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Una institución fuera del sistema
Nunca estuvo inscripta en el registro de "ONG conveniadas" del gobierno porteño
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La pregunta se plantea casi sola: ¿cómo es que un hogar de niños funcionaba en la Capital casi sin control? Y la respuesta es compleja.
La Fundación Felices los Niños recibió a mediados de la década del 90, por parte del Estado nacional y en comodato por 100 años, el predio en el barrio de Chacarita que antes pertenecía a Segba, la ex empresa de energía estatal. Allí, comenzó a funcionar el hogar San José Obrero, que incluía también el colegio Santa Teresa de los Andes. El predio estaba bajo la órbita del Organismo Administrador de Bienes del Estado (Onabe).
La fundación operaba ambas instituciones en forma independiente, aunque recibía aportes del Estado nacional. El 15 de septiembre de 2006, la escuela fue transferida al Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires debido a que la Dirección General de Educación Privada no le otorgaba el reconocimiento y había criticado, entre otras cosas, los planes de estudio.
Se evaluó cerrar el colegio, pero como otros chicos del barrio concurrían, la iglesia se hizo cargo. Ambas instituciones comenzaron a funcionar en forma independiente.
El hogar, por sus características, nunca estuvo inscripto en el registro de "ONG conveniadas", que tiene el gobierno porteño para alojar niños. Por eso dejó de recibir dinero y empezó a mantenerse gracias a las donaciones. La mayoría de los niños que vivían ahí provenían del conurbano bonaerense y, algunos de ellos, iban y venían de la casa central de la fundación, en Hurlingham.
El hogar funciona con puertas abiertas: el control de ingresos y egresos, como se comprobó luego, era inexistente.
La presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, Jessica Malegarie, admitió a LA NACION que se visitaba el hogar, pero como no había una vinculación formal, los controles eran menores a los de una institución "conveniada".
De acuerdo con informes sobre algunas irregularidades, entre mayo y agosto del año pasado, el Consejo decide realizar una inspección. Pero, según comentó Malegarie, las autoridades del hogar les negaron el ingreso en dos oportunidades.
El 22 de octubre pasado, el Consejo envió una carta documento a la fundación y días después surgió la denuncia del obispo auxiliar, Horacio Benites Astoul, sobre presuntos abusos. La jueza Myriam Rustán de Estrada le solicita al Consejo que intervenga el hogar y que elabore informes quincenales.
"Colocamos un equipo las 24 horas para garantizar el funcionamiento del hogar y para que esos presuntos abusos no se repitieran", dijo Malegarie. Durante ese tiempo, los especialistas descubrieron faltas gravísimas.
"El equipo de la fundación para atender a los chicos tenía serias deficiencias. Había alojados 20 chicos y 20 chicas y tenían un solo operador de noche", señaló Malegarie. Y agregó: "Los niños están ahí como última opción, pero no había trabajo de revinculación y había chicos que hacía 5 y 8 años a los que no se les había dado la posibilidad de egresar y reinsertarse en una familia".
La presidenta del Consejo no duda al señalar que las condiciones de vida dentro del hogar no garantizaban que los niños pudieran estar bien.
"La comida era deficiente en cuanto a su composición y su preparación. Se cocinaba en un lugar sin mínimas condiciones de aseo", dijo la funcionaria.
Durante el período de intervención, que empezó en noviembre pasado y siguió hasta marzo último, explicó Malegarie, las trabajadoras del hogar nunca se adaptaron a realizar los cambios de higiene y de dieta.
Tratamientos discontinuados
Uno de los temas más delicados era que los tratamientos médicos se habían discontinuado. Uno de los chicos había perdido un turno en el hospital para realizarse una intervención quirúrgica porque nadie lo había llevado, comentó Malegarie. En cuanto a la medicación y seguimiento de las patologías, también había grandes deficiencias. Y se evidenciaron "desbordes emocionales de adolescentes con riesgo de ataque físico a sí mismo y hacia terceros", dice uno de los informes del Consejo.
"En otros hogares pueden haber algunos problemas puntuales, pero en éste estaban todos", agregó. Y algo peor: los espacios a veces eran cerrados con llave, a pesar de que había niños en el interior.
La intervención terminó con la orden de la jueza de reubicar a todos los chicos. El Consejo no pudo concretar la relocalización y pidió más tiempo. La jueza se lo negó y, el último día, ocurrieron los graves incidentes entre los funcionarios que debían retirar a los chicos y personas afines a la fundación.
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