Una nueva carta de especialistas y ONG reclama a Jorge Macri que no avance con la demolición del puente histórico de Ciudad de la Paz
El texto propone preservar el viaducto mediante obras de refuncionalización y recuerda que fue reabierto hace apenas cuatro meses tras dos años de cierre
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LA NACION
El debate por el futuro del puente histórico Ciudad de la Paz sumó un nuevo capítulo con la difusión de una carta abierta dirigida a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. En el escrito, 25 especialistas en arquitectura y preservación patrimonial reclamaron que se abandone la intención de demoler el viaducto y, en su lugar, se encaren obras de rehabilitación que aseguren su conservación.
La presentación lleva las firmas de referentes de distintas organizaciones y ámbitos académicos, entre ellos Ana Bas, presidenta de la Asociación Civil Basta de Demoler; Andreína de Luca de Caraballo, presidenta de la Fundación Ciudad; Marcelo L. Magadán, máster en restauración, especialista en conservación de edificios históricos, Miembro del GEAP-Latinoamérica; Sonia Berjman, especialista en patrimonio cultural y del paisaje; y Daniel Schávelzon, investigador y exdirector del Centro de Arqueología Urbana (FADU-UBA).
“Le solicitamos que desista de su pretensión de demoler el puente histórico y que respete la identidad del barrio”, plantearon las organizaciones y profesionales en el documento, en el que remarcaron que el puente, de más de un siglo de antigüedad, está catalogado como bien protegido desde 2016 y habilitado para tránsito liviano, ambulancias y autobombas, según consta en informes técnicos del propio gobierno porteño.
El escrito recuerda que el viaducto había sido reabierto el pasado 31 de marzo, tras permanecer cerrado dos años, cuando el propio Macri encabezó la reinauguración. “Escuchamos un reclamo de años de los vecinos: un puente cerrado que muchos decían que no se podía reparar. Hemos cumplido con las obras”, afirmó entonces el jefe de Gobierno durante el acto.
Sin embargo, los especialistas subrayaron que, pese a esas declaraciones, semanas después se conoció el llamado a licitación de Autopistas Urbanas SA (AUSA) para demolerlo y reemplazarlo por una estructura nueva que, entre otras cosas, permita la circulación de camiones recolectores de residuos rumbo a la planta del CEAMSE.
“Nos preguntamos, señor Jorge Macri, el porqué de su cambio de criterio y cuál es el interés que lo mueve ahora a demoler el puente histórico Ciudad de la Paz, en contra de la opinión de los vecinos, los especialistas en patrimonio urbano, los estudios técnicos realizados y los funcionarios del gobierno de la Ciudad”, señalaron los firmantes.
El texto enfatiza que en países que protegen su patrimonio urbano no se considera la demolición de puentes históricos, sino su restauración para prolongar su vida útil y mantener su valor simbólico. “Son numerosísimos los puentes antiguos que siguen funcionando en el mundo, algunos de cientos de años, para lo cual se aplican las mejores prácticas en materia de rehabilitación y conservación”, explicaron.
También cuestionaron la alternativa de trasladar el puente para colocarlo como pieza decorativa en otro sitio. “Nos parece desatinado su anunciado plan de desmontar este puente histórico para llevarlo a otro lugar como adorno. Imagínese si se hubiera aplicado este criterio con el Teatro Colón, que también está catalogado como bien patrimonial”, escribieron, al recordar que el principal teatro de la Ciudad fue cerrado durante años y reabierto luego de trabajos de restauración, sin que nadie propusiera demolerlo o reemplazarlo por un edificio moderno.
Por eso, las ONG y especialistas instaron al Gobierno porteño a reconsiderar su postura: “Le solicitamos que desista de su pretensión de demoler el puente histórico y que respete la identidad del barrio y la ciudad; y lo invitamos a que oriente su interés en la preservación del bien, implementando las obras de refuncionalización que resulten necesarias”.
Además, remarcaron que la rehabilitación tendría un costo “muchísimo menor que el gasto inútil de demolerlo y construir uno de nuevo diseño”.
La carta propone la conformación de una mesa de trabajo integrada por los ingenieros que realizaron los informes técnicos, funcionarios de la Ciudad, especialistas en patrimonio urbano y vecinos, con el objetivo de encontrar soluciones que permitan garantizar la seguridad sin perder el valor histórico del viaducto.
El documento lleva la firma de referentes como Fabio César Márquez, licenciado en Diseño del Paisaje y director de proyectos de Asociación Cultura Abasto; Verónica A. Benedet, arquitecta e investigadora posdoctoral de la Cátedra Unesco Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV); Flavia Rinaldi, especialista en conservación del patrimonio y arquitectura escolar; Enrique Madia, miembro del Comité Patrimonio Siglo XX de ICOMOS; Francisco Girelli, doctor en Arquitectura del Centro de Arqueología Urbana (FADU-UBA); y Cristina González Bordón, licenciada en Historia y especialista en Patrimonio.
La lista continúa con Eduardo de Bianchetti, arquitecto de la Comisión Nacional de Monumentos; Magdalena Eggers, arquitecta y especialista en normativa de construcción; María Teresa Gutiérrez Cullen, de Basta de Demoler; María Angélica Di Giacomo, licenciada en Química y coordinadora del proyecto Basta de Mutilar Nuestros Árboles; Mauro Sbarbati, arquitecto de Basta de Demoler; María Rosa Gamondés, historiadora de la Comisión de Patrimonio Urbano del Consejo Consultivo Comuna 4; Marcelo Fontanetto, magíster en Arquitectura; Agustín Mendilaharzu, diseñador de imagen y sonido y director de teatro y cine; Teresa Espantoso Rodríguez, licenciada en Historia del Arte; Adriana Ortea, arquitecta y gestora cultural; Patricio Cabrera, abogado de Basta de Demoler; Graciela Susana Ferro, arquitecta; y Paula Gómez Ortega, arquitecta y referente vecinal.
Un proceso largo
La nueva carta surge en medio de un proceso que lleva semanas. Hace apenas unos días, vecinos, ONG y especialistas habían presentado otro escrito dirigido al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) para que no se levante la protección del puente. Esa misiva, firmada por 50 especialistas y 637 vecinos, reclamaba que los consejeros “cumplan con su función primordial de defender el patrimonio urbano”.
El conflicto se remonta a mediados de julio, cuando los vecinos advirtieron una licitación de AUSA para demoler el puente y construir uno nuevo. Para avanzar, la empresa solicitó al CAAP que descatalogara el viaducto, lo que significaría quitarle la protección patrimonial vigente desde 2016. El organismo, presidido por Cristina Giraud, directora general de Interpretación Urbanística, está integrado por 13 instituciones y dependencias oficiales y es el único con competencia para resolver el pedido.
El análisis sobre el futuro del puente se postergó ya cuatro veces. La primera fecha había sido el 29 de julio, pero se pasó a un cuarto intermedio hasta el 5 de agosto. Luego se reprogramó para el 12, volvió a posponerse y, finalmente, la última reunión también fue diferida.
Mientras tanto, los vecinos realizaron varias movilizaciones para defender el valor histórico del viaducto. Denuncian que se aceleraron los tiempos para eliminar su protección patrimonial y advierten que, según los informes técnicos, hoy el puente está habilitado para tránsito liviano y paso ocasional de ambulancias y autobombas. “Esto generaría un perjuicio importante para los vecinos, ya que actualmente la circulación es de doble mano, pero solo para vehículos livianos”, advirtieron en la carta anterior.
El antecedente inmediato se remonta a diciembre de 2022, cuando la gestión de Horacio Rodríguez Larreta decidió cerrarlo por riesgo estructural. Recién a fines de 2024 se retomaron las obras, hasta que fue reinaugurado el 31 de marzo de este año por Macri y su ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua. Apenas cuatro meses después, el futuro del puente volvió a quedar en discusión.
Ahora, la intención oficial es reemplazarlo para permitir el paso de camiones hacia el CEAMSE, además de bomberos, ambulancias y fletes. Pero esa decisión enfrenta el rechazo de vecinos y especialistas, que insisten en que se trata de un bien patrimonial que no debe demolerse.
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