Secuestros: auge y caída del delito que sacudió a un gobierno y a la sociedad
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LA NACIONGustavo Carabajal
En la actualidad, los delincuentes que se dedican a cometer secuestros extorsivos no dudan en aplicar violencia física sobre las víctimas. Los hechos no se extienden durante más de una hora y las personas están cautivas en automóviles en movimiento. No existe planificación en los secuestros y las bandas apuntan a cometer varios hechos en una noche. Las víctimas son elegidas de forma aleatoria. A los secuestradores actuales no les importa cómo se llama la víctima, sino que su familia no demore en pagar el rescate.
Según estadísticas oficiales, los secuestros extorsivos en los que las víctimas permanecían una semana o hasta más de 15 días cautivas son historia. Los 111 secuestros registrados en 2018 en todo el país y los de enero de este año fueron secuestros exprés.
Pero hace unos 15 años, entre 2002 y 2004, la situación era distinta. Los secuestros extorsivos de esa época eran el delito que generaba mayor conmoción social. Fueron años en los que la policía estaba desbordada. Cada 38 horas se denunciaba un secuestro en territorio bonaerense.
Nicolás Garnil, de 17 años, y Patricia Nine, de 37, fueron dos de las 683 víctimas de secuestros registrados en la provincia de Buenos Aires en esos años.
Garnil, estudiante de secundario del colegio Pilgrims, fue secuestrado el 25 de julio de 2004 cuando iba a la iglesia desde su casa en La Horqueta, San Isidro.
Habían pasado casi cuatro meses del secuestro y homicidio de Axel Blumberg. El gobierno de Néstor Kirchner aún no había asimilado los efectos de la marcha al Congreso en la que 135.000 personas reclamaron justicia por Axel y medidas contra la inseguridad.
Juan Carlos Blumberg, padre del joven asesinado, acompañó a los Garnil durante varios de los 20 días que Nicolás estuvo cautivo en poder una banda de delincuentes que exigía un rescate de $300.000 para liberarlo sano y salvo.
Pero la familia no estaba en condiciones de pagar semejante rescate, unos 100.000 dólares en esa época. Juan Carlos Garnil, médico especialista en diagnóstico por imágenes, y su mujer, Susana Chaia, ginecóloga, no podían reunir esa suma de dinero.
"Nico: Ojalá pudieras leer esta carta. Se me hace muy difícil seguir escribiendo sabiendo que quizás no la leas. Me sirve a mí poder comunicarme con vos. Solo me vienen a la mente muchas cosas... Mamá y papá gritando que te secuestraron; Ramiro [su otro hermano] y yo llorando... ¿Dónde estás, Nico? ¿Por qué tuvo que pasarte esto a vos? Ojalá yo hubiera estado en tu lugar y me llevaban a mí", expresó Agustina, hermana mayor de Nicolás, en una carta que se conoció cuando el joven llevaba cinco días cautivo y los secuestradores no cedían un centímetro en la negociación.
En la dramática carta, que Blumberg hizo pública por pedido de la familia, Agustina ofrecía ocupar el lugar de su hermano.
Los Garnil habían recibido la primera llamada extorsiva tres horas después de que los delincuentes se llevaron a Nicolás. Ante la falta de comunicación de los secuestradores la angustia se había apoderado de la familia.
El caso dio origen a una serie de actos y manifestaciones públicas de vecinos de San Isidro que durante las casi tres semanas de cautiverio dieron apoyo a la familia con rezos y mensajes de aliento. El frente de la casa de los Garnil, en Julián Navarro 4243, se transformó en depósito de carteles y de misivas de aliento a la atribulada familia.
"Señor Presidente, tuve que ponerme de rodillas frente a los secuestradores de mi hijo. ¿Tendremos todas las madres que ponernos de rodillas ante usted para que haga algo?", preguntó Susana Chaia de Garnil en una "carta abierta" que, horas después de que liberaron a su hijo, la madre de Nicolás hizo llegar a LA NACION y a Canal 9.
Nicolás fue liberado el 15 de agosto, luego de que su familia pagara una suma de dinero mucho menor de la que exigieron los captores en la primera llamada.
Nadie fue condenado por el secuestro del joven estudiante de San Isidro. Garnil nunca pudo identificar la casa en la que lo tuvieron cautivo. En la actualidad, el expediente que tuvo como acusados a Cristian Muños, alias Hígado, y a Claudio "Tito" Lezcano, está archivada en Tribunales.
A Muños lo mataron el 28 de agosto de 2004 durante un tiroteo con efectivos de la policía bonaerense, en San Miguel. Usaba un chaleco antibalas y disparaba con un fusil FAL cuando los uniformados le cortaron el paso en el momento en que pretendía escapar, luego de asaltar un banco.
Por entonces, Muños, cuñado de otro secuestrador, Maximiliano "Pachu" Peñaflor, era uno de los delincuentes más buscados del país, acusado de liderar la banda que secuestró a Garnil y a Cristian Ramaro, hijo del dueño de varias lanchas colectivas de Tigre.
El segundo sospechoso del caso Garnil, Tito Lezcano, exmilitar carapintada, murió de un tiro en la cabeza el 23 de octubre de 2004, en la casa situada en Gallo 918, del barrio Villa Magdalena, Merlo. Era uno de los dos secuestradores encargados de cuidar a Patricia Nine, la hija del dueño de un shopping de Moreno que había sido tomada cautiva el 28 de septiembre de ese año. Fue cuando un grupo de policías irrumpió en la vivienda para rescatar a la hija del empresario. Rodeado, Lezcano se pegó un tiro en la cabeza. A Pablo Remz, el otro cuidador de la hija del empresario, le acertaron seis balazos.
Dos hechos, la misma voz
Aunque nunca hubo condenados por el caso Garnil, los fiscales federales que por entonces investigaban el caso hallaron imputados en común con el episodio que tuvo como víctima a Nine.
Además de las sospechas sobre Lezcano y Muños, los investigadores sostuvieron que "la voz del delincuente que hacía las llamadas para negociar con la familia Nine era idéntica a la del malviviente que llamaba a los Garnil".
Los investigadores sospechan que Muños integraba la banda que tuvo en cautiverio a Garnil, pero saben que no participó del secuestro de la hija del empresario del oeste. Lo mataron un mes antes del secuestro de Nine.
Este hecho fue esclarecido cuando la policía bonaerense apresó a los secuestradores y rescató a la mujer, que estuvo cautiva 25 días, en un operativo realizado a sangre y fuego.
La mayor parte de la banda fue desbaratada en tres días con las sucesivas detenciones de los diversos integrantes del grupo delictivo. La novia de uno de los sospechosos aportó datos claves para que los policías irrumpieran en la casa donde el grupo tenía cautiva a Nine.
"Sentí unos golpes y cuando me quise dar cuenta tenía a dos personas encima. Eran Tito y su ayudante [sus cuidadores]. Ahí me di cuenta de que eran tiros. Tito me miró y se pegó un balazo en la cabeza y el otro cayó herido y me dijo que gritara: ‘¡Soy Patricia, soy Patricia!’. Entonces entró la policía y terminó todo", relató la mujer durante el juicio oral que terminó con las condenas de cuatro de los integrantes de la banda que la había secuestrado.
Cuatro años después, el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín sentenció a penas de entre 12 y 25 años de prisión a César Largo Kolakovich, Víctor Alegre, Alfredo Cantero y Claudio Castaño Penoff, por considerarlos responsables del secuestro de Nine.
Entre los cuatro condenados no figuran los jefes de la banda. Cristian Carro Córdoba, considerado uno de los secuestradores más peligrosos de ese momento, fue indagado por el caso Nine, pero nunca lo sentenciaron por este caso.
Cristian Schaerer: se pagó por su rescate, pero nunca apareció
Para los padres de Cristian Schaerer, estudiante de 21 años secuestrado hace más de 15 años en Corrientes, el dolor no cesa. Aunque se pagó el rescate y fueron condenados siete integrantes de la banda que lo capturó, el joven nunca apareció.
Pompeya Gómez, su madre, pagó un rescate de US$275.000, en Ciudad del Este. Pero la banda que tenía cautivo a Cristian no lo liberó. Ella, incluso, ofreció pagar un segundo rescate. No hubo caso.
Una carta manuscrita de Cristian, en la que respondía preguntas cuyas respuestas solo conocía el joven estudiante secuestrado el Día de la Primavera de 2003, fue la última prueba de vida que recibió la familia.
En los dos juicios orales realizados en los tribunales federales de Corrientes ninguno de los siete condenados reveló cuál fue el destino del joven secuestrado el 21 de septiembre de 2003, cuando llegaba a su casa, en la barrio Las Tejas, de la capital provincial. "Si saben que Cristian está muerto, que alguien pida los 100.000 dólares de la recompensa y diga dónde está el cuerpo", les reclamó Pompeya.
Radicado en Paraguay porque tenía causas pendientes en la Argentina, Juan Pedro Schaerer, exministro de Salud de Corrientes, sigue buscando a su hijo. El Vasco revisa todas las pistas que le llegan. Sigue cada mínimo dato aportado por algún informante hasta agotar todas las posibilidades.
Actualmente, la principal y única esperanza de los padres de Cristian para encontrar a su hijo radica en que, con las bajantes del río Uruguay, se revise una zona de bañados de Paso de los Libres. No es casual que la búsqueda se concentre en ese lugar. Allí está la casa de Raúl "Caniche" Salgán, uno de los condenados.
Hasta allí llegaron en septiembre pasado efectivos de la Gendarmería, pero la altura del río impedía la búsqueda y la correcta localización del lugar señalado por un testigo de identidad reservada que habría indicado el lugar al que los secuestradores llevaron a Cristian.
La familia de la víctima y la Justicia saben quiénes integraban la banda. Dos de ellos, que durante años fueron los prófugos más buscados de la Argentina, están presos en Portugal donde purgan condenas por asaltos a joyerías en ese país.
El fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini, con la colaboración de su colega Santiago Marquevich, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), logró que el gobierno de Portugal conceda la extradición a la Argentina de Rodolfo Lorhmann, alias Ruso, y de Horacio Maidana, alias Potrillo, los jefes de la banda que tomó cautivo al joven estudiante.
Esa medida se concretará una vez que cumplan parte de las condenas por los robos que cometieron en Europa.
Cristian Carro Córdoba, indagado –pero nunca procesado– por el secuestro de Patricia Nine en Moreno y lugarteniente de Lorhmann, fue condenado a 25 años de prisión por el caso, mientras que otros tres imputados recibieron penas de entre 12 y 25 años de cárcel.
En un juicio anterior, el abogado Ángel Barbieri; Judit Alvarenga, secretaria del letrado, y Horacio Barczuk, encargado de cuidar al joven estudiante en cautiverio, recibieron penas de entre 25 y 8 años de prisión.
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