
Un padre y su hijo creen que les pidieron una coima
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Estuvieron nueve meses presos en la cárcel de Caseros por orden del juez federal Carlos Liporaci, acusados de lavar dinero del narcotráfico, en el contexto de la llamada Operación Chimborazo. Pero después de un juicio oral y público, Jorge Zamudio Strauss y su hijo, Jorge Zamudio Duarte, fueron liberados porque el tribunal declaró nula parte de la causa por irregularidades.
El 7 de mayo último, el tribunal oral federal Nº 3 separó a Liporaci del caso y ordenó investigar si no es necesario sancionarlo por esa causa.
Los otrora procesados por lavar dinero del narcotráfico, paradójicamente, tienen hoy un instituto de rehabilitación para adictos a las drogas. Se llama "Un día a la vez", y alberga a doce pacientes en una granja de la localidad de Moreno.
El abogado Guillermo Gowland, ex secretario del juzgado de Liporaci hasta 1996, denunció que les habían pedido a los Zamudio 250.000 dólares de coima para quedar libres.
Hoy, los Zamudio, en diálogo con La Nación , ratifican, en cierta forma, esta denuncia: "Un abogado nos pidió 250.000 dólares para dejarnos libres. Dijo que eran "en concepto de honorarios" y que tenía contacto directo con el juez. "Tengo llegada", nos explicó."
-¿Usted pensó que se trataba del pago de una coima?
-No lo puedo probar, no lo sé. A mí me sonó raro, me generó dudas. Pero no fue el único abogado que lo hizo: en la cárcel fueron cuatro. ¡Si hasta un ex juez federal que nos pidió 80.000 dólares, diciendo que era "amigote" de Liporaci! No nos dijeron que iba a ser compartido con el juez, ni que era todo para él.
-¿Ustedes piensan que Liporaci es un juez deshonesto?
-En nuestra causa se comportó en forma deshonesta. No escuchó a los detenidos. No tiene la altura moral como para ser magistrado. No tiene la condición humana como para juzgar a nadie.
Alguien más arriba
Los Zamudio piensan que fueron involucrados en la causa "porque había alguien más importante a quien era necesario despegar".
Ellos eran cambistas y se dedicaban a enviar dinero al extranjero de familias colombianas, paraguayas, bolivianas y hondureñas, mediante giros en los que intervenían empresas de los Estados Unidos.
La causa en su contra, investigada por la Gendarmería Nacional, se inició a partir de una información de las autoridades norteamericanas. Pero las pesquisas no consiguieron probar que las cantidades de dinero que movían provenían de la venta de drogas.
Durante su detención en el penal de Caseros, los teléfonos de sus esposas fueron sometidos a escuchas por orden de Liporaci. "Eran escuchas ilegales", aseguran.
El Tribunal Oral Nº 3, con la firma de los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Carlos Medina Allende, destacó que, con esta medida, se violó la intimidad de la familia Zamudio y el secreto profesional que debe regir entre el imputado y su abogado.
Los Zamudio, ahora, esperan ser sobreseídos por el juez federal Gabriel Cavallo y anunciaron que una vez que esto concluya "queremos un resarcimiento y vamos a iniciarle un juicio civil a Liporaci".





