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Será más difícil abrir un registro automotor
Se otorgará por concurso público
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge de la Rúa, decidió terminar definitivamente con un viejo instrumento político no demasiado transparente: por resolución de esa cartera, quienes aspiren a la titularidad de un registro automotor deberán presentarse a un concurso público y cumplir con ciertos requisitos profesionales.
En realidad, el proceso de "transparencia y profesionalismo" había comenzado ni bien asumió la presidencia Fernando de la Rúa, cuando el primer mandatario prometió que no se otorgarían más esos registros. Como anécdota dentro de esta cuestión queda uno de los últimos gestos de Carlos Menem antes de dejar la presidencia: otorgó 10 registros vacantes y nuevos.
En cuanto a las condiciones impuestas por la nueva resolución, el subsecretario de Justicia, Francisco Fuster, dijo que "todas estas nuevas medidas redundarán positivamente no sólo en la transparencia del proceso de elección sino, además, en la prestación del servicio en los registros automotores, asegurando un perfil de excelencia y profesionalismo. Estamos cumpliendo -siguió- con nuestro compromiso establecer, previamente, reglas claras en la designación de los titulares de registros".
Así las cosas, en la elección de los nuevos titulares de los registros se dará prioridad a los profesionales con antecedentes en los cargos por cubrir, lo que no quita que todos deberán certificar otros requisitos.
- Título habilitante de abogado, contador público o escribano y cinco años de experiencia profesional.
- Lugar de residencia a una distancia no mayor de 100 kilómetros de la sede del registro que corresponda.
- Solvencia económica y financiera suficiente para constituir la garantía prevista e indicar la forma en la que harán efectiva, adjunto un informe acerca de antecedentes comerciales y financieros.
- Ausencia de antecedentes penales.
- Certificados de aptitud psicofísica otorgados por el establecimiento de salud pública.
- No podrán obtener registros los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, prohibición que regirá no sólo durante sus funciones sino hasta transcurrido tres años desdel cese en el cargo en esa cartera.
- Sólo podrán intervenir en cada concurso un máximo de 20 postulantes. Cuando el número de inscriptos que cumpla con las condiciones exceda esa cantidad, se procederá a elegir mediante un sorteo público a aquellos que serán evaluados por el respectivo tribunal.
- Los concursos se sustanciarán conforme a un reglamento cuya elaboración se encomienda a la Subsecretaría de Justicia y Asuntos Legislativos.
- Sólo serán incluidos en el orden de méritos de cada concurso los postulantes que cuenten con el juicio unánime del tribunal evaluador.
- La garantía (dinero) por constituir por los encargados de registro estará destinada a cubrir sus eventuales responsabilidades por los daños y perjuicios.
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