Un argentino está detenido en una cárcel de El Salvador y su familia pide que lo liberen

Un argentino de 24 años se encuentra detenido en una cárcel de El Salvador, país al que había viajado en busca de un mejor pasar económico. Según medios de la provincia de Mendoza, de donde es oriundo, el joven trabajaba como cobrador en una financiera y está acusado de pertenecer a una banda colombiana. A dos semanas del arresto, su madre dio a conocer el caso a través de las redes sociales, donde aseguró que su hijo es “injustamente” privado de su libertad y pidió ayuda para que su situación se resuelva.

“Esto es una agonía. Hay que esperar seis meses para que lo enjuicien. No sabemos nada de él ni qué necesita. Esto es desesperante, sabiendo cómo tratan a los presos en ese país”, dijo Sandra González, madre de Alejo Arias González, en declaraciones recogidas por el sitio Diario Uno. La mujer indicó que su familiar fue detenido el 14 de julio junto a 105 colombianos, un guatemalteco y tres salvadoreños y expresó su temor frente al trato que la gestión del presidente Nayib Bukele tiene con la delincuencia.

Respecto al lugar de la detención, la madre informó que Arias González se encuentra preso e incomunicado en el centro penitenciario El Penalito, en San Salvador, y que será trasladado a otro centro, pero no sabe a cuál. “Lo más triste es que no pueda defenderse y explicar que solo es un empleado administrativo de la microfinanciera donde trabajaba. Mi hijo no sabía que era ilegal. Nosotros tampoco. Si no, nunca hubiera viajado allá”, aseguró.

“Su trabajo era ir a cobrar las cuotas de los préstamos”

Con relación a las tareas que Arias Gonzalez desempeñaba en la financiera antes de su detención, la mujer explicó: “Alejo se enteró de este trabajo por unos chicos de San Luis que estuvieron allá [en El Salvador]. Había dejado de estudiar en la universidad por falta de dinero, así que se fue con la idea de trabajar unos seis meses, porque pagan en dólares, y así retomar la carrera. Hasta tuvo que vender su autito para poder viajar. Su trabajo era ir a cobrar las cuotas de los préstamos que tomaba la gente en la financiera. Tenía una cartera de 100 para visitar todos los meses”.

A pesar de la falta de contacto con el joven, la mujer dijo que el mismo tiene patrocinio legal de una abogada. “Le mandamos los certificados de buena conducta de Alejo, los certificados de que es un estudiante y un montón de papeles, pero la justicia de El Salvador no la ha recibido, y el tiempo pasa y mi hijo sigue detenido”, protestó, y añadió que también hizo gestiones ante la Cancillería. “Sabemos que el cónsul argentino lo ha visto. Dijo que no ha habido maltrato. Le han llevado elementos de higiene, ya que se lo llevaron sin nada al penal. Del consulado dicen que no pueden intervenir en el tema, que es estrictamente judicial”, señaló.

“Nos da mucha impotencia no poder hacer nada. Ni siquiera se puede viajar, ya que mi esposo es empleado de comercio y yo ama de casa y no tenemos ni la posibilidad ni de comprar un pasaje. Además allá todo gasto es en dólares”, manifestó Gonzalez, y cerró: “Mi hijo fue a trabajar en marzo, por seis meses, y en septiembre volvía. Ahora no sabemos cuándo lo volveremos a ver, ni cómo está, ya que lo tienen incomunicado”.

En los últimos tiempos, las cárceles de El Salvador fueron noticia a raíz de la severidad y de los presuntos excesos de los que son víctimas sus presos. Según informó LA NACION a fines de mayo, hubo al menos 153 fallecidos en detención en el primer año del régimen de excepción ordenado por Bukele en el marco de una política de mano dura a la que le atribuye el descenso de la violencia a nivel nacional.

De las 153 víctimas -vinculadas en su mayoría a tratos violentos-, cuatro eran mujeres y el resto hombres y ninguna estaba declarada culpable del delito que se les atribuía en el momento de su detención, reveló por entonces una investigación publicada el lunes por la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal. “No obstante, los resultados permiten sostener que es altamente probable que el número sea mucho mayor, ya que se ha verificado la inhumación en fosas comunes, es decir, no se avisa a la familia de la muerte y se entierra como persona desconocida, pese a que estaba privada de la libertad”, remarcó.

De las 138 personas fallecidas en 2022, 51 se dedicaban a la agricultura, el comercio informal, eran empleados o estudiantes. Las fuerzas de la policía salvadoreña declararon en varios casos haberlos apresado por ser supuestos colaboradores de grupos delictivos, tener tatuajes -que suelen asociarse a las maras- y por denuncias anónimas, entre otras.

LA NACION

• El Salvador

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