tiene tres: los mismos dos que el otro y la etiqueta “exceso en sodio”. Lo paradójico es que, si se compara la composición del producto, disponible al dorso del envase, se observa que el rojo tiene mayor cantidad de sodio por porción que el verde –61 miligramos versus 56 miligramos–, pero solo el último tiene el octógono de “exceso en sodio”.
En la misma heladera, hay dos quesos de 290 gramos, uno sin octógonos negros y el otro con tres -grasas totales, grasas saturadas y sodio-. En ambos productos, la porción recomendada es de 30 gramos. Pero el queso sin sellos tiene más grasas totales que el queso que tiene por normativa el sello de “exceso en grasas totales” (4,4% versus 3,7%), y también más grasas saturadas (2,9% versus 2,2%).
¿Por qué sucede? Sergio Britos, profesor adjunto de la carrera de Nutrición de la Universidad Católica Argentina (UCA) y miembro de la subcomisión de Ciencia de la SAN, quien estudia la implementación de etiquetados en el mundo desde 2005, destaca que el motivo de esas incongruencias no está relacionado con el uso de octógonos negros en sí, sino con lo que está por detrás: el perfilado de nutrientes elegido por la Argentina a la hora de implementar su Ley de Promoción de Alimentación Saludable.
El sistema de sellos de advertencia argentino se basa en el Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En este modelo, los límites no son cantidades fijas por 100 gramos, como los que utilizan la mayoría de los países del mundo que tienen etiquetado frontal. En el caso argentino, al igual que en el mexicano y colombiano, se utilizan umbrales móviles. Esto significa que los criterios para determinar el exceso en azúcar, grasas saturadas y grasas totales dependen de la densidad energética (o calórica) de cada producto.
En otras palabras, el octógono negro se coloca de acuerdo al porcentaje de energía que aporta el nutriente crítico dentro de las calorías totales del producto. Según sea el resultado de ese cálculo, el producto pasa a tener un sello de “exceso” en un determinado nutriente crítico o no. En el caso del sodio, se utiliza una ecuación diferente, aunque también de umbral móvil. Por eso, dos productos con diferente valor calórico pueden tener distintos límites a la hora de recibir un octógono.
“Los nutricionistas, a los alimentos que tienen menos de 100 calorías cada 100 gramos, los llamamos productos de baja densidad calórica o hipocalóricos. Por ejemplo, un yogur tiene normalmente 60 y pico de calorías cada 100 gramos. Con el perfilado de nutrientes que se usa en la Argentina, cuanto más bajas son las calorías de un producto, por una cuestión matemática, mayor es la chance de que el producto tenga exceso de azúcar, de sodio o de grasas. Por lo tanto, este sistema de umbrales móviles perjudica a los alimentos con menos calorías”, sostiene Britos.
Y suma: “Mi principal crítica desde siempre en toda la discusión parlamentaria y la posición que la Sociedad de Nutrición también ha llevado desde el inicio, es la de la necesidad de modificar el sistema de perfil de nutrientes, porque este sistema de perfil tiene un gran defecto: si la industria quiere diluir la cantidad de nutrientes críticos que tiene el alimento que produce para evitar un sello, busca la manera de sumar calorías”.
Este panorama es a veces una realidad, admiten fuentes de la industria alimenticia consultadas por LA NACION. Un ejemplo es la industria láctea. Las diferentes marcas que compiten con una gran oferta de productos en base a leche de vaca observaron tras la sanción de la ley, en noviembre de 2021, que, bajo la nueva normativa, la gran mayoría de los yogures iban a ser etiquetados con el octógono que indica “exceso de sodio”, el mismo que tienen los paquetes de papas fritas, de maní salado y de muchos otros productos con alto contenido de sal. “Para prescindir de esa etiqueta, lo único que había que hacer era aumentar el azúcar, para que la proporción de sodio sea menor dentro del ratio con el que se calcula el etiquetado”, explicó una fuente interna de una empresa láctea, a la vez que afirmó que la ley también tuvo efectos positivos, como el impulso para la creación de yogures sin azúcar agregada.
Quienes promovieron la aplicación de este sistema de valores nutricionales desestiman los argumentos de la SAN. “Es cierto que muchos países avanzaron utilizando umbrales fijos. Sin embargo, la experiencia de Chile, el primer país de la región en implementar el etiquetado frontal de advertencias y en desarrollar un modelo propio de perfil de nutrientes, llevó a que la OPS convocara a un grupo de expertos, entre ellos especialistas chilenos, para elaborar un modelo que pudiera ser utilizado no solo para el etiquetado frontal, sino también para otras políticas públicas relacionadas con la alimentación y la nutrición. Así surgió el Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS, cuya elaboración tomó como referencia las recomendaciones de ingesta de nutrientes de la Organización Mundial de la Salud”, dijo a LA NACION la nutricionista e investigadora Andrea Graciano, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA y una de las impulsoras de la ley.
Argumenta que el sistema de umbrales móviles, a diferencia de los fijos, permite evaluar las características nutricionales del producto independientemente de quién lo consuma y en qué cantidades. “Si se utilizaran valores de referencia fijos, podrían producirse situaciones problemáticas. Por ejemplo, un producto podría no superar el umbral establecido para un adulto cuando se evalúa por cantidad de producto, pero sí aportar niveles de nutrientes críticos que excedan las recomendaciones de consumo para niños y niñas. En cambio, el modelo de la OPS busca mantener coherencia con las recomendaciones nutricionales internacionales y con los objetivos de salud pública”, sostiene, a la vez que destaca también el caso de la creación de yogures sin azúcar agregado como uno de los efectos positivos en la ley.
La nutricionista Silvina Tasat, integrante de la subcomisión científica de la SAN y vocal titular del Foro para la Alimentación, Nutrición y Salud (Fanus), coincide en que muchas veces las reformulaciones fueron positivas. Destaca, por ejemplo, una famosa marca de galletitas de avena y cereales que hoy no tiene sellos, pero originalmente los tenía. “Hicieron una reformulación muy buena de ingredientes”, sostiene. Sin embargo, igual que la asociación a la que pertenece, cuestiona el perfil de nutrientes de la OPS e insta a repensar la ley.
La Argentina es, junto con México y Colombia, uno de los tres únicos países que adoptaron como criterio para sus etiquetados frontales el sistema de umbrales móviles propuesto por la OPS. El resto de los países de América Latina y del mundo —más de 100 aplican advertencias de nutrientes críticos en los envases de sus productos— optan mayoritariamente por modelos de umbrales fijos. Por ejemplo, el aplicado en Chile y Brasil mide nutrientes críticos por cada 100 gramos de producto. También está el “Nutriscore”, una escala colorimétrica y una escala de letras aplicada en varios países europeos, que contabiliza la cantidad de nutrientes esenciales —por ejemplo, algunas vitaminas y minerales— y la cantidad de nutrientes críticos. “A través de un algoritmo se suma lo bueno, se resta lo malo y se calcula un puntaje. Y, de acuerdo con el puntaje obtenido, se le asigna un color y una letra. Básicamente, cuanto más cerca del verde y más lejos del rojo intenso esté, tu alimento es de mejor calidad”, explica Britos.
Hasta el momento, en el país se han realizado encuestas sobre conocimiento de la ley y opinión de los consumidores, pero no se llevaron adelante estudios sobre el impacto real del etiquetado en el consumo de los argentinos ni tampoco en la producción de la industria. Esta, según la SAN, es una de las grandes deudas.
Mientras que varias encuestas marcan que los consumidores argentinos se muestran en su mayoría conformes con la presencia de etiquetado frontal, algunos nutricionistas consultados tienen sus recaudos: sostienen que observan a sus pacientes conformes pero desinformados a la vez. Tasat suma que, al ser muy estricto, el sistema no favorece a que sus pacientes le presten atención a la hora de consumir. “Si todo tiene sello, nada tiene sello”, cuestiona. Critica también que la vara alta desincentiva que determinadas industrias bajen sus niveles de nutrientes críticos, como productos con altos contenidos de azúcares y grasas saturadas -alfajores, galletitas dulces y golosinas, entre otros-. También mermeladas, dado que, aunque bajen a la mitad su nivel de azúcar, van a tener el mismo sello negro. Hoy en las góndolas conviven dos mermeladas tienen el mismo sello de “exceso en azúcares”, pese a que una contiene 50% menos que la otra.
Esta fue una de las críticas de la SAN en su último comunicado. Esa asociación se desmarcó del proyecto del Gobierno. Afirma que no apoya la derogación de la ley, pero sí una modificación. Si bien el etiquetado y el perfil de nutrientes son una parte esencial de la ley, no son la única. “La derogación de la Ley 27.642 afectaría otros capítulos de la normativa que regulan aspectos como la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y la promoción de la alimentación saludable en los establecimientos educativos. Estos capítulos son relevantes y deberían preservarse u optimizarse”, sostienen desde la asociación, que nuclea a aproximadamente 900 profesionales de la salud.
Lo mismo sostienen desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés): “Como todo instrumento de normativa pública, siempre va a ser perfectible. En un análisis pormenorizado, probablemente se detecten muchas cosas por mejorar. Pero una cosa es mejorar una ley y robustecerla y otra cosa, por supuesto, es derogarla”, afirmó María del Pilar Varela, integrante de la FAO y miembro del equipo que estuvo involucrado en el detrás de escena de la sanción de la ley. Y sumó: “Para nosotros la ley es súper importante. No es una ley de etiquetado de alimentos, es una ley de promoción de la alimentación saludable, con muchos componentes de valor, por ejemplo, la publicidad dirigida a niños y la mejora de los entornos alimentarios”.
