Una madre en busca de justicia

Andrés Cisneros
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17 de diciembre de 1998  

El drama que padece hoy la argentina Gabriela Arias Uriburu es una injusticia que reclama la acción de los Estados y la presión de la opinión pública. Es triste la imagen indefensa de niños transformados en campo de batalla por las luchas entre mayores.

Es doloroso cuando uno de los padres los extirpa de su lugar. A los enormes costos y sacrificios que impone la distancia hay que agregar la divergencia de las leyes sobre asuntos de familia.

Casos de este tipo han motivado la necesidad de una respuesta coordinada entre países para proteger a los menores. Nuestro país suscribió el 1º de junio de 1991 el Convenio de La Haya, instrumento que permite, si no impedir esos hechos, al menos encontrar vías rápidas para remediarlos. La Cancillería ha otorgado a este tema una atención prioritaria.A la fecha se ha contribuido a restituir a 36 niños a su residencia habitual, facilitando la acción de los jueces naturales en fijar regímenes de tenencia y de visita. El caso Wilner-Osswald, resonante hace unos años, fue uno de ellos.

Por el Convenio, los países asumen la obligación de adoptar las medidas para luchar contra el traslado ilegal de menores, así como el deber de restituirlos, en caso de una sustracción, a su lugar de residencia, su "centro de vida", sus actividades cotidianas y sus afectos. Se trata de que puedan intervenir en la dilucidación del conflicto de tenencia los jueces naturales, los del país que concentra toda la información vital de los menores, los que cuentan con las mejores condiciones para juzgar adecuadamente cualquier disputa por la tenencia o cualquier cuestión que afecte sus derechos. En este criterio de territorialidad reside una de las claves jurídicas para que los derechos de los niños no se conviertan en letra muerta.

Dificultades

La gran dificultad en este caso consiste en que Jordania, adonde fueron trasladados los niños por su padre, integra el grupo de países que no han suscripto el Convenio y, como consecuencia de ello, no acepta su normativa. Pese a ello, la Cancillería realizó gestiones de apoyo para encontrar una solución. Lamentablemente, aunque ayudaron a la concreción del primer encuentro entre la señora y sus hijos, no alcanzaron para sustituir la ausencia de una obligación normativa. La justicia jordana adoptó, hasta el momento, una postura que ignora los criterios del Convenio de La Haya, mantiene el estado de sustracción de los niños a su jurisdicción natural (el lugar donde residían con su familia, Guatemala) y ha fijado un ridículo régimen de visitas a la madre, una burla a su derecho.

Cuando el país al que los menores son llevados compulsivamente no es signatario del Convenio puede ocurrir que ese Estado, en vez de concurrir a la solución del problema, pueda servir de amparo a la acción de secuestro.

La mejor solución de fondo es conseguir que la mayor cantidad de países del mundo adhiera al Convenio. La Cancillería está impulsándolo, en principio en todos los países de la región (algunos de los cuales están adheridos a convenios bilaterales o regionales, pero no a éste, que pretende ser universal), a la vez que apoya toda iniciativa multilateral para generalizarlo, de modo de dotar de protección y seguridad jurídica en cualquier lugar del mundo a quienes dependen para ello de sus mayores, porque no pueden defenderse a sí mismos.

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