Una imagen con un arma que compartió un chico de 13 años activó una causa y generó temor en un tradicional colegio de Recoleta
Padres del colegio Champagnat alertaron sobre una advertencia atribuida a un alumno
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LA NACIONJosé María Costa
Una imagen difundida en el estado de redes sociales de un alumno de primer año del colegio Champagnat de Recoleta fue el disparador de una intervención judicial y de una serie de medidas preventivas adoptadas por la institución educativa, en un caso que generó preocupación entre las familias y múltiples versiones en las redes.
La fotografía, publicada el domingo, muestra un arma apoyada sobre las piernas de quien toma la imagen y una caja con municiones en el fondo de la escena. El contenido estaba acompañado por un texto de tono amenazante que decía: “Voy a hacer un tirot-” (sic), lo que motivó que el mensaje comenzara a circular rápidamente entre integrantes de la comunidad educativa.
Tras tomar conocimiento de la situación, el colegio se comunicó con la familia del estudiante y dio aviso a las autoridades correspondientes. Así lo informó la conducción del Champagnat en un comunicado oficial enviado a las familias del nivel secundario, en el que confirmó que se activaron “todos los protocolos de cuidado” previstos para este tipo de episodios.
Como parte de la intervención, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del alumno, que se realizó fuera del ámbito escolar. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, durante la requisa no se encontraron armas ni municiones. Por instrucción del juzgado interviniente, los efectivos secuestraron una computadora portátil, dos pendrives de 32 GB y un teléfono celular del estudiante, que quedaron a disposición de la investigación.
El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda del alumno y no dentro del colegio, situado en la calle Montevideo 1050. En ese sentido, fue descartada la versión que circuló en las últimas horas sobre la supuesta activación de un protocolo de evacuación del establecimiento: no hubo evacuación ni ingreso de fuerzas de seguridad al edificio escolar.
El allanamiento en la vivienda del alumno se realizó ayer a la mañana. Según pudo reconstruir este medio, la intervención se activó luego de que una tutora del colegio advirtiera sobre la publicación en el estado de sus redes sociales y diera aviso al rector, quien fue finalmente el que se comunicó con la policía para poner el hecho en conocimiento de las autoridades.
A partir de la denuncia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini ordenó un allanamiento en el domicilio del menor imputado.
Desde la institución señalaron que, desde el inicio de la semana, “la situación está contenida y en proceso de resolución”. En el mismo mensaje, el colegio buscó llevar tranquilidad a las familias frente a los rumores vinculados con desafíos virales en redes sociales y afirmó que “la seguridad siempre estuvo y estará garantizada”.
Además, el Champagnat informó que continúa en diálogo directo con la familia del alumno involucrado y que, como medida preventiva, el estudiante no asistirá a clases durante algunos días. La conducción pidió comprender los tiempos necesarios para realizar comunicaciones formales, con el objetivo de resguardar la privacidad de la familia y la delicadeza del caso.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis del material secuestrado y en determinar el contexto en el que se difundió la imagen que dio inicio al episodio. Hasta el momento, no se dispusieron nuevas medidas y el normal funcionamiento del colegio no se vio afectado.
Cómo funciona el nuevo protocolo
En los últimos días, el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires actualizó las guías de actuación para situaciones de amenaza, violencia o sospecha fundada de presencia de armas en establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada. Los procedimientos buscan priorizar la prevención, el cuidado de la comunidad educativa y la intervención proporcional según el nivel de riesgo detectado.
De acuerdo con esos lineamientos, ante una amenaza concreta —ya sea verbal, escrita o difundida a través de redes sociales— la primera medida es poner el hecho en conocimiento de las autoridades educativas y judiciales. El protocolo establece que cualquier integrante de la comunidad puede dar aviso, ya sea directivos, docentes, familias o terceros que tomen conocimiento de una situación que genere temor o riesgo.
Si la amenaza involucra la posible tenencia de un arma de fuego, la escuela debe comunicarse de manera inmediata con la línea de emergencias 911. A partir de allí, la intervención queda a cargo de las fuerzas de seguridad, que evalúan el nivel de riesgo y definen las medidas a adoptar. En todos los casos, el objetivo central es resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal no docente, evitando generar pánico o estigmatizar a los involucrados.
Las guías vigentes remarcan que no toda amenaza deriva automáticamente en una evacuación o en el ingreso de personal policial al edificio escolar. La suspensión de clases, el desalojo preventivo o la presencia de efectivos dentro de la institución son medidas excepcionales, que solo se aplican ante un peligro cierto e inminente, definido a partir de una evaluación técnica y judicial.
Cuando la persona involucrada es un menor de edad, el protocolo pone el foco en el principio del interés superior del niño. Esto implica resguardar su identidad, evitar exposiciones públicas y garantizar la intervención de los adultos responsables. En caso de sospecha fundada, las pertenencias del estudiante solo pueden ser revisadas por las fuerzas de seguridad o por un adulto responsable, siempre en un marco de cuidado y protección.
En situaciones donde la amenaza se detecta fuera del ámbito escolar, como publicaciones en redes sociales o mensajes digitales realizados desde el domicilio del alumno, la intervención puede concretarse mediante una orden judicial, como allanamientos o secuestro de dispositivos electrónicos para su peritaje, sin que ello implique una actuación dentro de la escuela.
Las autoridades educativas también tienen la obligación de informar a las familias sobre lo sucedido, con comunicaciones cuidadas que eviten la difusión de datos sensibles. El protocolo prevé, además, medidas pedagógicas y de acompañamiento posteriores, orientadas a restablecer el clima escolar, fortalecer los lazos con las familias y prevenir nuevos episodios.
Este enfoque integral busca dar una respuesta rápida ante situaciones que generan alarma, pero con criterios de proporcionalidad, confidencialidad y respeto por los derechos de los menores involucrados.
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