Tucumán: tensión y desalojo en un corte de ruta encabezado por una cacique

Momentos de tensión se vivieron hoy en Tucumán en el ingreso a los valles calchaquíes, una de las zonas turísticas por excelencia de la provincia, luego de que se desalojara un corte de ruta que llevaba adelante un grupo de personas lideradas por una cacique.

El corte, protagonizado por Margarita Mamani, tenía como finalidad, según ella, impedir la llegada de personas que puedan transportar el coronavirus Covid-19 a una de las zonas de Tucumán donde aún no circula el virus.

Según la resolución del juez Mario Velázquez, que data del 29 de abril pasado y ordenó el desalojo, se debía proceder además al arresto domiciliario de la cacique por violación al artículo 205 del Código Penal por no cumplir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

"Lo que investigamos, además, es por qué un grupo de personas se aboga el derecho de decidir quién puede circular y quién no por una ruta. Esa potestad pertenece a las autoridades nacionales y provinciales que no estaban cumpliendo con su rol", dijeron fuentes al frente de la investigación en diálogo con LA NACION, y remarcaron algo que les llamó la atención: "En la resolución pedía Fuerzas Federales asistieran a la Policía de Tucumán en el desalojo y esto nunca ocurrió".

"Según informan en el requerimiento de la fiscal de turno, esta situación ocurría desde los albores de la prohibición de circulación por el decreto presidencial y, a mi modo de ver, debería haber sido resuelto por las autoridades provinciales o municipales y eso no sucedió", explicaron desde el entorno del magistrado sobre su fallo, y agregaron: "Hay cuestiones que son indelegables dentro de un sistema democrático y que son, principalmente, las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Entiendo que esto hubiese ocurrido las primeras 24 o 48 horas después del DNU por la conmoción de las personas y hasta que se organice el Estado. Pero esto tiene que volver a la normalidad en breve".

Las fuentes remarcaron: "En resumen no se estaba respetando un principio básico que está en el artículo 16 que es el de igualad ante la ley. Acá no está en discusión los derechos de los pueblos originarios".

En la actualidad, la provincia tiene 38 casos en total, cuatro personas murieron y 13 se recuperaron. Esto la ubica en el puesto 12 de los 24 distritos que tiene el país.

En diálogo con LA NACION, la cacique Mamani contó sobre el desalojo: "Tenemos personas heridas y detenidas. Yo estoy detenida en mi casa. Nos trataron como si fuésemos ladrones, como si hubiésemos robado algo y lo único que hicimos fue tratar de cuidar la salud".

La líder de la Comunidad Indígena Diaguita del Mollar detalló cómo empezó todo: "Cuando en diciembre nos enteramos que hablaban de esa sopa de murciélago y el virus ese nuevo pensábamos 'ojalá que nunca llegue a la Argentina'. Cuando ya llegó a la Argentina nos empezó a preocupar lo del Covid-19. Cuando estaba en Buenos Aires, ya estábamos más preocupados y cuando se detectó en Tucumán, re preocupados nos pusimos".

"Justo sucede esto del aislamiento el fin de semana donde acá se celebra La Pasión de Cristo (NdR: Una representación teatral del vía crucis de Jesús al aire libre y usando como fondo los escenarios naturales que tienen estos cerros de más de 2 mil metros sobre el nivel del mar). Ahí dijimos que había que hacer un corte para evitar que el virus llegara a los barrios de Tafí. Había extranjeros que iban a venir a ver La Pasión, los iba a agarrar la cuarentena y se iban a quedar acá".

"Desde el 19 de marzo cortamos la ruta hasta el día de hoy, bajo el frío y la lluvia. Pero siempre dejamos pasar a los abastecedores de distintos rubros, a las ambulancias, a los médicos. Jamás se hizo un bloqueo definitivo. Buscábamos controlar la salud", explicó la mujer, que está al frente de una comunidad integrada por más de 600 familias.

También recordó algunas de las situaciones vividas durante las más de seis semanas de corte: "Una vez, a la madrugada, vinieron disfrazados con unos mamelucos. Nosotros, con el barbijo, le preguntamos a dónde iban y nos respondieron que, a su casa en el Mollar, pero era gente que vive en Yerba Buena a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán y se querían venir a la casa de fin de semana. Nos dijeron que como habían estado en Europa y no sabían si tenían coronavirus los habían mandado para acá a hacer la cuarentena así no contagiaban a su familia en Yerba Buena. Ahí empezamos a tener miedo y ponernos más firmes. Le dijimos que no se vengan para acá, que si hay una pandemia, que hagan la cuarentena en sus casas. Acá el problema es que los estados nacionales y provinciales no están trabajando con las comunidades por eso hicimos eso. Nosotros fuimos guardianes de nuestra comunidad".

"Se han disfrazado de médicos, de efectivos policiales, tenemos todos los videos de cada uno que quiso pasar y no podía. Nosotros hacíamos de todo, de policía y de control. Teníamos todas las patentes anotadas, entonces, cuando nos decían que iban al banco y después no volvían, los íbamos a buscar a sus casas para que se vayan", aseguró la mujer en comunicación telefónica.

Luego apuntó contra el juez a cargo de la denuncia en su contra: "Mario Velázquez es el que decidió el desalojo. Vino un abogado y una fiscal a querer detenerme. Hoy, después de lo que pasó en el kilómetro 48, donde estaba mi hermana, se vinieron hasta mi casa donde me tienen cumpliendo una prisión preventiva por haber violado la cuarentena. Más de 120 policía vinieron a amenazarme a mi casa. Ellos vinieron a pedir la cabeza de Margarita. Hace 44 días que estábamos haciendo esto".

El robo de una casa, el disparador de la investigación

"Una mujer que tenía su casa de veraneo en los cerros se enteró, por medios locales, que estaban allanando domicilios y que uno de esos era el suyo. Cuando fue desde la capital de Tucumán para la zona se encontró con este corte del pueblo originario y donde no había ningún policía, por eso presentó una denuncia y comenzó la investigación", resumió ante LA NACION una de las personas que participaron de la pesquisa.

"No voy a responder a los agravios de esta señora (en referencia a la cacique). Tampoco me voy a defender. De nosotros habla nuestro trabajo. Incluso le rechazaron un hábeas corpus en la Cámara de Apelaciones en la provincia que convalida la orden de detención que había librado", fue la única frase que respondió el magistrado ante el requerimiento de este medio. LA NACION ademásintentó obtener testimonios de las autoridades provinciales y municipales, pero no respondieron los pedidos.