Santiago: grave conflicto entre el poder y abogados

SANTIAGO DEL ESTERO.- Carlos León González Avalos es el abogado del gobernador peronista Carlos Juárez, apoderado del Partido Justicialista y hombre fuerte de la provincia.

Su influencia se extiende hasta el Poder Judicial: así logró que el Superior Tribunal de Justicia santiagueño dejara sin efecto una sanción que le impuso el Colegio de Abogados.

No sólo eso. Demandó a sus pares que lo habían sancionado y logró que les embargaran sus bienes, una medida que no registra antecedentes en el país.

El caso refleja, como pocos, la situación de buena parte de la justicia santiagueña y el hostigamiento que padecen los letrados que pretenden mantener su independencia.

El origen del caso se remonta a 1982, cuando el empresario Plinio Prieto contrató a González Avalos para que lo representara en un caso donde reclamaba 400 millones de pesos. Ese año comenzó un calvario que le valió la ruina, ya que su abogado cobró el dinero, pero nunca le pagó, según su familia.

Prieto fue el primer supermercadista de Santiago del Estero y en 30 años logró abrir tres locales. Peleó durante diez años para cobrar ese juicio, que representarían unos 100.000 dólares de ahora. Era la obsesión de ese hombre enjuto, fibroso y de barba blanca. Murió a los 72 años, el 2 de febrero último, sin lograr su objetivo.

Al fallecer tenía sus propiedades embargadas por una querella por calumnias e injurias que le había iniciado el letrado.

Prieto peleó y denunció a González Avalos ante el Colegio de Abogados de Santiago del Estero. El Tribunal de Disciplina le suspendió la matrícula por tres meses, pero el abogado logró que el Superior Tribunal de Justicia local revocara la medida.

Luego contraatacó y les inició un juicio a los miembros del Tribunal de Disciplina y logró que la Justicia les embargara sus bienes. Los seis abogados tienen sus propiedades interdictas, medida que generó el rechazo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

"Yo soy un hombre republicano. En Santiago del Estero se da con la mayor nitidez la separación del Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Los radicales han creído que tanto el Poder Judicial como la Legislatura han sido apéndices de Juárez, por su autoridad, que no es la debilidad de (Fernando) de la Rúa", dijo a La Nación González Avalos en una conversación telefónica desde Punta del Este.

El abogado fue diputado provincial por el peronismo y, al mismo tiempo, asesor del Bloque de Diputados del Congreso Nacional por el radicalismo Sin embargo, el letrado lo negó. "Fui asesor letrado de mi cuñado, Eduardo Abalovich, cuando fue diputado del radicalismo, pero eso fue seis meses después de dejar mi cargo como diputado provincial."

Para muchos observadores, González Avalos pudo llegar hasta donde llegó por la falta de independencia de Poder Judicial de la provincia, cuestionado por fallar en favor de los hombres cercanos al poder y por su incapacidad manifiesta para aclarar los casos que involucran a la policía local en casos de violaciones de derechos humanos (ver aparte).

"Yo soy un simple abogado que gana y pierde pleitos como cualquiera", se definió el letrado.

La historia de Plinio Prieto es sólo una muestra. Su razón para vivir era el juicio. "Estaba en terapia intensiva y me decía: Angel, lo sueño, hace algo", narró a La Nación Angel Prieto, uno de los cinco hijos que lo sobrevivió y que ahora amenaza con encadenarse al Superior Tribunal de Justicia local hasta cobrar lo que les deben.

El comienzo del entuerto fue cuando Prieto le vendió alimentos a Orlando Bustamante, empresario proveedor del Estado. Pero el gobierno dejó de pagar. Prieto firmó cuatro pagarés por 100 millones de australes cada uno y contrató a González Avalos para que los ejecutara.

Nunca supo nada del juicio. Cuando preguntaba el abogado le decía que Bustamante era insolvente. Sin embargo, el 11 de agosto de 1982, González Avalos logró cobrar la mitad del dinero (251.472.251 pesos de entonces) y colocarla en un plazo fijo, según un certificado de esa operación al que accedió La Nación .

La otra mitad tardó ocho años en cobrarla. En cinco días hábiles, con una celeridad de la administración pública que causa asombro, pidió el dinero y lo obtuvo. El 28 de septiembre de 1990 la provincia autorizó el pago. Ese mismo día se realizó la liquidación y el 2 de octubre González Avalos pidió que se liberara la orden de pago.

Al día siguiente se accedió a su pedido y el 4 de octubre cobró el dinero en Bonex. Nunca se lo dio a Prieto.

"Un día de 1990 estábamos sentados en el bar de mi tío, en el centro, cuando un panadero se nos acerca y nos dice. Mire que son b... ustedes. Si ayer en esta misma mesa estaba González Avalos brindando con champagne Barón B. repartiendo los dólares del juicio", relató Angel.

Así se enteraron de que el cobro se había hecho efectivo y comenzaron a pelear para recuperar el dinero. Plinio Prieto vivió el juicio como un cáncer. Un certificado de la psicóloga Daniela Lezcano, afirma que padecía "tristeza depresiva", con síntomas de ansiedad e insomnio.

No obstante, presentó una denuncia penal contra González Avalos para que le pagara. La causa fue declarada prescrita por la jueza María de las Mercedes Juárez de Barraza. Pero en el juicio civil le fue mejor y el 16 de marzo de 1992 un fallo ordenó a González Avalos a pagar el dinero.

Nunca lo hizo, al alegar deficiencias formales en la notificación. El caso actualmente tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Yo no le debo nada", aseguró González Avalos.

- ¿Usted cobró? Hay un certificado de plazo fijo a su nombre...

- Eso no se probó. Yo cobré un dinero y se lo entregué a la hermana de Prieto. Además, si hubiese una deuda sería de unos 19.000 pesos y ellos me deben 46.000 por haber sido su abogado durante diez años y nunca haber cobrado honorarios.

Prieto murió por una de descompensación diabética, con su supermercado en quiebra. "Mi papá me decía: "Angel, le tienen miedo". Llama a los jueces y firman porque es el abogado del gobernador y está amparado por eso", relató Angel Prieto, con su caja de papeles a cuestas.

Sanción

En su intención de castigar a González Avalos, Plinio Prieto lo denunció ante el Colegio de Abogados. El 27 de mayo de 1998 el tribunal de disciplina lo sancionó con tres meses de suspensión de la matrícula, pero el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un recurso de amparo de González Avalos y anuló el castigo.

"Es una sanción más política que jurídica y fue anulada", se defendió el letrado.

Habilitado por este fallo, el abogado querelló por daños y perjuicios a los seis integrantes del Tribunal de Disciplina, Carlos Antonio Olivera, Elena Lucía Marisa Amín de Lavaisse, Raúl Santucho, Carlos Argañarás, Antonio Drube y Luis Sogga, quienes, a pedido de González Avalos, fueron embargados hasta el día de hoy.

"Tienen que pagar por su error. No pueden no tener responsabilidad por el fallo que emitieron. Que les vayan a cantar a Gardel. Ellos no son jueces ni emperadores. Ellos deben responder por sus actos", señaló el abogado.

Sin embargo, para el Colegio de Abogados "esto sucede porque hay motivaciones políticas. presumimos que esto se da porque el Poder Judicial responde a los allegados del gobernador", dijo a La Nación el presidente del colegio, Luis Lugones, que patrocina a los embargados.

Relató que el Consejo de la Magistratura, con la llegada del gobernador Carlos Juárez por quinta vez al gobierno de la provincia, está integrado por tres diputados, tres magistrados y dos abogados. Desde entonces hubo muchos pedidos de juicio político, pero ninguno fue aprobado por la comisión de acusación y mucho menos tratado.

Con la asunción de Juárez, tras la intervención federal, el gobernador llamó a cubrir las vacantes de todos lo jueces mediante concurso de antecedentes y una entrevista.

"Hicieron esto para elegir los jueces que querían y elegir un poder judicial juarista", señala Lugones.

Mentira

"Mentira", bramó González Avalos y destacó que fue Juárez quien impulsó la creación del Consejo de la Magistratura. Claro que allí la representación no política es minoritaria y el concurso es sólo de antecedentes, sin ningún examen.

Roberto Carlos Santucho, además de ser hermano del fallecido ex jefe del ERP Mario Santucho, tiene una dilatada carrera como juez y camarista con más de 30 años en la Justicia de Santiago del Estero.

Tiene 78 años y está jubilado, pero sus bienes están embargados por González Avalos.

"Es una medida que no me afecta moralmente, al contrario, es una herida de guerra que ostento con orgullo", señala el letrado en su estudio.

Mientras el aire acondicionado no da abasto, afirma: "Sancionamos a este mal abogado y el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo político, sin fundamento jurídico, lo anuló".

"Es un caso de gravedad institucional, como es afectar al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, un organismo creado por ley", sostuvo.

"Esto sucede por la falta de independencia del Poder Judicial, porque González Avalos es el abogado del círculo gobernante. Se sabe que tiene el respaldo del gobierno en todos los órdenes", dice con voz pausada y sin exabruptos.

Por Por Hernán Cappiello <br/> Enviado especial

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